Después de 63 años de vigencia, la provincia de Santa Fe adoptó una nueva Carta Magna que, entre otras modificaciones, incorpora una importante novedad: en su artículo 27, establece que la ciencia, la tecnología y la innovación son un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta fundamental para el desarrollo socioproductivo, sustentable e inclusivo.
Esta norma fue posible gracias al trabajo conjunto de centros científico tecnológicos (CCT) del Conicet, universidades, instituciones científicas y actores del sector privado, que acercaron propuestas e interactuaron con los convencionales constituyentes de casi todos los partidos políticos.
“Este artículo representa un acuerdo transversal y una apuesta a políticas públicas estables y sostenidas en el tiempo, más allá de los cambios de gobierno”, destaca Esteban Serra, investigador del Conicet, docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario y vicedirector del Instituto de Biología Celular y Molecular de Rosario, que participó en las negociaciones.
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La Constitución de Santa Fe era bastante antigua en comparación con las de otras provincias y venía generando discusiones. Entre otras cosas, se le objetaba el sistema de elección de diputados y la prohibición de la reelección del mandatario. “Los últimos gobernadores habían tratado de hacer una reforma acordada con los diferentes sectores políticos, pero siempre se frustraba a la hora de decidir si el gobernador que empezaba la reforma podía ser reelecto o no –cuenta Serra–. Maximiliano Pullaro [actual titular del ejecutivo provincial] pudo avanzar gracias a que tenía un apoyo importante en ambas cámaras”.
Santa Fe cuenta con una ley de ciencia y tecnología que dispone el incremento anual de la inversión en esta área, una agencia provincial de promoción de la ciencia y un presupuesto asignado que este año ronda los 15.000 millones de pesos. “La idea era que estas leyes, impulsadas en gobiernos previos por colegas como Alejandro Vila y Diego de Mendoza, quedaran consagradas constitucionalmente [y no a merced de una administración] –destaca–. Sobre todo, porque teníamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología que [en el gobierno de Omar Perotti] pasó a ser una secretaría dentro del Ministerio de Producción, con lo que quedan muy recortadas las áreas sobre las que se aplica el presupuesto”.
Con reformas en la esfera política y judicial, la nueva constitución provincial se juró el último viernes. El proceso de revisión se había iniciado en febrero, y la convención constituyente sesionó durante 45 días. Pero en los meses previos se habían abierto instancias para la presentación de iniciativas de la comunidad.
“Nos reunimos con autoridades de los otros institutos del Conicet, de los CCT Rosario y Santa Fe, y con autoridades universitarias para acordar un texto, y presentamos una propuesta a través de la página Iniciativa Ciudadana –explica el científico–. Lo más interesante del proceso es que tuvimos muchas reuniones con congresales que también son, en general, legisladores provinciales o nacionales, nos escucharon, pudimos explicarles que la autoridad de aplicación de la ley no debería estar subsumida dentro de un ministerio que tiene un interés más acotado de lo que nosotros pensamos que es el sistema científico tecnológico”.
En una nota a los constituyentes, afirman que "es esencial que los estados nacionales y subnacionales establezcan políticas científicas activas en sus territorios (...) es necesario un compromiso de nivel constitucional que exprese estos objetivos y los imponga a gobiernos futuros de cualquier signo político. Por esto, instamos a que incorporen en la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe el compromiso del Estado con las políticas de promoción del conocimiento científico a través de mecanismos que aseguren el desarrollo del sistema científico-tecnológico y académico local en un marco de libertad y apertura, sin condicionantes ideológicos, con recursos acordes a sus necesidades, y en el marco federal que regula nuestra Constitución Nacional".
La redacción final no fue tan enfática como hubieran deseado, porque los abogados esgrimieron que la técnica legislativa argentina no permite, como sí ocurre en Brasil, estipular un presupuesto o nombrar un ministerio. “Lo más importante es que debatimos ese documento con congresales de todos los partidos y, a excepción de la Libertad Avanza, tuvimos una buena recepción”, insiste.
En la provincia de Santa Fe funcionan más de 30 institutos de investigación, dos universidades nacionales grandes (Rosario y del Litoral), otra de creación más reciente en Rafaela, y cinco sedes de la Universidad Tecnológica Nacional, además de las privadas. De acuerdo con datos oficiales, de una población de 2.800.000 habitantes, 7.564 personas se dedican a actividades de investigación y desarrollo, y 1029 son investigadores del Conicet.
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