Luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Financiamiento Universitario, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, expresó su “desilusión” por la decisión del Gobierno nacional que atenta contra la comunidad educativa y aseguró que "está muy claro que no es prioridad la universidad" para la administración libertaria.
El duro revés electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) el domingo en provincia de Buenos Aires, sumado al compromiso de autocrítica que anunció el propio Milei, ilusionó a muchos en que la motosierra contra el pueblo pudiera frenar. Sin embargo, el jefe de Estado ratificó el rumbo político y económico, y se presume que el plan de ajuste se profundizará aún más.
Durante la jornada del miércoles, el Presidente vetó la ley aprobada por el Congreso y la comunidad educativa tuvo una reacción inmediata: como respuesta, y tal como se anunciaba hace días, diversos sectores universitarios confirmaron un paro de 24 horas; mientras que, de cara al tratamiento del segundo rechazo del proyecto para aumentar el presupuesto de la universidad pública, advirtieron que llevarán a cabo una Marcha Federal Universitaria.
En ese marco, el rector Mammarella afirmó que "esperaba que se escuchara el reclamo de los universitarios" y señaló que, entre los propios fundamentos del veto, el gobierno de Milei reconoce el atraso en materia salarial y gastos en funcionamiento para las universidades.
Para el titular de la UNL, el problema de fondo es la falta de recursos, que se vienen reduciendo desde el 2023. “Mientras no haya presupuesto, es la Jefatura de Gabinete la que define las modificaciones. Hoy tenemos una nueva decisión administrativa que incluso recorta parte de los recursos universitarios”. En diálogo con AIRE. el rector agregó: "Lo que se ve es una decisión del Gobierno respecto a las prioridades: inflación baja en 1,9%, los salarios docentes en 1,3% y las tasas que paga a la especulación financiera en 3,9%. Está muy claro que no es prioridad la Universidad”.
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La motosierra libertaria provocó un desguace en el sistema educativo: las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El recorte presupuestario a la educación fue denunciado durante todo el 2024 por la comunidad, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad. Ahora, desde Universidades reforzaron el lema que atraviesa a la agenda universitaria: “Si hay veto, hay paro”. De esta manera, de cara al próximo viernes 12 de septiembre, confirmaron la medida de fuerza de todos los sindicatos docentes y no docentes; mientras tanto, las y los estudiantes llaman a asambleas y no descartan la toma de las diversas casas de estudio en un nuevo ataque mileísta.
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
El nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que vetó Milei plantea el "incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031" fue presentado por miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la Comisión de Educación del Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
A su vez, busca recomponer los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales, garantizando la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la posible ley.
También sostiene que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que al Congreso le corresponde "sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales". A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 "define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
De esta manera, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
Respecto de las becas a estudiantes, establece una ampliación anual y progresiva del monto destinado al financiamiento de becas universitarias. En tanto, el proyecto busca garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias: “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario”, "Asistencia financiera a hospitales universitarios”, “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades” y "Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”, entre otros.
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