“Lo tengo grabado a flor de piel porque, si bien no fue la primera defensa de criminalización de aborto que yo hice, fue la primera mujer privada de libertad que yo defendí por una emergencia obstétrica”, aseguró Soledad Deza, abogada del caso “Belén”, una joven tucumana que estuvo 29 meses presa acusada de haber abortado en el baño de un hospital en el 2014. Sus recuerdos se reviven tras el anuncio del estreno de la película que lleva el mismo nombre y que pone nuevamente en discusión dicha criminalización.
El film, protagonizado por Dolores Fonzi, que interpreta a Deza, se estrena el 18 de septiembre en un contexto político muy particular. Con la llegada del nuevo Gobierno nacional de corte liberal y conservador, los temas como el aborto, el feminismo y cómo la justicia debe actuar frente a estos casos enciende las alarmas de los colectivos de mujeres y acrecienta la necesidad, como aseguró Deza a El Destape, de tener una “abogacía feminista” que esté preparada para los embates que la justicia -y el conjunto de los poderes- pueda dar tanto sobre los derechos adquiridos, como la profundización del sistema moral que encuentra en el escarmiento público un mecanismo útil.
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Ahí, en el repaso de cómo se transforma a la víctima en victimario, es donde la película vuelve a tensar las opiniones y ofrece de primera mano el sufrimiento de una joven que es embestida por el conservadurismo y el prejuicio. Deza aseguró que sintió “la responsabilidad como abogada de obtener la libertad de alguien”, pero sobre todo que “se administre justicia”. Asimismo, aseguró que fue un hito por varias cuestiones; primero, porque una demanda de justicia reproductiva se nacionaliza a propósito de un caso de una provincia del norte, eso es significativo en un país centralista como es Argentina.
En segundo lugar, explicó la abogada, porque tiró abajo “la narrativa liberal, que decía aún desde los lugares más progresistas que ‘no se usaba el tipo penal de aborto en la vida real de las mujeres, es un delito que no se lo utiliza’, este caso reveló que sí, que sí se lo utilizaba y que tenía una mujer presa por un aborto espontáneo”.
Rosana Fanjul, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, coincidió con Deza: “El camino fue allanado con el caso de Belén, generó precedente que sirvió como herramienta a todas en el país. Permitió que en varios casos las imputadas fueran liberadas, o una condena mínima o una falta de mérito, una absolución”. La referente recordó que durante el último mundial se conoció el caso de “La China”, una mujer venezolana que, por haber sufrido una emergencia obstétrica, fue acusada de "homicidio agravado por el vínculo” y estuvo dos años presa en Ezeiza hasta que la justicia porteña finalmente la absolvió. “Hubo muchos casos en total, pero creo que van 19 casos donde se logra la liberación de las que están criminalizadas por estos motivos en distintas partes”, destacó.
Fanjul recordó que en diciembre del 2020 se publicó un informe que empezó con el caso de Belén, con el trabajo que hizo Deza en Tucumán y con el caso Liliana (Liliana es el pseudónimo) que falleció en la cárcel por no haber sido atendida por una peritonitis y que llevaba cuatro años presa por un aborto espontáneo. “Ahí nos juntamos el CELS con la USAM, con chicas de APP, gente de Correpi, APDH, varias orgas, para hacer ese informe que arrojó un resultado de 1532 criminalizadas en Argentina por aborto, y un tercio por emergencias obstétricas”, detalló.
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Deza, por su parte, coincidió en la importancia del caso de Belén en cuanto a lo jurídico. “Corrió el velo a esa tríada que conforman justicia, poder judicial y poderes biomédicos en esa máquina de criminalizar emergencias obstétricas”, consideró y agregó que también fue significativo en términos de “articular litigio, comunicación y movilización legal, tres ingredientes que una defensa técnica feminista no puede no tener”.
“La justicia actuó de forma prejuiciosa. Yo no aporté ninguna evidencia nueva, lo único que hice es mirar las evidencias de la causa de otra forma. Es decir; ojo, la historia clínica tiene registrado que tuvo un aborto espontáneo; ojo, la autopsia tiene miles de contradicciones. Fue una relectura feminista, pero te diría desde un lado de la objetividad”, aclaró. En pocas palabras, cuando Belén fue detenida nadie, ni su defensa, ni los jueces -tres varones-, actuaron de forma correcta, casi como si hubiera sido condenada, como dijo Deza, por “prejuicio de género, los estereotipos, preconceptos o fotos mentales que los operadores del derecho tienen acerca de ciertas situaciones”.
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No fue solo Belén: otras víctimas de la (in)justicia
Fanjul relató que en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde trabaja, se atraviesan muchas causas en este sentido. Decidieron por ello fusionar lo que es violencia gineco-obstétrica con emergencias obstétricas. “Hace poquito tiempo tuvimos una causa de una chica de 19 años de General Rodríguez; la abuela la denuncia por un parto domiciliario, fue encontrado el neonato, pero no se sabe aún el resultado de la autopsia. Ella es detenida, el comisario manda por WhatsApp el sumario a los periodistas para que hagan lo que quieran con la chica, para que la demonicen”, apuntó.
En medio del caos y el dolor, un abogado carancho se presentó, su papá lo contrató y el resultado fue completamente contraproducente; les cobró mucho dinero y la indujo a declararse culpable y se hizo un juicio abreviado. Según Fanjul, cuando la pudo conocer, la chica “estaba disociada completamente de la situación”, y detalló: “Conversé con ella poco porque estaba en un calabozo con otra persona, y estaba el comisario y un personal femenino escuchando. Le dije que estábamos interesadas en armar un equipo de defensa con perspectiva de género para que ella tuviera una defensa de calidad. Ella respondió que le iba a preguntar a su papá. Recordemos, tenía 19 años”.
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“En nuestra experiencia, cuando todo sucede tan rápido y la chica se declara culpable -ni siquiera estaba el resultado del informe histopatológico de la autopsia para determinar si realmente nació o no con vida- es porque hubo un mal mayor a tapar: abuso sexual o violencia familiar, por ejemplo”, explicó la referente.
Las mujeres son criminalizadas, remarcó Fanjul, y aclaró que hay una característica que se repite, que es la disociación del embarazo en el cuerpo de la gestante. Eso significa, consideró, que llegan a término sin panza, sin ningún signo de estar embarazada, y en muchos casos sucede cuando el embarazo fue producto de un abuso en las infancias o de una violación en la adultez también.
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Otro de los brutales casos que le tocó ver es el de una mujer que fue denunciada por su marido. La pericia médica dio cuenta de que el bebé estaba encajado en el canal de parto, y ella se desmayó. “Hay testigos, una cuñada que la vio desmayada. Entonces, ¿quién sacó el bebé del canal de parto? El marido, que cuando el bebé nace muerto, y más tarde lo enterró en el jardín, aún así la denuncia. Ella estuvo seis años y nueve meses presa, y su marido, que tenía antecedentes, ni siquiera estuvo imputado”, recordó.
Deza, por su parte, destacó que el proceso penal opera en sí mismo como una pena, sobre todo cuando se utilizan figuras penales que tienen una gran connotación cultural: "La mataniño, la matabebé, la asesina de bebé", porque detrás del aborto hay esa narrativa. “Ahora cobra nuevamente vigencia porque tenemos un presidente que dice exactamente lo mismo”, lamentó.
Otra de las críticas que realizó Deza es que el sistema funciona, además, con la vergüenza como pena. “Yo defendí de todas las edades, una niña de 14 años, otra de 16, de 18, de 24, de 20, y diría que el denominador común es la vergüenza por algo que debiera permanecer en la esfera privada de las mujeres. Se viola la confidencialidad, la documentación clínica, como un escarmiento público”, sostuvo.
Una película que funciona como advertencia
Fanjul confirmó que le encanta que se haga la película del libro de Ana Correa, porque es una realidad de la que se habla poco y que pasa en todas partes del mundo, nada más que depende de dónde se encaran de una manera, de otra. “Lo bueno es exponerlo, mostrarlo, decir que puede pasar y ver si por lo menos se genera un poco de empatía, y que después sea mucho más sencillo generar políticas públicas para tomar en cuenta estas cosas”, finalizó.
Deza afirmó que un país sin memoria “es un país que puede olvidarse de cómo llegamos a tener los derechos que tenemos, es un país sin futuro”, y remarca que es central pensar que la abogacía feminista “es importante, que la atención clínica tiene que ser basada en derechos humanos, pero por sobre todo es urgente que dentro de los procesos judiciales deambulan personas; no son casos, no son números de expediente, son personas, entonces urge una abogacía feminista, sobre todo para defender la criminalización de las mujeres”.
“Vivimos un contexto muy desolador en términos de compromisos estatales con la autonomía sexual, compromisos estatales con el resguardo de los derechos humanos, de las mujeres y diversidad. Y eso siempre es desalentador para la ciudadanía y también importa un doble trabajo para el activismo, porque uno tiene que estar muchas veces haciendo el trabajo que el Estado no hace, muchas veces consiguiendo lo que el Estado no consigue. Entonces; sí claro que es muy desgastante y el retroceso me parece que lo vamos a terminar de medir en el largo plazo. En el corto plazo es desolador”, concluyó Deza.
La ficcionalización del caso es una alarma encendida, es una señal de advertencia en un país que tomó un camino en picada y lleno de curvas en cuanto a muchos derechos adquiridos. Con un sistema judicial que se encarga -por sí sólo- de generar sospechas y suspicacias de que no todos son iguales frente a la ley, que aún existe una justicia machista y patriarcal, y que la criminalización y el escarmiento estuvieron, están y estarán a la orden del día, la lucha es clave para que se tomen reales políticas de fondo para que estos casos no ocurran nuevamente y conservar los que ya se consiguieron. Pero sobretodo, para que se respeten los que ya están.