Las adolescentes de la era Milei, sin el plan ENIA para detectar abusos y prevenir embarazos: “Sacaron el único espacio de apoyo que teníamos"

“Muchos aún creen que las cosas que nos pasan a los adolescentes son boludeces, que estamos en las nubes, pero no es así. Estamos en un mundo que no está tan preparado para notarlo”, dice Sara Escoubue a este medio. Sara lamenta que en su escuela de Colonia Avellaneda, provincia de Entre Ríos, ya no haya asesores del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), desfinanciado y desarticulado por el gobierno de Javier Milei, dejando a miles de adolescentes a su suerte y de trabajadores sin contrato. Con su cierre, se interrumpió una política que había logrado reducir en un 50% los embarazos adolescentes entre 2017 y 2023.

Recuerda con nostalgia los vínculos que se creaban entre lxs asesores y su escuela: “Ellos nos decían que podíamos enviarles mensajes con cualquier tipo de consulta sobre salud. Inclusive si necesitábamos un turno para el dentista. Era algo novedoso, porque gran parte de mis compañeros no habían ido nunca al dentista. Parecía un privilegio, qué loco, ¿no? No debería ser así”.

Hoy las escuelas ya no cuentan con esos equipos de profesionales que dictaban talleres y abrían espacios de escucha y diálogo para prevenir y abordar situaciones de abuso sexual, embarazos no intencionales y garantizar el acceso a la IVE/ILE. Eran quienes explicaban cómo utilizar métodos anticonceptivos, facilitaban consultas médicas, medicamentos específicos o incluso entregaban “una toallita” o un “test de embarazo” cuando eso representaba una “catástrofe” para las chicas, según palabras de Sara.
Los verdaderos efectos y consecuencias del desguace de este Plan están por verse, cuando las nuevas camadas de estudiantes vuelvan a enfrentarse a la desinformación y al desamparo. “Los docentes no dan abasto. No todos están capacitados para sostener la educación sexual integral de los chicos, y no se les puede exigir más”, advierte Adriana Moix, asesora del Plan y trabajadora de centros de salud. “En las escuelas, cuando se daba algún taller, se generaban consultas. Los jóvenes tenían con quién, dónde y cuándo expresar lo que les pasaba. Se han detectado situaciones de abuso gracias a esos espacios, que no existen más”, cuenta Moix, que hace pocas semanas declaró en un juicio por abuso sexual detectado en una escuela “gracias al Plan ENIA”.

Sistema saturado

Moix confirmó que, como trabajadores de la salud, ya no van más a las escuelas. No es falta de voluntad, es falta de tiempo y financiamiento. “Ahora vamos cada tanto, cuando se puede”, en un intento personal de no abandonar los lazos establecidos con lxs chicxs, más ligados a la vocación que al compromiso institucional o estatal. Por esta razón, “lxs adolescentes ya no tienen garantizados ciertos derechos como el acceso a la información clara, científica y oportuna” y están nuevamente a merced de un sistema de salud que tiende a “una visión adultocentrista”.

Carla Alpire, promotora de salud del barrio Padre Carlos Mugica en la CESAC 25 aseguró, también en diálogo con El Destape: “En la Ciudad de Buenos Aires seguimos trabajando como siempre. La gestión es la misma y la situación no cambió mucho”. Sin embargo, algo sí cambió: la saturación del sistema. Los recortes de programas de asistencia en Nación provoca que Alpire note en su CESAC que cada vez llega más gente a atenderse. “A esto, hay que sumarle que tenemos cada vez más población migrante que se atiende en el sistema de salud público y la enorme cantidad de gente que ya no tiene obra social o prepaga”. Largas filas para sacar turnos, personal de salud colapsado y con reclamos salariales, turnos con mucha distancia en el tiempo y poco espacio para la “urgencia” es un cóctel que lleva a que el lxs profesionales sean creativos y prácticos: “Intentamos buscarle la vuelta para agilizar la agenda, por ejemplo, dando talleres de métodos anticonceptivos donde se busca que todas las interesadas se vayan con un método anticonceptivo implementado”.

Fuera del AMBA

El Plan ENIA se implementó en el 2018 y se desarrollaba en las provincias de La Rioja, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy y provincia de Buenos Aires, por ser las jurisdicciones con indicadores más altos de embarazo en adolescentes. Quienes residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene aun espacios donde atenderse, pero la situación recrudece en el interior del país.

Evelin tenía 15 años en el 2018 y cursaba el tercer año de secundaria en la localidad Fuerte Esperanza, en la provincia de Chaco, cuando por primera vez pudo evacuar sus dudas sobre educación sexual con un asesor del Plan ENIA que trabajaba en su escuela. “Por primera vez me hizo sentir escuchada y comprendida. La primera vez que fui a la asesoría fue para preguntar cómo cuidarme. Me daban mucho miedo las enfermedades de transmisión sexual y no sabía cómo relacionarme con alguien de manera segura”, detalló la joven, que pudo acceder a estudios de sangre y apoyo médico.

Evelin resaltó la importancia de estos espacios ya que “en su pueblo no había profesionales capacitados en la materia” y “en su escuela no se hablaba de temas relacionados a la sexualidad”. Por eso, ella asegura que este desguace “afecta principalmente a los adolescentes de contextos más vulnerables” como en las zonas rurales. “En provincias como el Chaco, hay comunidades que no tienen acceso a educación y a salud. Esto hace que muchos adolescentes no cuenten con información necesaria y crezca la desigualdad entre quienes viven en zonas rurales con los que viven en ciudades, por ejemplo. Sacaron el único espacio de apoyo que teníamos”.

Esto, Evelin lo dice de primera mano: “Yo conozco a chicos en esa situación, que ahora se quedan sin acceso a información confiable, sin un espacio donde podían buscar ayuda en casos de abuso o violencia. Esas asesorías eran su única fuente de apoyo, y hoy no saben a dónde acudir”.

Resultados el Plan ENIA

“El embarazo en la adolescencia no es un problema individual, sino social. Vulnera derechos, se asocia con riesgos más altos de salud para las adolescentes y sus hijos, impacta en la continuidad educativa y en las oportunidades laborales, y reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza”, explica Valeria Isla, ex directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva y una de las referentes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

Los datos respaldan su mirada. Entre 2018 y 2023, el Plan ENIA evitó casi 94 mil embarazos no intencionales. En ese período, más de 249 mil adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración y se capacitaron más de 23 mil profesionales de la salud y 20 mil docentes. El programa, además, generó un retorno social estimado en 4,3 dólares por cada dólar invertido, un indicador que suele usarse para medir la eficacia de las políticas públicas.

Pero los números no alcanzan a reflejar del todo el alcance territorial de la política. El Plan garantizaba asesorías en salud integral dentro de escuelas, centros de salud y espacios comunitarios; aseguraba acceso gratuito a métodos anticonceptivos modernos; y fortalecía la Educación Sexual Integral con formación docente y acompañamiento institucional. También ofrecía dispositivos comunitarios para adolescentes que estaban fuera de la escuela.

Una de sus mayores virtudes fue incorporar la prevención, detección temprana y abordaje del abuso sexual como parte de su estrategia. A través de acuerdos interinstitucionales y protocolos, los equipos territoriales lograron identificar situaciones de abuso en escuelas y comunidades donde antes quedaban silenciadas. “Eso cambió la respuesta del Estado: se formaron equipos, se articularon sectores y se fortaleció la capacidad institucional para acompañar a adolescentes en situaciones críticas”, destaca Isla.

El contraste con el presente es evidente. Sin equipos estables ni presupuesto, esos espacios de asesoría y acompañamiento desaparecieron.

Una política que demostró funcionar

Desde las organizaciones feministas y de salud comunitaria insisten en que lo que está en juego no son números, sino vidas concretas. Porque cada embarazo adolescente evitado es una oportunidad de futuro preservada, cada asesoría abierta fue una puerta a la información y cada intervención temprana significó detectar un abuso que de otro modo hubiera quedado oculto.

Hoy, en el Congreso, distintos proyectos de ley buscan recuperar los aprendizajes y resultados del ENIA para reinstalar una política integral de prevención del embarazo adolescente. La apuesta es que la experiencia, la evidencia y los indicadores positivos logrados entre 2018 y 2023 no queden como un capítulo cerrado. “Las políticas públicas no pueden depender de la voluntad de un gobierno de turno. El ENIA probó que invertir en adolescentes no es un gasto, es construir un país con menos desigualdad”, resume una de las especialistas consultadas.