La utilización de plaguicidas en las inmediaciones del Rio Salado tienen un impacto negativo en la fauna acuática de Santa Fe, según alertó un estudio realizado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el Conicet. El cien por ciento de los sábalos de esa cuenca analizados contenían residuos de agroquímicos, incluyendo glifosato, glufosinato y cipermetrina.
Según publicó el portal Aire Digital, el doctor Rafael Lajmanovich, experto del Laboratorio de Ecotoxicología de la UNL, afirmó que la concentración de plaguicidas están en un nivel de concentración que es altamente peligrosas para animales y personas.
"Estos productos actúan como disruptores endocrinos, inductores de tumores y otros efectos nocivos, que pueden incluso trasladarse a las generaciones siguientes", alertó.
El estudio se centró en áreas de las ciudades de San Justo, Esperanza, Santo Tomé y la desembocadura del río Salado. La mayor cantidad de plagicidas se encontraron en los sedimentos, área en la que los sábalos se alimentan.
El investigador señaló que los principales grupos de riesgo son los pescadores o las comunidades que consumen pescado como su principal fuente de alimentación. Lajmanovich afirmó que el principal riesgo radica en el consumo repetido de estos productos,
"El trabajo trata sobre el riesgo que representaría para los consumidores el consumo prolongado de estos animales contaminados. Los efectos no son inmediatos, pero la exposición continua a lo largo de la vida podría ser peligrosa", aseguró el experto.
Ante este escenario, el investigador cuestionó la falta de acción del Estado para paliar esta situación. "Es esencial que los organismos estatales se encarguen de los monitoreos continuos, porque el trabajo de los científicos, aunque valioso, es limitado y depende de recursos que actualmente son escasos", destacó.
Lamjanovich recordó que se deba actualizar la legislación sobre el uso de plaguicidas y denunció la falta de políticas públicas para minimizar los efectos del uso de estas sustancias.
"Las leyes que regulan el uso de estos agroquímicos en Santa Fe datan de 1996 y están claramente desactualizadas para enfrentar los problemas actuales. A pesar de los intentos por modificar estas normativas, hasta el momento no se ha logrado un cambio significativo", señaló.
Y cerró: "Es necesario que estos estudios sean públicos, para que la sociedad esté informada sobre los riesgos que enfrentamos. Si bien el trabajo de los científicos es fundamental, los recursos para continuar con estas investigaciones son cada vez más limitados", señaló.
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