Acaba de publicarse en el Boletín Oficial un decreto (571/2025, firmado por Javier Milei y Luis Caputo) por el cual se suprime la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que ocupaba Ariel Pereda. De aquí en más, sus funciones serán asumidas por el presidente del organismo, actualmente Nicolás Bronzovich; es decir, que se elimina el cargo científico-técnico que se obtenía por concurso y queda únicamente el designado por la política.
Ariel Pereda es un veterinario ampliamente reconocido con especialización en Salud Pública y Medicina Preventiva, y accedió a la dirección nacional del INTA por concurso en agosto de 2023. Es investigador del Conicet, y recibió numerosos premios y menciones por su trabajo en el área de la virología veterinaria y su rol en la investigación agropecuaria. Su carrera en el organismo había comenzado como becario en 1999. A lo largo de los últimos meses había criticado abiertamente la política de “motosierra” que se viene aplicando contra las instituciones científicas.
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Se podría decir que la decisión llegó con su nombre y apellido. Todos los otros cargos de la dirección nacional siguen existiendo, pero pasan a depender del presidente, Bronzovich, ingeniero agrónomo designado en ese puesto en octubre de 2024, en reemplazo de Juan Cruz Molina Hafford. Antes de su nombramiento, ocupaba el cargo de director de Agricultura en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Socio de Aapresid, también tiene una trayectoria en el sector privado, tanto al frente de una empresa familiar como realizando asesorías para otros productores.
De esta manera termina de consumarse la desnaturalización del organismo que ya lleva siete décadas de servicio al campo y cuyos miembros son autores de numerosos avances científicos; muchos de ellos reconocidos en el mundo. En un decreto previo, del 7 de julio (462/2025), ya se había disuelto el Consejo Directivo, que tenía una representación público-privada-académica perfectamente equilibrada.
Estas decisiones dejan como única figura directiva al presidente, con rango de secretario de Estado, y le generan un consejo técnico asesor ad honorem al que podrá (o no) consultar a voluntad. “Se quejan de la politización de la ciencia y lo que hacen es concentrar la dirección del INTA en un solo cargo político -comentó un investigador que pidió reserva de su nombre-. Esto rompe con el carácter democrático que tenía el Consejo Directivo, que era un órgano colegiado, e instala una dirección autocrática, porque deja todas las decisiones en manos de una sola persona”.
El consejo asesor deberá, de acuerdo con este decreto, “elaborar los objetivos y planes generales de trabajo del organismo para su posterior aprobación por el Presidente; establecer los lineamientos de investigación identificando áreas prioritarias con base en criterios científicos y productivos; y evaluar el impacto técnico y productivo de los programas y proyectos ejecutados por el organismo con el fin de emitir recomendaciones orientadas a mejorar su desempeño y efectividad”.
El INTA tuvo siempre una particularidad: era mitad privado, mitad estatal. En su directorio, que integraban 10 personas, participaban las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace (Federación Agraria Argentina, FAA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y la Sociedad Rural Argentina). Además, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA. El presidente, el vicepresidente y el vocal eran nombrados por el gobierno de turno. Y los otros dos miembros eran representantes de las facultades de Veterinaria y de Agronomía, lo que arrojaba un balance público/privado de 50 y 50, pero en el que el gobierno siempre era una minoría. Gracias a eso, se pudieron mantener políticas de mediano y largo plazo, que es lo que se necesita en ciencia y tecnología.
El presidente tendrá como funciones principales conducir el organismo, gestionar los bienes y el patrimonio, dictar el reglamento interno, celebrar acuerdos y convenios con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales para el desarrollo de acciones de investigación conjunta, y gestionar el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria, entre otras.
Entre los planes ya dados a conocer con respecto al INTA figura también el despido de 1500 empleados (de los aproximadamente 6200 con que cuenta en la actualidad) y la subasta de miles de hectáreas de campos de ensayo. El sueldo para quienes ingresan al organismo, después de entre 12 y 15 años de formación, parte de la cual con frecuencia se realiza en el extranjero, ronda el millón de pesos.
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