Las desigualdades socioeconómicas, la violencia, los desastres climáticos, la pobreza, y el acceso desigual a la salud y la educación no solo dejan su huella en nuestras sociedades y economías, sino también en nuestra biología: cuando nuestros cuerpos enfrentan desafíos constantes, tales como olas de calor, contaminación del aire, exclusión social o precariedad económica, y se tienen que estar adaptando en continuado, las adaptaciones en sí mismas terminan siendo dañinas y tienen un impacto en múltiples sistemas, incluyendo el cerebro. Ahora lo muestra un trabajo internacional de reciente publicación en Nature Medicine, liderado por el neurocientífico argentino Agustín Ibañez, que dirige el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile, y es líder del grupo de Predictive Brain Health Modeling del Global Brain Health Institute (GBHI, Instituto Global de Salud Cerebral). El estudio analizó datos de 161.981 participantes de 40 países y encontró evidencias sustanciales en el envejecimiento cerebral entre regiones de acuerdo con su perfil ambiental y sociopolítico.
Muy probablemente algo (o mucho) de lo que está pasando en la escena sanitaria del país esté vinculado con estos hallazgos. Baste con mencionar que especialistas de salud mental de múltiples jurisdicciones están registrando un 77% de aumento en las internaciones y un 134% de aumento en las consultas ambulatorias comparadas con datos de 2019, el año anterior a la pandemia y que históricamente fue el de mayor acumulado de casos. El sistema sanitario está en crisis en todas las áreas, pero si cabe, la salud mental, que siempre fue la “cenicienta” en materia de inversión y recursos, está atravesando una emergencia particularmente dramática.
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“Estamos viviendo una situación crítica –confirma Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires–. Por varias razones: hay un aumento global de la demanda de atención en forma de consultas ambulatorias y urgencias, que se está constatando en todas las provincias de manera bastante pareja. Y por otro lado, hay un indicador bastante más alarmante, que son las internaciones por motivos de salud mental y consumos, que también están creciendo en todas las jurisdicciones con las que estuvimos trabajando. Estos últimos se dan también a edades más tempranas, por situaciones de mayor vulnerabilidad de las personas, sumadas a la dificultad de dar altas institucionales hospitalarias para la continuidad de cuidados por falta de acceso a la vivienda, por fragilidad de las redes de sostén afectivo y vinculares que hace que haya menos capacidad de acompañar y cuidar desde las familias, inclusive cuando se trata de niños, niñas y adolescentes”.
Para alertar sobre la magnitud de este desafío, mañana, martes 5 de agosto, de 16 a 18 horas, se realizará un encuentro en la Cámara de Diputados de la Nación en el que participarán autoridades sanitarias de distintas provincias, representantes de universidades nacionales y sociedades científicas, legisladores, asociaciones profesionales, colectivos de usuarios, familiares y organizaciones sociales. “Aun con mayor disponibilidad de turnos y de camas de internación o espacios residenciales, no alcanzamos a cubrir la demanda creciente en el sistema público”, agrega Calmels. De acuerdo con la funcionaria, las causas de esta crisis tienen que ver tanto con las secuelas que la pandemia dejó en todo el mundo, como con la situación económica y social local, “que fragiliza la salud, y también los lazos comunitarios, familiares y sociales”.
Un dato no menor que influye en este escenario es el retiro de los fondos que giraba el Estado nacional a las distintas jurisdicciones. “En la Provincia de Buenos Aires, se traduce en la interrupción del Plan Remediar en salud mental, que era una iniciativa de provisión de psicofármacos para primer nivel de atención –puntualiza Calmels–. También discontinuó de un día para el otro el envío de fondos correspondientes a la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse, para la provisión de medicamentos de alto costo) que la conocemos por la entrega de medicamentos oncológicos, pero que también entregaba a 3.500 bonaerenses medicación en salud mental. La provincia tuvo que salir a afrontar la compra y el suministro de medicamentos para todos los bonaerenses y debió abandonar obras públicas muy importantes, como las ‘casas joven’ de la Sedronar, algunas con obras bastante avanzadas, el desarrollo del segundo Procrear más grande en la provincia de Buenos Aires en el predio del hospital Esteves, un centro neuropsiquiátrico en un barrio que iba a incluir una importante cantidad de viviendas para la externación de personas que quedaron viviendo crónicamente en manicomios y para lo cual el hospital cedió seis hectáreas; la construcción de un centro de día para el hospital San Martín de la Plata; dos casas de externación en el municipio de Berisso... El retiro en Salud Mental asciende a 55 mil millones de pesos, que integran los 230 mil millones que se le debe al ítem salud, de los 12,1 billones (millones de millones) que el Estado nacional le debe a la PBA”.
La reunión en Diputados pretende compartir diagnósticos, visibilizar la situación actual y promover líneas de trabajo conjunto frente al contexto actual, que se expresa con especial crudeza en el aumento de consultas por ansiedad, trastornos del sueño, consumos, situaciones de violencia y tentativas de suicidio, incluso desde edades muy tempranas, destaca la convocatoria.
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