El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que somete a revisión exhaustiva la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que abona la ANSES. La iniciativa, denominada "Ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", establece un sistema de control masivo sobre un padrón que, según cifras oficiales, pasó de 76.000 beneficiarios en 2003 a casi 1.200.000 en 2023.
La norma faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a implementar un esquema de auditorías periódicas de carácter permanente. El objetivo declarado es verificar que cada titular continúe cumpliendo con los requisitos médicos y socioeconómicos que justificaron el otorgamiento original del beneficio. La lupa del Estado alcanzará a la totalidad del universo de pensionados sin excepción alguna.
Cruces masivos de información en tiempo real
El corazón del nuevo sistema de control es el entrecruzamiento de datos entre organismos públicos. La ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Trabajo y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) intercambiarán información de manera sistemática para detectar cualquier inconsistencia.
El procedimiento comenzará con la verificación documental y socioeconómica de cada expediente. Los agentes fiscales cruzarán domicilios declarados, ingresos registrados y antecedentes laborales. Si del análisis surge alguna incompatibilidad objetiva, la autoridad de aplicación queda habilitada a disponer la suspensión preventiva del pago de manera inmediata, sin necesidad de orden judicial previa.
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Auditorías médicas con criterios objetivos
Superada la primera barrera administrativa, el proyecto establece una segunda instancia de control: las auditorías médicas bajo parámetros técnicos estandarizados. Una vez validados los datos socioeconómicos, profesionales designados por la autoridad competente evaluarán si la incapacidad laboral que dio origen a la pensión continúa debidamente acreditada según los criterios de salud vigentes.
Este doble filtro —documental y médico— busca, según los fundamentos del texto oficial, corregir las irregularidades detectadas en investigaciones recientes. Los sumarios administrativos revelaron casos de domicilios inexistentes, beneficiarios fallecidos que seguían cobrando y certificados médicos que no cumplían con los requisitos legales exigidos por la normativa previsional.
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El reempadronamiento como punto de partida
El mecanismo de fiscalización masiva arranca con un proceso de reempadronamiento obligatorio para todos los titulares actuales. El Poder Ejecutivo instruirá a los beneficiarios a actualizar su información personal, económica y médica en un plazo que no podrá ser inferior a 90 días, con una prórroga posible de 30 días adicionales.
Quienes no cumplan con este requisito sufrirán la suspensión automática de la prestación. A partir de ese momento, dispondrán de 60 días para regularizar su situación. Si transcurrido ese período el trámite sigue sin completarse, la baja del beneficio se vuelve definitiva mediante un acto administrativo fundado dictado por la autoridad de aplicación.
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Una prestación protegida pero condicionada
El proyecto mantiene el carácter de inembargable de la pensión, una protección legal que impide que acreedores puedan retener esos fondos para el cobro de deudas. Esta garantía, prevista originalmente en la Ley N° 13.478, busca preservar el fin social del beneficio como sustento de personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la contracara de esa protección es el endurecimiento de las condiciones de acceso y permanencia. La iniciativa establece la incompatibilidad absoluta con el empleo formal y con la inscripción en regímenes tributarios. El debate parlamentario que se avecina definirá si esta lupa fiscal logra el consenso necesario para convertirse en ley.
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