La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomó una decisión importante al eliminar 23 resoluciones generales que imponían requisitos a cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas. Esta medida se inscribió en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos, que buscó reducir el arancel del 10% aplicado recientemente a productos argentinos.
El anuncio se formalizó con la Resolución General N° 5693/2025, firmada por Juan Alberto Pazo, titular del organismo, y publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo. A partir del 10 de mayo, ya en vigor, la normativa dejó sin efecto a las disposiciones emitidas en 1998 y 1999, relacionadas con el canal rojo de selectividad dentro del sistema aduanero.
Desde el Gobierno de Javier Milei señalaron que esta medida de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “ayuda al proceso de liberar el comercio”, y destacaron que eliminar estos requisitos representó un paso hacia muchos puntos incluidos en el informe anual de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), el cual mencionó las principales barreras que, según Washington, complican el comercio bilateral con Argentina. La simplificación y desburocratización son claros objetivos aquí, según lo que aseveraron desde el Estado nacional.
Las normativas derogadas exigieron que representantes del sector privado estuvieran presentes en las inspecciones físicas cuando la mercadería caía en el canal rojo. ARCA indicó que este esquema era poco efectivo, con una participación mínima de estos representantes y una planificación que generaba demoras operativas y aumentaba costos tanto para el Estado como para los operadores privados.
Qué repercusiones tuvo la decisión de ARCA
La decisión se adoptó tras advertencias de áreas técnicas en la Dirección General de Aduanas, que detectaron que el sistema vigente tenía baja concurrencia por parte de las entidades observadoras y causaba retrasos innecesarios en los trámites. Las verificaciones debieron coordinarse con tiempo para que estas organizaciones pudieran enviar un representante, convirtiéndose en un proceso costoso y poco útil.
Desde el sector privado, la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) mostró su apoyo a la resolución tomada por el organismo creado el año pasado para reemplazar a la AFIP. Fernando Furci, CEO de la CIRA, cuestionó: “En primer lugar, hay que preguntarse qué justificación había para que un representante de una cámara local tenga que verificar el cumplimiento de normas de importación cuando hay personal de Aduana competente a nivel técnico y académico para hacerlo”.
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