La investigación sobre la conspiración policial que se desactivó en la provincia de Buenos Aires y tiene por protagonista al candidato libertario Maximiliano Bondarenko, comisario retirado, avanza por dos vías, la judicial y la administrativa. En lo que respecta a la segunda, este lunes declararon los primeros 5 policías del grupo de 27 agentes de la Policía Bonaerense acusados de participar en actividades políticas partidarias, algo prohibido por la normativa de la fuerza. Entre quienes fueron indagados se destaca el comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, director de la Policía Ecológica, el área desde donde se tejió el complot.
La conspiración político-policial se desbarató luego de que se presentara una denuncia anónima ante la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). Allí se reveló una operatoria que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, definió como “una estructura que empezó a funcionar como una consultora política". La investigación derivó en el pase a disponibilidad preventiva de toda la cúpula de la Dirección de Prevención de Riesgos Ecológicos y Sustancias Peligrosas —conocida como Policía Ecológica—. En total, de los hasta ahora 27 acusados, 25 ya fueron cesanteados. Según pudo reconstruir El Destape, la cifra de involucrados podría crecer. Sobre todo porque se siguen incorporando nuevas denuncias anónimas con material ampliatorio que refuerza y extienden los hechos.
¿Qué se explicitaba en la denuncia anónima? Que un grupo de policías realizaba actividades políticas para LLA –algo prohibido para los agentes- y que se ejecutaban bajo la dirección del expolicía Bondarenko, ahora candidato libertario en la Tercera Sección Electoral, con la colaboración activa del titular de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, es decir, del mentado Ortíz Valenzuela.
Tras corroborar muchas de las pruebas vertidas en la presentación anónima, que incluía mensajes de whatsapp, audios, filmaciones e identificación de participantes, desde Asuntos Internos se giró la denuncia a sede judicial. Allí, el fiscal Álvaro Garganta decidió darle impulso penal pero hasta el momento solo investiga una posible "malversación de fondos públicos". ¿La razón de la que se tomó para avanzar con esa figura penal? Que los imputados habrían utilizado bienes del Estado, como computadoras, para elaborar diagnósticos y propuestas para Maximiliano Bondarenko, candidato de LLA en la Tercera Sección Electoral, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En esa línea, desde el ministerio de Seguridad bonaerense se remitieron las computadoras secuestradas para que sean peritadas por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que está a cargo de Julio Conte Grand –quien, vale recordar, llegó al cargo en diciembre de 2016 luego de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, es decir, de ser mano derecha legal de la mandataria-. La pericia sobre las computadoras puede ser clave para el devenir de la investigación pero sus resultados no se conocerán en lo inmediato.
La relevancia radica en que la Auditoría General de Asuntos Internos -que impulsa la investigación administrativa- dispuso dos auditorías preventivas en la Policía Ecológica, por las que se accedió a computadoras oficiales que usaban los agentes acusados. Según pudo reconstruir El Destape, por lo que allí se encontró, se confirmó y amplió la denuncia original. En esos dispositivos se hallaron documentos de trabajo y modelos de notas con pedidos de acceso a la información pública en materia de seguridad que los policías acusados habrían realizado para integrantes de LLA.
Por ejemplo, en uno de esos documentos, fechado el 3 de julio pasado, se puede leer que se dirigen al intendente de Florencia Varela, Andrés Watson con un pedido de acceso a la información pública para saber “la cantidad de cámaras instaladas en el Municipio de Florencia Varela” y “cuántas de ellas se encuentran actualmente en funcionamiento”. El documento aparece con el nombre y dni de Bondarenko y con el espacio vacío para que lo firme. Junto a su nombre figura el de Carolina Gallo.
En lo que hace a la pesquisa administrativa, las fuentes del Ejecutivo consultadas afirman que “avanza fuertemente” y que se “siguen sumando datos”. A diferencia de la vía judicial, donde se investigan delitos penales, en la vía administrativa se analiza si los policías acusados cometieron infracciones al régimen disciplinario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La resolución del caso en la vía administrativa determinará el grado de sanción de los policías acusados, que puede pasar de una suspensión a una cesantía o una exoneración.
El Director de la Policía Ecológica y el grupo Rocket
El objetivo de quienes están a cargo de la investigación administrativa es citar a 5 involucrados por jornada. La primera tanda de acusados declaró este lunes. Entre quienes fueron indagados se destaca el comisario mayor Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela, director de la Policía Ecológica. Ortíz Valenzuela aparece como el coordinador de la maniobra junto a su socio Bordadenko. Por ejemplo, fue el anfitrión en su casa de City Bell de una cena con el comisario retirado y candidato libertario y otros involucrados de esta trama. El mitín se realizó apenas una semana antes del cierre de la inscripción de las listas electorales en territorio bonaerense. Ortíz Valenzuela es un activo integrante del grupo de Whatsapp “Equipo Rocket”, que integraba junto con el resto de los acusados.
Desde ese grupo de chat, el director de la Policía Ecológica –ahora cesanteado- convocó a varias reuniones para ajustar detalles de diferentes presentaciones que estaba trabajando el grupo de policías acusados. Según la denuncia, en el encuentro que se hizo en la casa de Ortíz Valenzuela participaron legisladores de La Libertad Avanza (LLA) o asesores suyos . Según surge de la investigación, Ortíz Valenzuela envió un audio al grupo Rocket en el que invitó: “El viernes que viene reunión en casa, con comida de por medio, viene el senador (la referencia sería a Carlos Curestis), va a estar Maxi (Bondarenko) y ahí tenemos que presentar y hacer el desarrollo de todos los trabajos que tenemos previstos”.
Entre los chats que son parte de la pesquisa figuran mensajes de Ortíz Valenzuela en los que valora a la gestión macrista pero sobre todo sostiene que es el momento de Milei. “Las elecciones en este momento terminan siendo Milei contra toda la casta política (Pro, kirchnerismo y UCR) y la gente elige a Milei”. “Se ganó la capital, el bastión más blindado por su buena gestión. Se imaginan cómo será la elección en la Provincia de Buenos Aires?”, preguntó.
Según la denuncia, el policía Ortiz Valenzuela se tomó vacaciones y cuando estaba por retornar a sus labores diarios comenzó a insistir en la presentación de avances en los temas que fueron asignados a cada integrante del grupo Rocket: “Vayan avanzando con los trabajos así concertamos reunión a mi regreso o cuando los convoque Maxi en mi ausencia”, había escrito en el grupo de chat, según la acusación. Todo indica que hubo encuentros, al menos, en mayo y julio. La referencia a mayo no es menor: esto implicaría que hubo reuniones antes del asado usado como coartada por Bullrich en la conferencia de prensa que dio apenas estalló el escándalo para intentar blindar a los policías acusados. Su tesis era solo habían tenido una reunión de camaradería.
También se sumó en la denuncia que en el grupo de chat, antes de las vacaciones del Director de la Policía Ecológica, hubo manifestaciones sobre trabajos realizados para Bullrich. Se abrió incluso la posibilidad de que surgieran requerimientos como resultado de reuniones entre Bullrich y Bondarenko. Esto llevó al Ejecutivo provincial a acusar al grupo de policías de actuar bajo las directivas políticas de funcionarios de LLA. Entre esos chats, de los que se desprende una organización vertical y meticulosa, se destacan los siguientes:
- “Hoy Maximiliano Bondarenko está yendo al Ministerio de Seguridad de Nación a ver a Patricia Bullrich por el proyecto de seguridad para la provincia. Encarezco a todos que avancen con sus trabajos y consignas en función de los pedidos y requisitorias que se desprendan de la charla”.
- “Hace un rato finalizó una reunión con el equipo mesa chica de la Ministra de Seguridad de la Nación. Mil gracias por su aporte, por estar”.
Como publicó Adrián Murano en El Destape en la nota “Pata negra y campaña sucia: detalles de la conspiración policial con sello libertario” la operatoria no se limitaba al territorio bonaerense: habrían asesorado a dirigentes libertarios de otras jurisdicciones, incluida la nacional. Aquí entra en acción Bullrich. El rol de la ministra de Seguridad Nacional es central para comprender la dimensión política del escándalo. Su respaldo inmediato al ex comisario evidenció un nivel de coordinación que trasciende lo provincial.
Una de las hipótesis que manejan desde la investigación es que Ortíz Valenzuela fue compañero de promoción de Bondarenko y habría sido el encargado de sumar voluntades internas al proyecto político libertario. Según la investigación en curso, se trató de una estructura piramidal que tenía en la cúspide a Bondarenko y a Ortiz Valenzuela. En esa línea se destacan estos chats:
- Hay que asignarle un tema a Eduardo Borja para su desarrollo o en su defecto incorporarlo a un grupo formado”.
- “Gallito compartirles el plan, bienvenidos los nuevos”.
- También se habla de “estar inmersos en este proyecto”.
MÁS INFO
Según publicó este domingo El Cohete a la Luna, Ortíz Valenzuela fue asistente del juez federal de Quilmes Luis Armella, a pedido del entonces presidente de Acumar, Juan José Mussi, a quien debía controlar. Armella es un juez que quedó envuelto en el escándalo de la Gestapo antisindical por el armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo Pata Medina durante el macrismo.
De acuerdo al Cohete a la Luna: “La tarea de Ortíz Valenzuela era fiscalizar las industrias que pueden contaminar la cuenca Matanza-Riachuelo. El boletín informativo 60 del martes 23 de agosto de 2005 consigna que el ministro de Seguridad León Carlos Arslanian desafectó del servicio a Ortiz Valenzuela por infracción a los incisos a y h del decreto 3326/04. Son los que definen las ‘faltas graves que impliquen en forma directa o indirecta cualquier modo de corrupción, […] afectación a la ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario’".
El vínculo entre Ortíz Valenzuela y Bondarenko es tan cercano que ambos fueron denunciados por usurpar terrenos. Se los sindicó como “socios” a la hora de ocupar de forma irregular terrenos linderos y construir allí dos viviendas y hasta una pileta compartida. Todo indica que iniciaron un trámite de usucapión cruzado, donde cada uno figura como testigo del otro.
Página12 publicó que ambos “viven en gigantescas casas construidas en terrenos usurpados” y que además de la pileta también construyeron “una cancha de fútbol que comparten”. En la misma nota el periodista Raúl Kollmann informó que Bondarenko “inició el juicio para legalizar la usurpación en 2011, pero nunca hubo resolución, por lo cual judicialmente vendría a ser un okupa. Ortíz Valenzuela puso en marcha su proceso de legalización en 2021, en el juzgado Civil y Comercial 7 de La Plata. Para cumplir con el tiempo requerido de ocupación pacífica, puso como testigos a Bondarenko y su pareja, quienes mintieron diciendo que vivían ahí desde 1990. Las imágenes satelitales muestran que empezaron a construir en 2017. Pero, para colmo, Ortíz Valenzuela hasta usurpa el doble de lo que pretende legalizar”.
La coartada del asado
En la denuncia anónima que dio pie a este caso se menciona el "asado" al que Bullrich hizo referencia para justificar las reuniones entre estos policías como encuentros de camaradería. A juzgar por la minucia del relato, el encuentro tuvo claros fines políticos.
De acuerdo a la denuncia, el 11 de julio, pasadas las 20.30, se reunieron en City Bell, partido de La Plata, en la casa del comisario Ortíz Valenzuela, el mentado director de la Policía Ecológica. Concurrieron, de acuerdo a la presentación, el senador bonaerense por LLA Carlos Curestis –cercano al armador libertario Sebastián Pareja-; Bondarenko; el anfitrión Ortíz Valenzuela; y más de una decena de miembros de la Policía Ecológica. Siempre según la denuncia, Ortíz Valenzuela puso a disposición de Curestis la estructura a su cargo para financiar y colaborar con la campaña provincial de LLA. Y se habría coordinado la elaboración de “anteproyectos” y “pedidos de informes” por parte de la Policía Ecológica para que sean utilizados por los legisladores de LLA en territorio bonaerense. Incluso se denunció la existencia de un teléfono registrado a nombre de Bondarenko donde se habría creado un grupo de Whatsapp en el que se habrían “cargado los números de los legisladores de LLA” para ser operado por la Policía Ecológica para “evacuar dudas” y “enviar borradores”.
Fuentes con acceso a la investigación informaron a este medio que de los 27 acusados, 22 presentaron al mismo abogado defensor, que es otro policía retirado: Fabián Vizcaíno González, quien dejó la fuerza en 2016 como Comisario Mayor y que tuvo por último lugar de trabajo, azares del destino, la Policía Ecológica.
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