"Quieren borrar de un zarpazo lo que nos hace tan bien. Hace 8 años me mataron a mi hija y es como si fuera ayer. Están haciendo cosas terribles. Están eliminando programas que nos sirven por lo menos para poder preguntar, asesorarnos, tener un alivio al alma", se lamenta Ana Soto, mamá de Analía Aros, asesinada el 21 de marzo de 2017 por su ex pareja (que intentó hacer pasar el femicidio por suicidio). Su reflexión llega después de enterarse de que el gobierno del presidente Javier Milei le dio el golpe de gracia a cinco programas contra la violencia de género que ya venían desfinanciandose por goteo desde el comienzo de su gestión.
MÁS INFO
Las personas que estaban en riesgo de ser asesinadas y los familiares de víctimas de femicidio contaban hasta hace algunos meses con el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género. Por ejemplo, si una mujer sobrevivía al intento de femicidio de su ex, si le prendía fuego la casa para asesinarla pero fallaba en el intento, ella o sus allegados podían solicitarle al estado apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento legal, entre otras herramientas. Los familiares que perdieron a sus seres queridos también quedaban comprendidos. Se llenaba un formulario y el Estado se hacía presente para cuidarlos. Recibían por única vez 4 salarios mínimos, vitales y móviles, el equivalente hoy a $1.540.000.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
La política de ajuste y de ensañamiento de Milei contra las políticas de género también llegó a estos mecanismos indispensables. Este viernes, el Ministerio de Justicia eliminó este y otros cuatro programas para que les cerraran sus cuentas (Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos para Personas Travestis, Transexuales y Transgéner, Programa Escuelas Populares de Formación en Género y Diversidad “Macachas y Remedios, Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Diversidad para el Sector Privado “Formar Igualdad y Programa para el Fortalecimiento de la Participación Social y Ciudadana en Materia de Género y Diversidad). Previamente, ya había ejecutado recortes de casi el 100% en el Programa Acompañar (el programa más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas, porque el Estado les brinda un salario mínimo durante 6 meses).
"Es una medida criminal", denunció Darío Witt, fundador del refugio Casa María Pueblo, en diálogo con este medio. Pidió que "los funcionarios que toman este tipo de medidas sean responsables tanto civil y penalmente de lo que le puede ocurrir a las víctimas cuando van a pedir ayuda".
Con la decisión de este viernes, el Ministerio de Justicia está, por un lado, vaciando de sentido a la Ley 26.485 de Protección integral a las Mujeres, pero además desampara a quienes no tienen recursos, bajo una lógica elitista del acceso a la justicia. Sólo pueden acceder a abogados y psicólogos quienes dispongan de los medios necesarios. "Sin esa ayuda para poder, de alguna manera, recomponer la vida y tener determinada autonomía, sin la protección del Estado, se deja a esa persona en un total aislamiento en términos de poder tener herramientas para salir adelante. En un caso de violencuia extrema, supongamos, no hay recursos para que reciban apoyo económico o incluso psicológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja a la persona, a la mujer en situación de violencia, a esa diversidad, a esa persona trans travesti, a su suerte en términos de que si económicamente tiene las posibilidades de acceder de manera privada, ya sea a un servicio psicológico, a un patrocinio jurídico o incluso a formarse y comprender sobre lo que tiene que ver con estas temáticas, queda totalmente librado el individualismo y a la suerte de cada uno", alertó a El Destape Melisa García, de la Asociación de Abogadas Feministas.
Que se salve la que pueda, la que tenga plata. Ese es el mensaje del gobierno con esta nuevo ataque contra las mujeres y diversidades. Para Ana, a quien hace 8 años le arrebataron a su hija, se trata de un "golpe" más. "No puede ser, siento una impotencia tremenda. Van a eliminar lo que nos queda. Lo que nos queda es el poder hablar, que nos puedan ayudar de alguna manera cuando uno tiene una duda o uno se encuentra en un estado psicológicamente mal, como estoy yo, como están las hijas de Analia, como está toda mi familia, porque somos una familia en duelo para siempre", subrayó a este medio con la voz entrecortada.
El programa, además de darles las herramientas para poder costear gastos de movilidad, traslados, alojamiento, alimentación, médicos, de sepelio, fotocopias de documentación y/o trámites, u otros gastos inherentes al fallecimiento, orientaba a las personas integrantes del grupo familiar y/o allegadxs del círculo de confianza ante instancias judiciales o administrativas competentes, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia, a través de equipos o a través de la articulación con otros organismos del Estado.
"Se vuelve una vez más a eliminar toda posibilidad de equidad, sin posibilidades reales de acceder y que un Estado se comprometa a través de políticas públicas a cumplir con las leyes, a cumplir con los tratados internacionales, pero a su vez también de generar un Estado más equitativo. La falta real de poder acceder a recursos propios, justamente por esa histórica discriminación e incluso esa indefensión propia que tiene una persona en una situación extrema de violencia, es lamentable, porque el acompañamiento incluso desde el punto de vista legal también deja a quienes trabajamos sobre esta temática sin herramientas para poder brindar soluciones. Queda todo en manos de la justicia potencialmente, que tampoco va a tener en definitiva recursos públicos para brindar a personas en esta situación y va a quedar nuevamente en esta lógica elitista del acceso a la justicia también, de si tengo dinero puedo acceder", enfatizó García.
"Casi no quedan programas con perspectiva de género"
En su primer año de gestión, el Presidente eliminó programas clave, pero también buscó arremeter contra consensos básicos apelando a la desacreditación. La eliminación de la figura de femicidio para liberar asesinos es solamente una muestra del retroceso de derechos que impulsa el mandatario. En diciembre, la Justicia corroboró que Milei no está garantizando los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por los feminismos contra el ajuste a las políticas de género que desató desde el comienzo de la gestión (dejó casi en 0% programas de apoyo económico para las personas en situación de violencia, no envió ni una caja de misoprostol o mifepristona a las provincias para garantizar el derecho al aborto, ni destinó partidas para la ESI en el Presupuesto).
"Es importante marcar la coyuntura en la que se dan estos nuevos ataques. Sabemos que el gobierno ha definido al colectivo de mujeres, al colectivo LGTBIQ+ como enemigos principales de esta etapa, ha tenido un rol de correr al Estado como igualador, como reparador de las violencias, para ponerlo en un rol de legitimador y de cómplice de las violencias por razones de género, de cómplice de los discursos de odio", resaltó Luci Cavallero, referente de Ni Una Menos. Remarcó además que, en este como en otros casos, se comunicó la decisión "de forma muy violenta diciendo que son programas ideológicos", a pesar de que "está comprobada su efectividad".
Luci asegura que hay un correlato con las constantes agresiones por parte del Ejecutivo. "Para nosotros no es una batalla cultural, porque es una batalla que afecta directamente los cuerpos, porque desinhibe violencias sociales, porque aumenta la desigualdad, porque aumenta las brechas de género. Este Gobierno persiste en profundizarla en general. Se termina de dar el tiro de gracia a lo que poco que quedaba de la institucionalidad y políticas de género. Ya quedan casi ningún programa con perspectiva de género en el Estado Nacional", denunció.
"Estamos en un momento de gran desamparo": se multiplicaron los pedidos de ayuda
El refugio Casa María Pueblo, que va a cumplir este año 28 años, atendió más de 35.000 mujeres, niñas, niños que se escaparon de la violencia. La asociación asegura que "no tiene ningún convendio de ayuda estatal desde hace varios años", pero desde el comienzo de esta nueva gestión está teniendo más complicaciones por el ajuste del Gobierno. "Por supuesto que hay más consultas, pedidos pedidos de ayuda en general y por supuesto se han multiplicado, porque hay cada vez menos respuestas por parte del Estado en general ante las víctimas de violencia, respuestas que no podemos atender. Nos han llamado de los lugares más recónditos de Argentina para pedir ayuda", advritió su fundador, quien asegura que en estos momentos están "haciendo lo que humanamente pueden".
Witt repitió la palabra que la mayoría de las personas que están en contacto con las víctimas mencionan cuando se les pregunta por la situación actual: "Desamparo".
"Estamos en un gran momento de desamparo para todo lo que sea víctima de violencia de género intrafamiliar, LGBT+. Es un momento en el cual se palpa este fomento del odio, de la falta de cordialidad en las relaciones y el fomento de la violencia en las relaciones ya no solo de palabras sino prácticamente en hechos. Estamos viviendo en un momento que lo podemos caracterizar como desamparo absoluto del Estado hacia las víctimas de violencia que están sufriendo", cerró.
Cerrar sesión