Luego de que saliera a la luz el escándalo por presunta malversación de $45 millones en la asignación de recursos en la carga de combustible de los patrulleros de la Policía de Rosario, tres jefes y dos subjefes de sección de la Unidad Regional II serán imputados la semana que viene en el marco de la investigación. Además, el resto de los detenidos también serán imputados.
Este lunes, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la seccional de la Policía y dispuso la remoción de su titular, Daniel Acosta, quien no se encuentra entre los sospechados por las maniobras investigadas. Tras una amplia investigación, se realizaron 38 allanamientos y se dispuso la detención de 20 personas: 16 son agentes de las fuerzas de seguridad y las otras cuatro están vinculadas a la estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900.
La investigación de la Fiscalía de Violencia Institucional de la Regional Rosario comenzó hace diez meses a partir de una denuncia anónima que fue remitida por correo postal al fiscal José Luis Caterina. En líneas generales, se trata de los mecanismos observables en muchos casos de corrupción estatal: la sobrefacturación.
Según los detalles que trascendieron de la pesquisa, las maniobras consistían en realizar pagos por encima de los gastos de combustible que efectivamente se cargaba en los patrulleros. De esta manera, se generaba un sobrante a compartir con algunos comercios cómplices.
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En este caso, en lugar de que cada responsable de un móvil policial cargara el combustible necesario para circular, los encargados de administrar ese aspecto de la logística concentraban varias de las tarjetas Visa Flota y realizaban los pagos en el posnet de al menos una estación de servicio por montos superiores a lo efectivamente cargado.
El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo, dio detalles respecto de la investigación: “Se realizaron 38 allanamientos y el objeto de la investigación fueron las maniobras ilícitas que ocurrían en la URII y generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero”, aseguró.
“Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado. En el patrullaje, a mayor cantidad de móviles en calle, mayor consumo de combustible", agregó. El interventor, que comandará la Jefatura por la menos tres meses, es el comisario retirado y antiguo titular de la URII Claudio Romano.
Escándalo en la Policía de Rosario: quiénes serán los imputados por malversación de fondos
Entre los jefes y subjefes que serán imputados se encuentran la subinspectora Davina P., subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona; el comisario Fabián F., jefe de Perros y Caballería; el inspector Mario B., subjefe de Perros y Caballería; el comisario supervisor Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II; el comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garage de distribución de combustible de la URII.
También serán imputados el subinspector Javier A. y Francisco T., miembros del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector Sergio L. y el numerario Ramón S., ambos del Comando Radioeléctrico; el comisario Juan P., de la Brigada de Orden Urbano; el inspector Juan V., de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; la empleada Nancy P., de la División Personal; el subinspector Jorge D. y Gustavo B., de la División Logística, y el inspector Franco C., de la Policía de Investigaciones.
En ese marco el fiscal también imputará a cuatro personas que están vinculadas a la empresa Gas Auto Tiferno, investigada por las maniobras realizadas en la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, un comercio actualmente clausurado y ubicado a poco más de diez cuadras de la sede de la Jefatura de la URII de Ovidio Lagos al 5200. Se trata de Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.