Aunque en nuestra memoria reciente las alarmas de salud pública están vinculadas con virus y bacterias (algunos nuevos, como el SARS-CoV-2, y otros que son antiguos conocidos, como el sarampión), en la actualidad la principal causa mundial de discapacidad y muerte son las enfermedades no transmisibles (ENT); es decir, las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y los males respiratorios crónicos, y los problemas de salud mental como el Alzheimer y las demencias relacionadas, la depresión, la ansiedad y los trastornos del espectro autista. Es más, en un informe presentado ayer y titulado “Una gran tormenta acecha en el horizonte”, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las considera una verdadera “bomba de tiempo”, no solo por sus efectos en el bienestar de un creciente número de personas, sino por su impacto devastador en la economía de los países. Centrado en 10 naciones de América Latina, pero con conclusiones que pueden aplicarse al resto del continente, el trabajo advierte que si no se actúa ya, su carga se hará imposible de afrontar y ahondará las desigualdades que signan a esta parte del mundo.
“Con demasiada frecuencia pensamos en la salud en términos limitados, pero la buena salud también es un motor poderoso para la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la prosperidad. Impacta en nuestras economías, nuestras comunidades y nuestro futuro colectivo –dijo Jarbas Barbosa, actual director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) durante una conferencia de prensa transmitida por streaming–. Este nuevo estudio deja en claro esa conexión”.
Los hallazgos son alarmantes; en particular, si se consideran los actuales recortes en la inversión pública en salud. Entre 2020 y 2050 se proyecta que las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales le costarán a América del Sur más de 7,3 billones de dólares en pérdidas de productividad y gastos en atención médica atribuíbles principalmente a muertes prematuras, discapacidad y menor participación en la fuerza laboral. Las pérdidas económicas que se proyectan van desde 88 mil millones de dólares en Uruguay, hasta 3,7 billones en Brasil. En algunos países, atender estos costos exigirá hasta un 4,5% de su PBI. “Para ponerlo en perspectiva, esa cifra es equivalente al Producto Bruto Interno anual de toda América Latina y el Caribe perdido por condiciones prevenibles o tratables –subrayó Barbosa–. Estas no son solo estadísticas de salud, son señales de alerta que advierten que la creciente carga de las enfermedades no transmisibles y las afecciones de salud mental se convirtieron en una emergencia económica. Quizás el mayor desastre económico en salud”.
Los últimos datos disponibles muestran que las ENT son la principal causa de muerte en las Américas con seis millones de fallecimientos en 2021, de los cuales casi el 40% ocurrieron en forma prematura; es decir, en personas menores de 70 años. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representan más de la mitad. La diabetes está en aumento y se estima que hay 43 millones de personas que no pueden acceder al tratamiento que necesitan. Los trastornos de salud mental también están creciendo, lo que genera más presión sobre los sistemas de salud y la productividad.
Ese aumento de las ENT se debe en gran parte al envejecimiento de la población y a la exposición a factores de riesgo. Hoy, en nuestra región, 240 millones de individuos viven con alguna ENT y todas necesitan atención continua, asequible y de calidad. Los principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, las dietas poco saludables, la falta de actividad física, el consumo nocivo de alcohol y la contaminación del aire. Todos ellos se pueden abordar con programas cie prevención; sin embargo, desde 2000, la obesidad en adultos aumentó un 67,5%, la diabetes, un 53,6%, y la inactividad física un 24,1%. Aproximadamente el 67,5% de los adultos tiene sobrepeso (el promedio mundial es de 43,5%), y el 35,6% no hace suficiente actividad física (comparado con un promedio mundial de 31,3%).
El informe vuelve a subrayar un aspecto particularmente descuidado en nuestros países: la salud mental. “Cada dólar invertido en tratamientos de depresión y ansiedad genera al menos cuatro dólares en beneficios económicos –destacó Matías Irarrázaval, asesor regional de la OPS–. La pregunta ya no es si los países pueden permitirse invertir en salud mental. Es más bien si pueden permitirse no hacerlo”.
“La Argentina invierte en Salud Mental más que otros países de la región, explica Fernando Zingman, coordinador de salud de Fundar, que acaba de presentar una investigación sobre la salud mental de los adolescentes–. Un estudio previo de la OPS (llamado Atlas) presenta estimativos para distintos países de América Latina y muestra que la Argentina está por encima del promedio de la región. La metodología es discutible y las estimaciones también, pero aún así la inversión sigue siendo escasísima y muy difícil de rastrear. El país se debe un monitoreo formal y regular de las cuentas en salud del que aún carece”.
De acuerdo con Magdalena Serrana, profesora asistente en el Departamento de Economía Farmacéutica y de la Salud de la Universidad del Sur de California, de los Estados Unidos, que fue investigadora asociada en la Escuela de Salud Pública de Harvard durante la elaboración de esta investigación, la carga de las ENT y la salud mental en la economía argentina también es uno de los más altos de la región. “Uno de los factores [que lo explica] es la demografía, el envejecimiento de la población –destacó–. Otro es la prevalencia de ENT, en particular diabetes y [otras patologías causadas por la] contaminación, el tabaco y el consumo abusivo de alcohol. Otros factores tienen que ver con el costo de los tratamientos”.
Irarrázaval coincide en que nuestro país tiene una problema significativo en el área de salud mental y eso influye sustancialmente en su economía: “Los problemas de salud mental en la Argentina representan una pérdida del 4% del PBI, con tasas de depresión, ansiedad y suicidio que aumentaron dramáticamente desde la pandemia. El impacto económico se manifiesta a través de la reducción de la productividad laboral, aumento de costos de la atención médica y tensión en los servicios sociales. Muchos adultos en edad laboral se ven particularmente afectados. Esto tiene efectos en el crecimiento económico, porque afecta al grupo demográfico más productivo y el estigma que rodea la salud mental en la sociedad argentina todavía es un problema que lleva a tratamientos retrasados y mayores costos a largo plazo”.
Entre los avances, Irarrázaval mencionó que se está implementando la Ley de Salud Mental, que promueve la atención comunitaria y la desinstitucionalización. También, la apertura y el establecimiento de centros de salud mental en entornos de atención primaria y campañas de concientización para reducir el estigma. “La OPS promueve iniciativas como el uso de telepsiquiatría, la integración del tamizaje de salud mental en visitas rutinarias de atención primaria, la capacitación en salud mental, y también un financiamiento para programas de prevención e intervención temprana, atención primaria y comunitaria”, destacó.
“Los decisores de políticas públicas de América latina y del resto del mundo vienen subvalorando la salud desde hace décadas –agregó el profesor David Bloom, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard–. Pero cada vez el mundo entiende más que, ademas de su valor intrínseco, esta tiene un valor instrumental. El presente informe muestra que mantener una buena salud nos brinda satisfacción y placer, pero también nos permite trabajar más, ser más productivos y preservar nuestros ahorros. Ahora tenemos un considerable cuerpo de conocimiento que revela que ese valor instrumental es de una magnitud considerable. Este trabajo también establece la conexión entre la carga de las enfermedades y los beneficios de las intervenciones en salud. Entender y monetizar la carga de enfermedad es importante para poder medir la efectividad de las intervenciones. Una de las decisiones más importantes que hay que tomar [cuando se gobierna] es cuánto se invierte en cada área, cuáles son las prioridades en comparación con la construcción de infraestructura o la educación, por ejemplo, y también cuáles son las prioridades dentro del sector de salud. Idealmente, deberían estar basadas en evidencias para poder invertir en las estrategias que ofrecen más beneficios por unidad de costo. En este sentido, uno de los objetivos claves de este informe es dotar a la OPS y a los decisores de políticas públicas con evidencia que les permita promover transformaciones en el escenario de la salud. Y llega en un momento en el que la población mayor enfrenta múltiples desafíos vinculados con el cambio climático, la degradación ambiental y la prevalencia creciente de la superpoblación y los cambios en la alimentación”.
El trabajo se completa con un conjunto de recomendaciones para reducir los factores de riesgo y con protocolos de atención primaria de la salud para diagnosticar y tratar a personas con hipertensión, diabetes, asma y otras enfermedades respiratorias crónicas, y también para el tamizaje y tratamiento del cáncer. “Son 16 intervenciones en total –dijo Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS–. Análisis económicos evalúan el costo de la implementación de estas intervenciones en entre 1,50 a tres dólares, dependiendo del país, pero por cada dólar invertido se recuperan de dos a tres”.
Y concluye Barbosa: “Las ENT y la salud mental van a ser un problema cada vez más importante, porque América latina y el Caribe están viviendo la transición demográfica más rápida del mundo. Nosotros siempre recomendamos empezar por la protección del futuro, por la prevención. Hay algunas intervenciones muy efectivas que ya se están implementando, como el etiquetado frontal de los alimentos, el impuesto sobre las bebidas azucaradas y el tabaco. Pero al mismo tiempo hay que responder a los desafíos que ya tenemos hoy. Y uno de los grandes problemas es la la falta de preparación en atención primaria para hacer diagnóstico precoz, ofrecer tratamiento y monitorear. Hay países en los que el porcentaje de personas con hipertensión controlada apenas alcanza el 25%. Otros obtienen beneficios inmediatos de una buena detección y control, con impacto sobre las muertes prevenibles y prematuras que son un problema social y económico, además del problema de salud”.
Para la OPS, los países de la región deberían mantener una inversión pública de al menos el 6% de su PBI en salud para garantizar atención de calidad y con acceso universal, pero en la actualidad el promedio ronda el 4 %. De ese 6% sugiere que el 30% se destine a la atención primaria. “Allí está la mejor oportunidad para tratar de responder a los problemas de salud mental y de enfermedades no transmisibles”, concluyeron los expertos.
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