En una audiencia que se realizó este martes, el fiscal José Luis Caterina imputó a 13 policías y 4 civiles en el marco del escándalo por presunta malversación de $45 millones en la asignación de recursos en la carga de combustible de los patrulleros de las fuerzas de seguridad de Rosario. Según detalló el fiscal ante el juez Gustavo Pérez Urrechu, las maniobras se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias, nunca realizadas.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por tres meses la Unidad Regional II de la Policía rosarina y dispuso la remoción de su titular, Daniel Acosta, quien no se encuentra entre los sospechados por las maniobras investigadas.
La sala 7 del Centro de Justicia Penal estuvo colmada de defensores públicos y particulares, familiares de los imputados y la prensa. Todos los involucrados siguieron la audiencia mediante videoconferencia. Los altos mandos sospechados son el comisario Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Rodrigo Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería.
A su vez, fueron acusados Javier Norberto Arce –subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería–, Fernando Miguel Ceballos –subinspector del Grupo Táctico Multipropósito–, Jorge Santiago Delgado –subinspector de la División Logística–, Sergio Darío López –subinspector en funciones en el Comando Radioeléctrico–, Gustavo Adrián Bazán –División Logística–, Juan Alberto Villordo –inspector de la brigada motorizada–, Nancy Plomer –empleada de la División Personal– y Franco Cuesta –inspector de la Policía de Investigaciones–.
Por su parte, los civiles imputados fueron Daniel Alberto Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900, ubicada cerca de la Jefatura de la Policía, en la zona sudoeste de Rosario, donde según la causa se “concentraron” la mayoría de las operaciones.
Para concretar las maniobras, el fiscal explicó que los policías involucrados concentraron las tarjetas de débito denominadas “visa flota” –que en realidad debían estar a disposición de cada móvil o chofer para el momento de la carga– y realizaron una facturación por encima del combustible entregado, o una carga fantasma, es decir, sin entrega de la nafta.
Según el legajo, los policías mentían en las rendiciones de cuenta, tanto en las planillas elevadas como en los tickets rendidos. En tanto, los responsables de la estación de servicio que funcionaba bajo la firma “Gas Auto Tiferno S. A.” fueron considerados “una pieza fundamental” en el desvío de recursos.
La acusación se retomará este miércoles por la tarde, donde se resolverá la petición del Ministerio Público de la Acusación de que queden presos 16 de los 17 sospechosos, la única exceptuada sería una empleada administrativa de la estación de servicio Puma.
Fraude con combustible en la Policía de Rosario: quiénes son los acusados de desviar los fondos
En la acusación del fiscal Caterina, se indicó que Sergio “Pata Corta” López fue quien junto a la inspectora Nancy Plomer, su pareja que se desempeña en la Sección Ficheros de la División Personal, fueron los responsables de hacer efectivo el desvío de los fondos en los patrulleros asignados al Comando Radioeléctrico.
A “Pata Corta” el fiscal también le atribuyó haber tenido hasta un posnet de “Gas Auto Tiferno” en su propio domicilio, donde se encontró una gran cantidad de documentación en los allanamientos hechos por Asuntos Internos. Otro dispositivo electrónico de esa estación de servicio se halló en la casa de Villordo, de la brigada motorizada, donde se incautaron más de 300 “visa flota” y 13 rollos de facturación de repuesto. Llamó la atención que en esa propiedad se encontró documentación relacionada con el combustible en la parrilla, como si estuviera por ser prendida fuego.
El comisario Gerardo Ramírez es otro autor de relevancia en la causa, ya que, según la acusación, recibía partidas mensuales de la provincia, calculadas en 380 millones de pesos. Él, junto con Bazán, habrían hecho contacto con el encargado de la estación Puma, Daniel Reynoso, quien además contaba con autorización de ingreso a la Jefatura de Policía de Rosario. El fiscal también imputó a Pigozzi, Delgado, López, Fantín y Brest de haber hecho en 2024 y 2025 rendiciones falsas de combustible.
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