En un contexto de ajuste severo implementado por el gobierno nacional, diversos sectores buscan mitigar el impacto devastador en la calidad de vida y atención de las miles de personas con discapacidad. Los recortes presupuestarios, los retrasos en los pagos estatales y la creciente precarización de los servicios han generado una situación crítica.
Ante esta realidad, el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad propone declarar el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con medidas concretas para regularizar deudas con proveedores, condonar intereses y refinanciar planes, garantizando así la continuidad de servicios esenciales que el Estado ha dejado de cubrir efectivamente.
En este escenario complejo, el abogado especialista en Discapacidad, Juan Cruz San Martín, alerta sobre la urgencia de aprobar esta Ley en un contexto de severa crisis económica. San Martín es representante legal de la Escuela Especial Echeverría, una institución que trabaja específicamente con estudiantes con autismo, algo poco frecuente debido a la diversidad y complejidad de los apoyos que cada estudiante necesita. También coordina un pequeño centro de acompañantes terapéuticos que prioriza la calidad en el acompañamiento.
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-¿Qué te llevó a convertirte en un abogado especializado en discapacidad?
-De niño conocí a un abogado laboralista y, cuando me explicó en qué consistía su trabajo, sentí que era una causa noble: trabajar como abogado en defensa de las personas, de los empleados. Con el tiempo fui comprendiendo la enorme disparidad que existe entre empleadores y empleados, entre empresas poderosas y trabajadores vulnerables. Eso me reafirmó que era una lucha justa. Sin embargo, también descubrí que hay una causa aún más urgente y valiosa: trabajar por los derechos de una minoría como lo es la comunidad con discapacidad y sus familias. Lo resumo así: creo profundamente que es una pelea que vale la pena dar.
-¿Cómo definirías la actual situación en la que se encuentra el área de discapacidad?
-La situación actual del área de discapacidad es calamitosa. Dolina diría “dantesca” y yo sostengo que conduce directamente a la extinción del sistema de prestaciones básicas y de protección integral. Estamos ante un proceso sistematizado que ataca linealmente en tres frentes: La imposibilidad de obtener nuevos Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). El no acceso a Incluir Salud (obra social nacional) aun teniendo el CUD: hay un retraso de más de un año y medio, es decir, unos 500 días.
La no asignación de pensiones no contributivas, sumado a que quienes ya cuentan con ellas están siendo sometidos a auditorías cuyo fin no es verificar, sino quitar el beneficio. El propio Gobierno Nacional había anticipado la eliminación del 33% de las pensiones, y recientemente celebró que alcanzará el 40%. Además del retraso en la certificación y la negación de derechos, el ajuste también se ve en las prestaciones: si antes las obras sociales cubrían dos sesiones de psicología, una de fonoaudiología y una de terapia ocupacional por semana, ahora solo autorizan dos sesiones en total.
Otro ejemplo claro es el recorte en los kilómetros asignados al transporte: aunque se necesitan más de 1500 km mensuales para cubrir terapias y escuelas, hoy se considera excesivo, cuando en realidad es insuficiente. Y finalmente, el último golpe: los aranceles del nomenclador, es decir, los montos que cobran los profesionales. Estos se pagan con una demora de hasta 180 días, y no han tenido aumentos reales desde fines de 2023, más allá de microajustes entre octubre y diciembre de 2024, que suman apenas de un 2% a 5% en total, frente a una inflación galopante.
Esto genera una migración de profesionales altamente capacitados hacia el ámbito privado. Así, las personas con discapacidad pierden calidad y cantidad de atención. Ese es un ajuste indirecto y brutal. Porque, aunque nadie se anima a derogar las leyes que protegen a las personas con discapacidad, sí están dispuestos a desfinanciarlas.
-¿Por qué pensás que no es un tema de agenda ni del gobierno ni de los medios de comunicación?
-Los grandes medios de comunicación, especialmente los hegemónicos —aquellos que facilitaron, por acción u omisión, la llegada de este gobierno— colaboran activamente para que la emergencia en discapacidad no forme parte de la agenda pública. El hecho de que este tema esté ausente en el debate nacional responde a los mismos intereses que impulsan el ajuste y la reducción de derechos de las personas. Esta omisión refleja la visión de un país que algunos creen propio, pero al que ni siquiera parecen querer. La motosierra también apunta hacia la comunidad con discapacidad, ignorando por completo la angustia que atraviesan miles de familias como consecuencia de estas decisiones sistemáticas y orquestadas.
-¿Por qué hay que declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027?
-La emergencia en discapacidad ya fue declarada. Ahora es urgente que se sancione una ley que la respalde, bajo la misma lógica que la originó. Esta ley es fundamental para garantizar la continuidad de las prestaciones y la protección integral de las personas con discapacidad. Permitirá evitar la quita de pensiones, transformándolas en un salario universal compatible con un eventual empleo registrado. Además, actualizará automáticamente los aranceles de prestadores e instituciones en función del índice de precios al consumidor (IPC), equiparándolos con los aumentos de alquileres, por ejemplo. También simplificará el proceso de certificación de discapacidad, haciéndolo más accesible —no gratuito ni facilitado sin criterio, sino más humano. La aprobación y aplicación urgente de esta ley es esencial, porque si el Estado no contiene a las personas con discapacidad y a sus familias, ¿qué futuro nos espera como sociedad? Pensemos que uno de cada 31 nacimientos corresponde hoy a personas dentro del espectro autista, y la incidencia sigue en aumento. Esta ley es una prioridad ante una de las crisis más graves que enfrentan las minorías en nuestro país.
- Hace unas semanas, el gobierno nacional en el Boletín Oficial trató de "idiotas" y "retardados" a las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué sentiste al respecto?
-Los términos utilizados en esa resolución —"idiotas", "imbéciles", "débiles mentales"— son absolutamente reprochables y nos remiten a paradigmas retrógrados, discriminatorios y violentos. Pero lo más grave es que esto desvía el foco del verdadero problema: el desfinanciamiento del sistema. Nos hacen discutir sobre insultos —que, insisto, merecen el mayor repudio— mientras avanzan sin pausa en políticas que destruyen derechos. Nada de esto es ingenuo. Se nos insulta para distraernos, para invisibilizar el ajuste. Es un acto perverso, una estrategia de manipulación que degrada nuestra condición de sujetos de derecho y oculta las verdaderas intenciones del gobierno.
-¿Por qué pensás que el área de Discapacidad es una de las más afectadas en los recortes que está realizando el gobierno de Javier Milei?
-Porque es más fácil recortar donde hay menos poder de reacción. Las personas con discapacidad son percibidas por el gobierno como "costos", no como ciudadanos con derechos. Ajustar en este sector es funcional a una lógica de maximización del beneficio económico inmediato, sin considerar el impacto humano. Es indignante que se vulneren derechos básicos cuando existen tratados internacionales firmados por la República Argentina que obligan al Estado a garantizar la protección y promoción de estas poblaciones. No se trata de una opinión: es un compromiso legal.
-¿Cómo afecta a las familias los recortes en las obras sociales y la falta de respuesta ante la creciente demanda de atención en el ámbito de la discapacidad?
-Cada inicio de año se vuelve un verdadero Tetris para las familias con una persona con discapacidad: trámites interminables, autorizaciones médicas, demoras, pagos anticipados mientras se espera respuesta de las obras sociales. Ya de por sí es un sistema difícil. Pero ahora, con los recortes, todo se vuelve insostenible. Muchos centros de día —donde las personas con discapacidad pasan gran parte del día recibiendo atención integral— ya no pueden sostener sus servicios. Se han eliminado prestaciones, incluso aquellas que médicos y profesionales consideraban indispensables. Hoy, cerca del 70% de los servicios que antes se brindaban han desaparecido. ¿Qué puede hacer una familia frente a esta situación? Lo que era angustiante, hoy es desesperante. El Estado se retira donde más se lo necesita, dejando a las familias abandonadas, sin contención ni respuestas.
-¿Cuál creés que tiene que ser el rol del resto de la sociedad y del Estado?
-La sociedad tiene que tomar conciencia. Hay quienes conocen de cerca la situación porque tienen un familiar con discapacidad, y suelen ser empáticos. Pero hay una gran parte de la población que desconoce completamente esta realidad. Ese desconocimiento va a disminuir: el número de diagnósticos aumenta y cada vez más personas tendrán contacto con esta problemática. ¿Qué va a pasar cuando no haya más escuelas especiales, ni acompañantes terapéuticos, ni centros de día, ni profesionales disponibles? No podemos permitir que este sistema desaparezca. La sociedad entera debe asumir que lo que hoy se le quita a una minoría, mañana puede afectarnos a todos. Y el Estado, por su parte, tiene la obligación constitucional y ética de garantizar los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.
-¿Es posible pensar que los dólares del nuevo préstamo del FMI serán utilizados para resolver los problemas vinculados al desfinanciamiento de tratamientos, la suspensión de terapias y la falta de pago a terapeutas?
-Estoy convencido de que no. Ese dinero no está destinado a las personas con discapacidad ni a fortalecer el sistema de salud. Tiene otros fines, vinculados a intereses que nada tienen que ver con las verdaderas necesidades de la sociedad. Es un nuevo endeudamiento que, lejos de resolver, profundizará las desigualdades.
-Con la excusa de las auditorías, ¿Por qué el gobierno nacional avanza el ajuste en discapacidad?
-Sí. Las auditorías se están utilizando como una herramienta expulsiva. Se hacen de manera improvisada, pidiendo requisitos inalcanzables, citando a personas a cientos de kilómetros de su domicilio con muy poco tiempo de anticipación. Nadie se opone a que haya controles: la transparencia es fundamental. Pero esto no son auditorías genuinas. Es una política de ajuste encubierta. Lo que debería ser una revisión seria se convierte en una forma de quitar derechos, de cortar pensiones y prestaciones. Recomiendo a las familias que se informen, que consulten modelos de carta documento y que estén atentas a posibles notificaciones, incluso si no llegan al domicilio. Este gobierno no ve ciudadanos: ve números, gastos. Y en esa lógica perversa, las personas con discapacidad son las más afectadas.
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