Con apenas 40 agentes, el Instituto Argentino de Prevención Sísmica (Inpres), cuya sede central está en San Juan, monitorea una vasta red de sensores que alertan sobre movimientos sísmicos en tiempo real, realiza estudios de sismicidad para el emplazamiento de grandes represas y diques, y mantenimiento de los ya construidos, analiza posible amenaza sísmica para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mantiene colaboraciones internacionales con universidades de otros países y contribuye con el control continuo que establece el tratado de prohibición de armas nucleares.
El Instituto Nacional del Agua tiene una dotación de alrededor de 330 personas e intervino en la planificación de casi todas las represas de la Argentina que hoy se utilizan para generar energía hidroeléctrica, presta servicios a los cinco países de la Cuenca del Plata y hasta realizó estudios técnicos para la ampliación del Canal de Panamá, una de las obras hídricas de mayor envergadura del mundo. Como organismo de referencia nacional e internacional, estudia la prevención de inundaciones y sequías en el territorio, e intervino en los análisis del Río Uruguay durante el conflicto por la instalación de plantas de celulosa, en la primera década de este siglo, entre múltiples otras tareas.
Ambos organismos tienen más de 50 años de historia, pero aunque “no mueven el amperímetro” en el presupuesto nacional y están integrados por personal altamente especializado para el que prácticamente no hay reemplazo en el país, el gobierno decidió fusionarlos o subsumirlos dentro de otras dependencias; a tal punto que corre riesgo la posibilidad de que continúen cumpliendo con sus funciones.
De acuerdo con el Decreto 396 publicado esta semana en el Boletín Oficial, el Inpres será fusionado con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería de la cartera económica. El mismo decreto también dispone la transformación del INA en una unidad organizativa que se incorporará a la estructura de la Secretaría de Obras Públicas del mismo ministerio.
Entre los fundamentos se menciona que esto permitirá “una mayor eficiencia organizacional y un uso racional de los fondos públicos (…) centralizar capacidades técnicas, aprovechar infraestructura existente (…) disminuir el sobredimensionamiento de la estructura estatal, mejorar su funcionamiento y reducir el gasto público”. También se afirma que los organismos compartían campos de actuación y que por consiguiente la medida tiende a “una gestión pública más ágil, eficiente, transparente y orientada a los resultados y el bien común”.
Sin embargo, a investigadores y técnicos tanto del organismo como vinculados con estas áreas los argumentos les resultan poco convincentes. “Se trata de una decisión catastrófica –afirma Juan Carlos Bertoni, expresidente del INA hasta 2023–. Pasará a ser algo así como una simple dirección de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, con un reducido número de profesionales y empleados. Ademas, se deshacen de las cuatro dependencias que teníamos en el litoral (Santa Fe, se ocupa de los ríos mesopotámicos), en la región semiárida (Córdoba, donde trabajan en temas de escasez hídrica) y Cuyo (en San Juan, que se ocupa de aguas subterráneas, y en Mendoza, abocada a la hidrología e hidráulica de cordillera). Eso en términos prácticos no es una reestructuración, sino una virtual disolución”.
Bertoni explica que el INA venía trabajando en las 24 jurisdicciones del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuencas que impactan en el área metropolitana. “En un país en el que el 67% del territorio es árido o semiárido, disolver, reducir o desestimar la presencia del INA es una decisión totalmente desatinada, tomada por personas que no conocen nada de la materia –subraya–. La situación es de absoluta falta de conducción. Durante mucho tiempo dejaron el puesto de director vacante, lo que marca el desinterés del gobierno nacional hacia el Instituto. Ahora, el cargo lo ejerce el actual subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, que es una persona desconocedora del tema hídrico porque viene de otra área, Bartolomé Heredia. Es la misma desatención que se advierte en el INTA, el INTI, el Conicet y los demás organismos de ciencia y tecnología. No hay reuniones con el personal. El destrato es total”.
La Argentina es el país sudamericano con mayor parte de su geografía en condiciones de aridez o semiaridez, pero al mismo tiempo posee una de las cuencas más importantes del mundo, la del Plata, cuya hidrología es fundamental tanto en el aspecto económico como social y ambiental.
Por eso, los consultados señalan que tampoco es admisible la justificación del “ahorro”: “Cualquier buena idea de un investigador del INA para que una presa hidroeléctrica, que exige una inversión de miles de millones de dólares, sea más segura o cueste menos tiene un impacto muchísimo mayor de lo que puede costar el funcionamiento del instituto por año”, asegura (con pedido de reserva de su nombre) un científico que hizo toda su carrera en el organismo.
El INA es el principal organismo científico tecnológico vinculado con el tema hídrico/hidráulico. Interviene en todo lo que tiene que ver con vías navegables, puertos, costas marinas, aprovechamiento del agua para la producción, en el manejo de crisis, como pueden ser inundaciones o sequías.
“Aquí trabajan especialistas en hidráulica de ríos que se pueden contar con los dedos de las manos –agrega–. Es un organismo intermedio que integra el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica. Si bien hace ciencia básica, se dedica más a la investigación aplicada, tratando de volcar ese conocimiento en la solución de problemas concretos. Intervino en todas las grandes obras hídricas del país, represas y puentes en vías navegables. La decisión de subsumirlo dentro de otra repartición compromete muchísimo su funcionamiento”.
Uno de los temas en los que está trabajando hoy el INA es el de los estudios marinos para empezar a diseñar los puertos a través de los cuales se sacará el gas y el petróleo de Vaca Muerta, en Punta Colorada, Río Negro. “Eso se está haciendo mediante un convenio con YPF, a través de unidades de vinculación tecnológica –explica el científico–. Se están poniendo boyas, que se importan, para medición de los parámetros hidrodinámicos en el océano. Al estar subsumido en una dirección o en una subsecretaría, quedaría totalmente limitado en sus posibilidades, incluso para participar en eventos científicos internacionales. Dejaríamos de ser un organismo científico-técnico. Si lo logran, será como si nos sacaran el alma. Me duele muchísimo el momento que estamos viviendo. Nunca me imaginé que iba a pasar esto”.
Algo similar ocurre con la fusión del Inpres y el Segemar. El decreto no ofrece ninguna precisión de cómo se instrumentará, pero deroga algunos artículos de la ley de creación del primero que complicarán su funcionamiento.
“El Inpres y el Segemar tienen muy poco en común, a pesar de los considerandos que afirman que la fusión se hace para optimizar y ahorrar –afirma Rodolfo Garcia, actual presidente del organismo–. Más allá de algunas visiones de la geología sobre el origen de los terremotos, nuestras funciones específicas no tienen muchos puntos de contacto. Me parece que hubo apremio por sacar este documento antes del 8 de julio, cuando se les vencen los poderes especiales que el Congreso le dio al Ejecutivo a través de la ley ´Bases´, que les permite modificar o derogar legislación. La ley de creación del Inpres es de 1972; el gobierno la modificó y derogó algunos artículos, lo que complica el funcionamiento hasta que se defina qué van a hacer”.
De estructura mínima, este instituto tiene jurisdicción en todo el país, y está compuesto por científicos y técnicos. “Con 40 personas, no hay margen para achicar –afirma García–. Es decir, que desde el punto de vista de la economía y de la funcionalidad, no veo absolutamente ningún beneficio [con este cambio]”.
Además de su tarea 24 horas por día los 365 días del año en el monitoreo de movimientos sísmicos, el Inpres trabajó en conjunto con el Organismo Regulador de la Seguridad de Presas (Orsep, que el gobierno también anunció su intención de disolver en febrero de este año) realizando estudios de sismicidad para el emplazamiento de los grandes diques de las represas. Tiene convenios internacionales con las universidades de Stanford y de Memphis, y con las Naciones Unidas, a través de un tratado internacional de prohibición de pruebas de armas nucleares (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization o CTBTO). “Parte de nuestras estaciones transmiten en tiempo real a Viena –cuenta García–. También tenemos una relación muy estrecha con el GFZ Helmholtz Centre for Geosciences (Helmholtz-Zentrum Potsdam - Deutsches GeoForschungsZentrum), un organismo que, salvando las distancias y la escala, vendría a ser un Inpres alemán, con el que compartimos algunas estaciones que transmiten en tiempo real, no solamente a nuestra sede central, sino también a Alemania”.
Dado que no hubo incorporaciones a lo largo de las últimas décadas, García insiste en que no queda margen para seguir reduciendo su planta. “Así como otras áreas del Estado crecieron, el Inpres se achicó considerablemente, aunque mantuvo e incrementó sus funciones. No veo un beneficio en lo que se quiere hacer. Al contrario, se puede complicar el cumplimiento de las funciones y misiones esenciales que tenemos”, desliza.
De acuerdo con técnicos vinculados al tema que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, entre las versiones que corren hay una que atribuye la intención de unir las sedes del Inpres, el INA y el Segemar en San Juan a un negocio inmobiliario.
“El INA cuenta también con un terreno muy grande, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza. ¡Qué casualidad que la persona que está atrás de la disolución de los organismos del Estado es del sector turístico!”, exclama uno de ellos. Se refería al brazo ejecutor del Ministro de Desregulación, Alejandro Tamer, socio cofundador de Despegar y accionista mayoritario de esa empresa hasta diciembre de 2024, según revela una nota publicada el 16 de junio en Cenital y firmada por Noelia Barral Grigera. Allí, Barral Grigera comenta que Tamer dijo en una reunión que entre el INTA y el INTI había solo una letra de diferencia, y que debió pronunciarse la Mesa de Enlace para que sus planes de desguace “quedaran (¿momentáneamente?) en stand by”.
García se resiste a creerlo. “Suponiendo que fuese por el edificio, me hubieran dicho que querían traer a las 20 personas de la delegación del Segemar y a la gente del INA y yo les hago lugar, no tengo problema –descarta de plano–. Eso sería lo de menos. Nos juntamos un poco más, hacemos algunas divisiones… Tenemos un hermoso edificio. Siempre ha habido una muy buena predisposición para tratar de llevar adelante de la mejor forma posible los lineamientos establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos abiertos a recibirlos, pero en cambio nos desayunamos con la publicación en el Boletín Oficial”.
“Me parece que es una decisión un poco apresurada que a lo mejor se tomó sin tener verdadero conocimiento de los detalles –intenta entender el ingeniero en estructuras–. Como estamos en San Juan, es una problemática que a lo mejor no es prioritaria para el centralismo porteño. No se interiorizaron lo suficiente como para tomar esta medida, se ve que no están muy al tanto. Si fuese que se mete una estructura dentro de otra… pero no, están modificando la esencia. Entonces ahí es donde se me presenta la duda. La verdad, nos inquieta. Estoy estudiando las implicancias de este decreto. Pienso reunirme con el presidente del Segemar, que sería nuestra autoridad superior, pero me parece que él tampoco tiene muy claro esto que le impusieron. Más allá de que gozan de todas las atribuciones para tener la última palabra, ni siquiera hubo una consulta”.
“Desconocen totalmente qué hacen y para qué sirven los organismos. Ni siquiera fueron a verlos, a hablar con los investigadores –concluye otra especialista–. Se regodean en la ignorancia. Los riesgos en términos de vidas humanas son muy grandes, porque estamos hablando de desastres como los sismos, la seguridad de las presas, la prevención de manejo de excedentes, de inundaciones. Imaginate una fisura en Rio Hondo… se inunda toda Santiago del Estero. Y si se mide solamente en términos monetarios, el costo de reconstrucción después es altísimo”.
Cerrar sesión