Una mujer y cinco allegados fueron imputados por la justicia por haber gastado dinero que el gobierno de San Luis le depositó por error. La mujer debía recibir fondos por la cuota alimentaria, pero se le habían depositado más de $500 millones. Deberán pagar una fianza para mantenerse en libertad.
El gobierno de San Juan congeló la cuenta y ordenó allanamientos y secuestros de bienes de Verónica Acosta, la principal implicada, y cinco allegados identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil. Luego, la mujer fue imputada y los allegados acusados de defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos.
El 6 de mayo, Acosta, oriunda del municipio de Villa Mercedes, recibió más de $500 millones de pesos. “Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”, expresó la mujer ante los medios locales.
Con ese dinero, la mujer realizó 66 transferencias, compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila de inodoro. “Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir”, explicó Acosta.
El error administrativo fue detectado por el tesorero de la gestión local e hizo la denuncia del episodio. El 90% del dinero transferido fue devuelto voluntariamente y algunas de las cuentas fueron bloqueadas.
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La fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, afirmó que se trató de una “maniobra delictual”, cuyo objetivo fue vaciar la cuenta en beneficio propio. La jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que Acosta y sus cinco familiares deberán pagar $30 millones en el lapso de tres días hábiles y en concepto de fianza para evitar su detención.
La defensa apeló la imputación y el monto establecido a modo de caución, el cual calificó de “exorbitante e imposible de cumplir”. El abogado Hernán Echevarría alegó que los implicados “son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe".
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