La Ley de declaración de Emergencia en Discapacidad que impulsan en el Congreso las diferentes organizaciones del colectivo y se debatirá hoy en plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Acción Social y Salud. Se trata de un proyecto que nace como respuesta a las políticas de ajuste profundizadas por el Gobierno Nacional que generaron una grave crisis estructural del sector. El desfinanciamiento recae sobre puntos vertebrales como el sistema de pensiones, la entrega de certificados, y el atraso en los pagos a los prestadores que son quienes garantizan los servicios y tratamientos de salud de las más de 2,1 millones de personas con discapacidad que viven en nuestro país.
Por otro lado, las medidas gubernamentales han deteriorado las condiciones de trabajo y dignidad de quienes se desempeñan en los denominados talleres protegidos, que son espacios creados con el objetivo de brindar empleo y capacitación a personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el mercado laboral y su socialización. Estos lugares están enmarcados en la Ley 26.816 de Empleo protegido, sancionada en 2012, que incluye modalidades como Talleres Protegidos Especiales, Talleres Protegidos de Producción, y Grupos Laborales Protegidos: “se denomina Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) a aquel que tenga por objetivo brindar a sus miembros un trabajo especial que les permita adquirir y mantener las competencias para el ejercicio de un empleo de acuerdo a las demandas de los mercados, laborales, locales y sus posibilidades funcionales”.
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Para ser reconocidos, los talleres deben estar certificados en el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y para ingresar a ellos las personas deben contar con un certificado de discapacidad, estar inscriptas en la oficina de empleo municipal y pasar una evaluación. La Ley garantiza a las y los beneficiarios una suma mensual no remunerativa, o un incentivo laboral, que depende de la Secretaría de Trabajo, equivalente al 40% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y derechos de seguridad social, como jubilación y pensiones.
Sin embargo, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y de Sandra Pettovello a Capital Humano nada de esto se ha cumplido: desde enero de 2024 los talleristas reciben una suma de 28 mil pesos, apenas el 12% del Salario Mínimo, Vital y Móvil de ese momento, y se registran retrasos en los pagos de hasta 4 meses. Todo esto se asienta sobre un contexto de vulneración sistemática de los derechos por el cual cientos de miles de las personas con discapacidad están siendo llamadas de forma discrecional para auditar sus Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral , sin poder conseguir turnos en los Hospitales Públicos, teniendo que pagar los estudios en el ámbito privado.
Desde la Federación Nacional de Talleres Protegidos (FENATAP), agrupación sin fines de lucro que conjuga a más de 8 mil trabajadores y trabajadoras con discapacidad de todo el país, denuncian el incumplimiento de la Ley y las dificultades económicas y operativas que enfrentan muchos talleres protegidos producto del desfinanciamiento y la desarticulación del sector en estos meses de gestión libertaria. En este marco se suman a la convocatoria del miércoles 30 para acompañar el debate en comisión en el Congreso del Proyecto de Declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que incluye entre sus puntos la garantía del financiamiento adecuado y sostenible para el efectivo cumplimiento de la Ley, “actualizando la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente dispuesto, asegurando los otros beneficios de la misma y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”.
“Para nosotros no hay oportunidades en el mercado normal”
José Antonio Sauchelli (55) tiene una discapacidad de nacimiento y forma parte del Taller Protegido de la Fundación San Francisco de Asís, en La Matanza. La misión de este espacio es “Integrar social, económica y laboralmente a las personas con discapacidad intelectual mediante la generación de trabajo legítimo alternativo al mercado de empleo competitivo”. Desde su incorporación en 2003 pasó por diferentes talleres como ensamble, panadería y cocina, hasta que la directora Silvia Martínez y la vice directora Alejandra Correa lo ascendieron al rol de supervisor: “fue algo que siempre quise tener, porque sabía de mi capacidad pero las cosas no estaban bien. Fui a terapia, trabajé mucho, y cambié un poco la cabeza. Gracias a eso después vinieron los frutos”. Por eso expresa que entrar al espacio le cambió la vida.
“Todos los que estamos acá estamos con la idea de tener un paso por la experiencia y después poder salir al mercado competitivo. Pero, para nosotros no hay oportunidades en el mercado “normal’”, insiste. Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el mundo la tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 30% (la mitad que el resto de la población) y más del 80% se encuentran desocupadas. A nivel doméstico un estudio publicado por la ONG Por Igual Más advierte que el 86% de las personas con discapacidad están desempleadas, y del 14% restante el 39,3% trabaja en condiciones de informalidad.
En el espacio San Francisco ofrecen talleres de costura, de panadería, tercerizados , serigrafía, cocina y mantenimiento, que es donde José desarrolla su actividad diaria. El régimen laboral es de lunes a viernes de 8.30 a 13.30. “Somos 60 operarios con discapacidad, cada uno con su supervisor. Algunos talleres son todos de hombres, pero la mayoría son mixtos – cuenta el trabajador - en Mantenimiento somos 7 y nuestra tarea es básicamente limpiar y acomodar todo el espacio, la entrada, el galpón, los pasillos, hacía frío, los baños, para mantenerlo en condiciones y que se pueda trabajar. Pero hay otros talleres, como panadería, que son un poco más nutridos, cerca de 15 personas”. En otros talleres, como los de la Asociación de Padres y Amigos para la Capacitación e Integración del Discapacitado (APACID), de Ramos Mejía, por ejemplo, fabrican bolsas de residuos, de residuos patológicos, alfombras, hacen sublimación, etc.
“En el colectivo de discapacidad ya venimos castigados desde hace años y ahora con este gobierno se incrementó más todavía. Desde que arrancó 2025 que no cobramos un peso de los 28 mil que nos paga la Secretaría de Trabajo y Capital Humano. Hay una luz de esperanza porque parece que para mayo irían a pagar retroactivo, pero por hasta no cobramos ni sabemos nada – denuncia José - en algunos talleres se plantaron y dijeron que hasta que no paguen no van a seguir. Hay gente que dejó de ir porque hace cuatro meses que no cobra”. Por este motivo, el proyecto de Emergencia que se está debatiendo en el Congreso plantea la actualización de los honorarios de los talleristas tal como lo dispone la ley.
Además de una oportunidad laboral, el taller constituye un espacio de aprendizaje, capacitación, contención y socialización. “Acá podes aprender panadería, costura o cocina. Pero no es solamente un trabajo, vos terminas el trabajo y te quedas. Acá se forman vínculos, parejas, hay compañeros que se han casado, juntado, que tienen hijos, y sociabilizan acá. Es muy importante en términos de socialización, de espacio de pertenencia, por eso la mayoría por más que no cobre viene, porque acá están sus compañeros”, cuenta. En este contexto de ajuste y falta de pago, estos dispositivos corren riesgo de cerrar sus puertas o desarmarse.
“Si no existiesen este tipo de organizaciones, pasarían a ser personas invisibles”
A partir de las complicaciones que trajo la pandemia, las Federaciones se han organizado para impulsar los reclamos de forma conjunta. Enrique Muntaabski, actual miembro de la Comisión Directiva y ex Presidente de la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP), subraya que lo más trascendental de los talleres protegidos es que significan “un lugar de pertenencia para las personas con discapacidad, donde trabajar, donde ejercitarse, donde prepararse para tener la posibilidad de poder ser incluidos en el mercado laboral formal. Es muy difícil, muy complejo, pero si no existiesen este tipo de organizaciones, pasarían a ser personas invisibles, pero guardados en sus hogares”.
Estos sitios, que ya tienen más de medio siglo, surgieron de la preocupación por el futuro en el marco de una sociedad y una realidad corporativa que les es hostil: “para las personas con discapacidad que han atravesado la etapa escolar, estamos hablando en su gran mayoría de quienes tienen discapacidad intelectual, es muy difícil conseguir un empleo formal en el mercado laboral común. Por eso se crearon este tipo de instituciones, hace ya más de 50 años, que fueron generados por familiares, padres de jóvenes con discapacidad que, surgido de las escuelas especiales, se encontraban con que después ya no tenían ninguna actividad futura para realizar”.
Enrique es responsable del Centro para el Discapacitado Talita-Kum, de Llavallol, que nació el 1° de abril de 1995 a partir de la iniciativa de familiares de personas con discapacidad. El taller protegido de este espacio, conformado por 35 personas con discapacidad, se dedica a la producción y comercialización de panificados: bizcochitos, pepas, cookies, prepizzas, empanadas. “Nuestra principal clientela es quienes tiene la concesion de los bares de la Universidad de Lomas de Zamora. Estamos en la Facultad de Derecho, Ingeniería, y Ciencias Sociales. Además tenemos un kiosco en el predio del Parque Municipal de Lomas de Zamora, y un kiosco a la calle que tenemos en nuestra organización donde tenemos la sede de venta domiciliaria”, explica. Los ingresos por esas ventas y los pedidos que realizan son por lo general la fuente de mantenimiento del taller para pagar sueldos del personal y tarifas de servicios.
“El monto que perciben hoy nuestros trabajadores, a través de la asistencia, es de 28 mil pesos mensuales y data de febrero de 2023, cuando la ley dice que debe ser el 40% de un salario mínimo vital y móvil, por lo que deberían estar cobrando más de 114 mil. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la inflación, y los reclamos que hicimos nunca ha sido actualizado. Y encima el importe de enero, febrero, marzo y abril de este año, no les ha sido depositado– acusa el dirigente – existe alguna información de que se podría pagar en mayo pero no parece lógico que se decida arbitrariamente no pagar un compromiso con gente que tanto la necesita”.
Muntaabski advierte que si bien la Ley 26.816 de Empleo protegido fue aprobada en el año 2013, fue parcialmente reglamentada en 2015, y por eso desde ese momento nunca se le asignó la partida presupuestaria correspondiente: “la ley no se aplica en su totalidad como debiera ser y esto es una deuda que tiene el Estado hace años, no estoy hablando solo de esta gestión de gobierno actual. Este sería el tercer periodo gubernamental que atraviesa la ley y no se aplica. En ese sentido estamos en problemas y no tenemos las respuestas necesarias”.
Pero la institución, además de tener un taller protegido, cuenta con un centro de rehabilitación, particularidad que los afecta doblemente. “Acá se cruza con el otro problema que estamos atravesando todo el colectivo de las personas con discapacidad y las organizaciones, que es el atraso y la falta de actualización en el pago de los aranceles por la atención de profesionales. Eso perjudica al de salud, al de transporte, al escolar, a todo el colectivo, porque toda la parte de atención a las personas con discapacidad en estos momentos está con serios problemas”, señala.
El organismo encargado de otorgar el valor a estos servicios de centros de día, hogares, centros de rehabilitación, escuelas, o transportes, es el Directorio de prestaciones básicas dirigido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que debería reunirse como mínimo una vez por mes. “Durante el mes de octubre el Directorio otorgó un aumento de un 1%, en noviembre un 0,8%, y en diciembre un 0,5%. Y después, en enero, febrero, marzo y abril, el directorio no ha sido convocado, por lo tanto los valores prestacionales siguen en aquellos valores del mes de diciembre que ya tenían un atraso de alrededor de un 50% - indica el referente de la Federación - la principal consecuencia que tienen las organizaciones es la imposibilidad de pagarle a los profesionales, a los empleados, las cargas sociales, el sindicato. Esto está generando un problema muy serio en todo el ámbito del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia”.
En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 80 talleres protegidos, a los cuales acuden 5 mil trabajadores y trabajadoras con discapacidad. “Nuestro caso es especial porque tenemos un apoyo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que da una ayuda para solventar y sostener el taller. No alcanza ni para pagar un sueldo, pero es una ayuda. Y los trabajadores reciben un aporte que se denomina Peculio, que también se suma a lo que reciben por parte de Nación. Pero es un caso aparte, porque en el resto del país, incluido la Ciudad de Buenos Aires, ninguna organización que cuente con talleres protegidos recibe ninguna ayuda de ninguna de los gobiernos provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Así que para ellos es todavía mucho más difícil que para nosotros”, remarca Muntaabski.
En relación a la convocatoria de hoy al mediodía frente al Congreso de la Nación para acompañar el debate del proyecto de emergencia, Enrique advierte que en general las organizaciones les cuesta obtener el apoyo de las familias. “Pareciera que no toman conciencia de la peligrosidad de que una institución se cierre, porque eso les va a generar que su hijo o hija deje de tener este espacio. Es un poco difícil el involucramiento de las familias, es algo que vemos quienes participamos en todo lo que tiene que ver con discapacidad – explica el vocal de FETAP - Yo veo que mucha gente se deja llevar por cierta información tendenciosa. Se está viviendo un manejo distorsivo del tema de las pensiones. La información a veces que baja desde el gobierno tiene más llegada, información que no es fidedigna, como lo de la radiografía del perro”.
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