“Nos largamos a llorar”, “tuve un pico de presión”, “tengo mucha bronca”, “miedo”. Así describieron su situación en diálogo con El Destape algunas de las familias que en las últimas semanas vieron escurrir entre sus manos un sueño de toda la vida que finalmente creían haber conseguido: la casa propia. El amparo colectivo, que ya están a punto de poner en marcha, es el próximo paso jurídico que emprenderán en su lucha contra el despojo de Milei.
Primero, el gobierno de Javier Milei le dio la estocada final al plan PROCREAR mediante una resolución del Ministerio de Economía, en la que encomendó a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados en el programa. Pero no se quedó ahí.
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No satisfecho con liquidar el Programa de Crédito Argentino - que desde su inauguración en 2012 concretó más de 500 mil soluciones habitacionales y generó alrededor de 200.000 puestos de trabajo- el gobierno libertario le arrebató el sueño de la casa propia a muchas familias a las que le habían adjudicado viviendas antes de la disolución de una de las políticas públicas insignes de la época kirchnerista.
Algunas de estas familias habían salido sorteadas, habían cumplido todos los pasos, enviado la documentación requerida y ya proyectaban un futuro en el edificio Sagol, ubicado en la localidad bonaerense de Avellaneda. Hoy, esas mismas personas denunciaron que algunos de esos departamentos fueron adjudicados a miembros de la Fuerzas Federales de Seguridad, que dependen de Bullrich
El 10 de junio, la propia ministra de Seguridad lo confirmó en un acto en Avellaneda: “El Ministerio de Economía nos cedió viviendas del plan PROCREAR y las destinamos a quienes nos protegen todos los días”.
El Destape intentó comunicarse con los Ministerios de Economía y Seguridad para consultarles sobre los cambios en las asignaciones de las viviendas, pero no recibió respuesta.
“Somos todo laburantes, no hubo amiguismos”
Romina es docente y madre de un hijo adolscente. Se inscribió en el programa PROCREAR en septiembre de 2023 con la esperanza de acceder por primera vez a un crédito hipotecario para el edificio Sagol. La emoción fue inmensa cuando la vicedirectora de una de las escuelas donde trabaja le comunicó la inesperada noticia: había ganado el sorteo.
“Iba a ser la primera vez que iba a poder acceder a un crédito hipotecario y pagar mi casa”, relató a El Destape y agregó: “Me busqué todas las líneas de colectivos para poder llegar a mi trabajo. Yo elegí ese predio porque tengo un hijo adolescente y quería que tenga paradas cerca, uno se anota con esa ilusión”.
Tras la asunción de Milei, Romina sintió “miedo” por el freno de la obra pública y comenzó a contactar a los organismos públicos involucrados en el programa, pero nunca obtuvo respuesta. La peor noticia llegó el 10 de junio, cuando se enteró por los medios que la ministra de Seguridad estaba entregando los mismos departamentos a miembros de las fuerzas de seguridad. “Cuando me enteré tuve un pico de presión, nunca tuve ese tipo de problemas y ahora estoy con análisis de salud. Fue muy fuerte enterarnos de esta noticia”, expresó.
Las familias damnificadas no tardaron en organizarse y se contactaron con la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, que ya presentó oficios a los ministerios de Economía y Seguridad, así como al Banco Hipotecario. Además, el abogado Leonardo Martínez Herrero denunció penalmente a Bullrich, al ministro de Economía, Luis Caputo y al secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Rodrigo Aybar Perlender. Los acusó de desbaratamiento de derechos acordados.
También denunciaron que la lista de ganadores y el sorteo, que había sido televisado por la Televisión Pública, fueron “dados de baja”, lo que sugiere una intencionalidad por parte del Gobierno. “No sé qué pensaron, que nos íbamos a olvidar”, manifestó Romina sin esconder la indignación que le genera la falta de transparencia demostrada por las autoridades
Bullrich, por su parte, defendió la entrega de viviendas a las fuerzas de seguridad en su cuenta de X. Sostuvo que lo hizo“sin intermediarios, sin amigos de la política”. Eso hizo enojar aún más a Romina“Hay trabajadores sociales, metalúrgicos, abogados, docentes, administrativos, somos todos laburantes, no hubo amiguismos”, aseguró y agregó: “Esta señora se cagó en todo, tengo mucha bronca. Uno se pone una careta para salir a laburar, pero estoy embroncada, indignada”.
Pero la indignación y el enojo no los paralizó. “Vamos a hacer un amparo colectivo con todas las familias, se está recaudando toda la información. El defensor del pueblo nos está acompañando”, contó Romina y prometió que la lucha por el acceso a la vivienda digna y el respeto por los derechos adquiridos apenas comenzó.
“Nada fue azaroso”
Paola está casada con Julio y juntos tienen a su hija Martina que está dentro del espectro autista. Por motivos económicos decidieron mudarse con su pareja a Avellaneda, buscaron un departamento y empezaron a alquilar. Tiempo después, salió la propuesta del desarrollo urbanístico "Sagol" y su pareja se inscribió. Llenaron la documentación, subieron el certificado de discapacidad de Martina, acreditaron que ambos estaban en relación de dependencia y que no tenían deudas.
El día del sorteo, su marido le avisó que le había llegado un mail donde confirmaban que habían sido seleccionados: “Yo iba a buscar a la nena al colegio, estaba en el colectivo y los dos nos largamos a llorar, teníamos una oportunidad” recordó en diálogo con El Destape.
Pero con el cambio de gestión empezó a sentir “ansiedad” y decidió chequear de manera constante su email y lanzar una investigación sobre el estado de su futura vivienda. "De casualidad encontré un grupo de Facebook de Sagol, eran todas las familias que tenían la misma incertidumbre que yo".
A partir de enero de 2024, consultaba constantemente a los canales oficiales, pero nunca recibió respuestas concretas. Paola logró avanzar en un primer paso y creó un usuario en la solapa Procrear del Banco Hipotecario. Sin embargo, días después, al intentar verificar el estado, se encontró con un mensaje que le decía "usuario inexistente". Llamó al 0-800 del banco y allí le explicaron que eran sólo "problemas técnicos", una justificación que Paola aceptó inicialmente, pero que se diluyó con el paso de las semanas y los meses.
Gracias a medios locales, finalmente se enteró, junto a otras familias, que Bullrich iba a entregar los departamentos en el complejo Sagol: “Nos desayunamos que estaban entregando nuestra casa, sentí desesperación, estuve muy mal, me bajó la presión”.
Paola y otros damnificados se acercaron al lugar, pero los “acordonaron” para que no pudieran llegar a donde estaba la ministra. Argumentaron motivos de seguridad: “Estábamos todos muy angustiados, yo particularmente llorando porque en lo único que pienso es en mi hija”.
Paola siente que “nada fue azaroso”: “El día lunes salió la resolución por decreto que daba por disuelto el Procrear y el martes, paradójicamente, fue la proscripción de Cristina. Claramente no íbamos a tener el apoyo de los medios porque todos estaban abocados a ver lo que pasaba con la expresidenta. Las casualidades no existen y nosotros creemos que fue premeditado”.
Como Romina, también rechazó la denuncia de Bullrich. “No somos amigos del poder, somos todos trabajadores que salimos sorteados en un marco totalmente legal avalado por un escribano” afirmó y no dudó en mirar para adelante: “Tenemos mucha fe por toda la gestión que estamos haciendo junto al defensor del pueblo, que ha sido una ayuda enorme”.
Pero la lucha, creen, no debe ser solo judicial. Por eso, este domingo a las 15 vuelven al predio Sagol en el que habían soñado vivir, en Mariano Acosta y Díaz Vélez para una “mateada solidaria” que visibilice su reclamo.
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