El Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” ante lo que considera un avance del gobierno de Javier Milei para reconvertir la Dirección Nacional de Vialidad. La reacción gremial surge tras conocerse informes oficiales que proponen una readecuación estructural del organismo, orientada a priorizar funciones de planificación y control por sobre la ejecución directa de obras.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) quedó en el centro de una nueva tensión entre el Gobierno nacional y los gremios estatales. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, conducido por Graciela Aleñá, denunció un presunto “cierre encubierto” del organismo y declaró el estado de "alerta máxima".
Según el sindicato, el Ejecutivo avanza en un proceso de “vaciamiento” a partir de un nuevo esquema organizativo diseñado bajo lineamientos del ministro Federico Sturzenegger. En ese marco, Aleñá anunció movilizaciones en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires y vinculó el conflicto con el debate de la reforma laboral en el Senado. "Es un proceso deliberado, silencioso y sin debate público de vaciamiento del Estado, que tiene como caso testigo a la Dirección Nacional de Vialidad", agrego la dirigente sindical.
Desde el gremio sostienen que la transformación implicaría que el Estado deje de ejecutar en forma directa obras y tareas operativas sobre la red vial nacional, limitándose a funciones de planificación y fiscalización de concesiones privadas.
Qué dicen los informes oficiales sobre la DNV
La postura sindical se apoya en documentos oficiales que describen un proceso de “reorientación institucional” en la Dirección Nacional de Vialidad. En una nota elevada por el organismo se señala que la readecuación busca optimizar el funcionamiento y focalizar competencias en planificación, control y seguimiento, bajo criterios de eficiencia y modernización administrativa. El informe detalla que la DNV cuenta con 1.545 cargos de estructura entre Casa Central y distritos provinciales, con una organización jerárquica que incluye gerencias ejecutivas, jefaturas distritales, subgerencias, divisiones y secciones. También precisa que el organismo tiene una dotación de 4.927 agentes y un presupuesto vigente para 2026 de $659.878 millones.
Un segundo documento, firmado por el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, recomienda impulsar un proyecto de "adecuación de la estructura organizativa". Allí se sostiene que la estructura actual está “altamente sobredimensionada” y que existe una elevada proporción de cargos jerárquicos en relación con la dotación efectiva.
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