En 2024, el gobierno de Javier Milei ajustó las partidas ambientales entre un 34% y 81% y en lo que va de 2025, un año marcado por los desastres naturales que se vivieron con los incendios en el sur y los temporales en Bahía Blanca, desmanteló y subejecutó programas clave como el “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos", que sufrió una reducción del 99,96% en términos reales. "Había plata y eligen no usarla. Recién lo hicieron cuando todo se volvió mediático", denunció en diálogo con El Destape Matías Cena Trebucq, quien publicará el jueves un informe detallado de la motosierra de este Gobierno a los recursos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, como parte del estudio que realizó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en base a datos oficiales. Mientras tanto, la gestión que niega el cambio climático busca avanzar en la fusión del Instituto Geográfico y el Servicio Meteorológico Nacional, donde sus trabajadores advierten que ya hoy no cuentan ni con los termómetros necesarios para su labor diaria.
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El sesgo ideológico de Milei, quien negó más de una vez el calentamiento global y el impacto de la actividad humana, tuvo su correlato en el ajuste que se llevó adelante en la Subsecretaría de Ambiente en lo que va de la gestión. La falta de inversión y prevención dejó en evidencia sus consecuencias: un Estado con escasas herramientas para prevenir y enfrentar los incendios y reducir las pérdidas y daños que causaron las inundaciones, de acuerdo a la FARN, que analizó al detalle las partidas destinadas durante 2024 y reveló que la Subsecretaría sufrió un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales, operando con menos de una cuarta parte de los fondos utilizados en 2023.
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"Vemos que quedan desfinanciadas áreas como el cuidado del ambiente, todo lo que tiene que ver con bosques ni siquiera se ha ejecutado y no se realizaron obras. El superávit se genera a partir de no ejecutar cosas que deberian estar realizándose y que tienen un impacto directo en la calidad de vida", alertó Cena Trebucq, quien puso también el acento en que el desfinanciamiento se terminó de completar con subejecución. Este medio se comunicó con fuentes de la Subsecretaría, pero no hicieron comentarios al respecto.
La falta de prevención tiene efectos concretos. Esto se pudo ver en los incendios en la Patagonia y Corrientes, que dejaron víctimas fatales y destruyeron más de 100 viviendas. Por otro lado, en las inundaciones en Bahía Blanca, con 17 víctimas fatales (tras el reciente hallazgo del cuerpo de la niña Pilar Hecker) y destrozos en toda la provincia. De acuerdo a la organización estos desastres "evidencian la necesidad urgente de adaptar nuestras ciudades al cambio climático para evitar nuevas pérdidas económicas y humanas irreparables".
Las prioridades del Gobierno parecen ser otras. Puntualmente, la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” pasó de $37.155 millones en 2023 a $46,6 millones, una reducción del 99,96% en términos reales. Además, días previos a que se produzca la tormenta, el Gobierno decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, echando o poniendo a disponibilidad a sus 485 empleados. El economista explicó que el Gobierno optó por financiar la reconstrucción de casas en Bahía Blanca, para los que se destinaron 10 mil millones de pesos, a través de los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional pero no utilizó el total del dinero que estaba disponible en el marco del programa para extremos climáticos.
"En 2024, el Fondo ATN recaudó $679.897 millones, de los cuales solo se ejecutaron $49.800 millones. A su vez, al 31 de marzo de 2025, ya se habían recaudado $209.276 millones, pero únicamente se ejecutaron $47.000 millones. Estos datos reflejan que el Gobierno nacional está reteniendo más de $792.373 millones que, según la normativa vigente, deben ser distribuidos entre las provincias y destinados a la atención de emergencias", advirtieron desde FARN. De acuerdo a Cena Trebucq, en el caso de los incendios, la ejecución estuvo emparentada con la cobertura mediática. "Ahí veíamos recién ejecución presupuestaria y eso se puede ver con los datos del presupuesto".
Ante el desastre, más motosierra
La política ambiental está en jaque. Con las consecuencias aún palpables de las inundaciones en Bahía Blanca, el Ministerio de Defensa presentó una propuesta para unificar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico (IGN).
Más allá de que las funciones que realizan son diametralmente diferentes, los trabajadores advierten que ya se estaba llevando adelante allí un ajuste por goteo y que no cuentan con los insumos básicos para llevar adelante sus tareas, luego cuestionadas por el mismo Gobierno. "No se está pudiendo comprar termómetros para hacer mediciones ni se está pudiendo pagar el arreglo de un radar meteorológico. "El recorte presupuestario quizás hoy por hoy no se ve al 100%, pero prontamente no vamos a tener recursos instrumentales para poder llevar a cabo las tareas. Y si a ese recurso presupuestario le sumás los despidos que tuvimos, que ya hace que pierdas recurso humano fundamental para llevar a cabo las tareas y si a eso le sumamos el éxodo de profesionales que se está dando porque desde el año pasado hasta ahora ya son más de 60 personas las que renunciaron son un montón de funciones que no vas a poder cubrir", alertó a este medio Silvina Romano trabajadora y delegada por ATE dentro del SMN.
Los trabajadores tuvieron que tolerar además el ninguneo de los funcionarios. En conferencias de prensa, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sembró dudas sobre el desempeño de los técnicos del SMN horas antes del fatal desenlace en Bahía Blanca. Pero el SMN tiene dentro de sus funciones la emisión de alertas de acuerdo a protocolos. Y son los funcionarios quienes tienen la voz cantante. "A quienes nos responsabilizan, como en este caso fue Patricia Burlich, le diría que primero se informe y luego que no mienta, porque nosotros respondimos a los protocolos de alertas, nosotros informamos al SINAGIR y el SINAGIR precisamente depende del ministerio que ella conduce. Nuestro servicio actuó en tiempo y forma, y en forma correcta, obviamente", puntualizó Romano.
Tras el ataque, llegó la propuesta de fusión que presentó Luis Petro a fines del mes pasado y fue enviada al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de su par Sturzenegger, para analizar en conjunto las posibilidades de fusionar el SMN y el IGN. En una carta a la que tuvo acceso este medio, el presidente del IGN, Jorge Machuca, les aclaró que "en ningún país del mundo el SMN y el IGN están fusionados". "Afirmar que se eliminaría la duplicidad de los esfuerzos y recursos y que se optimizaría el uso del personal y equipamiento es nuevamente desconocer el perfil de los profesionales y técnicos de ambos organismos como del equipamiento en sí mismo, de las tecnologías empleadas y hasta las capacitaciones requeridas", enfatizó el director.
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