Sin soluciones a los hechos de inseguridad que se registran en territorio santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro aplica la mano dura y le brindará a la Policía de la provincia con pistolas Taser y Byrna, con las que saldrán los agentes a la calles de Rosario y la capital provincial a partir de septiembre. Este lunes, iniciaron las capacitaciones a las fuerzas de seguridad, quienes “replicarán los contenidos adquiridos en sus destinos a lo largo de la provincia”, según informaron desde el Gobierno de Santa Fe.
En línea con la "bukelización" que impulsa Pullaro junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el Gobernador equipará a los policías con estas pistolas que envían una descarga de 400 volts durante cinco segundos a través de un dardo que inmoviliza a la persona y cuentan con una cámara que permite registrar imagen y audio para luego saber si se utilizó de forma eficaz y en qué situación. Hasta el momento, el Ejecutivo provincial adquirió 100 unidades de cada una de las armas.
“Los instructores están siendo capacitados en el manejo del arma, su alcance y sus capacidades. Además, se les enseña a discernir cuándo utilizar el arma de menor letalidad frente a situaciones de riesgo, y a actuar rápidamente en caso de que sea necesario”, detalló el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni. "No es un arma pensada para tumultos ni operativos, sino para un uno a uno o con una persona bajo efectos de estupefacientes", agregó en diálogo con AIRE.
El subsecretario Faraoni detalló que “la capacitación consiste en dos etapas, una teórica en el aula, donde se le enseña especialmente el manejo de las cuestiones que tiene un arma muy tecnológica. No es un arma de fuego, sino que tiene mucha tecnología, tiene giroscopio, tiene mira láser de cada disparo y a su vez tiene una plataforma que registra absolutamente todo”.
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Asimismo, explicó que “al ser un arma eléctrica, tiene una especie de mantenimiento por el cual hay que enchufarla, hay que descargarle la información y el software que también se actualiza”. En esa línea, agregó que “esta capacitación tiene una parte práctica en dos etapas: una donde se les dispara a siluetas, se practica desenfundar el arma, se practica el cambio de armas entre el arma de fuego y el arma de menor letalidad”.
“A los cinco o diez segundos la persona se incorpora. Es un arma que se utiliza desde hace muchos años en ciudades muy importantes del mundo como Londres, Madrid, Tokio, París o Nueva York. Se ha probado su eficacia, el fin del arma es priorizar la vida, es preferible hacerlo con un arma de menor letalidad”, explicó.
Pese a que desde la administración de Pullaro aseguran que la incorporación de estas dos armas busca aumentar la seguridad de los efectivos policiales, su uso no es recomendable para el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que considera que la Taser “genera un dolor muy intenso que puede ser considerado tortura”, por lo cual el organismo prohibió su uso en contextos de encierro, y sostuvo que sólo admitiría su uso “en sustitución del arma de fuego y no como arma complementaria”.
El encargado de Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía, Patrick Wilcken, explicó que “las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos. Su uso prolongado puede incluso provocar la muerte”. En Estados Unidos se registraron 602 casos letales entre 2002 y 2014.
Cuestionamientos al Gobierno de Santa Fe por el uso de las Taser: "Elemento de tortura"
La seccional Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) cuestionó el anuncio oficial al señalar que “se avanza progresivamente a la institucionalización de la violencia represiva como política de Estado, esta vez, implementando armas que implican dolor, tortura y llegan a producir la muerte”.
El comunicado del organismo defensor de los derechos humanos puso el acento, también, en el valor simbólico que el uso legal por parte de las fuerzas de seguridad de ese tipo de armamento posee en un país con la historia de la Argentina, que hace cuatro décadas impulsó desde el Estado un plan sistemático de exterminio de opositores políticos en el que el empleo de la picana eléctrica tuvo un rol central en los campos de concentración.
“A 49 años del último golpe de Estado, en nuestra historia reciente, este tipo de armas fue utilizado de manera sistemática como elemento de tortura durante la dictadura genocida, motivo por el cual, en materia de derechos humanos, memoria y no repetición de estos crímenes, este tipo de decisiones implican una regresión inadmisible”, concluyó la APDH.
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