Mapa del deterioro: con la desregulación laboral, la informalidad se disparó en cada rincón del país

En pleno avance del proyecto de reforma laboral regresiva que impulsa el Gobierno nacional, la radiografía del mercado de trabajo muestra que, a lo largo del país, la informalidad laboral se volvió la regla y no la excepción. En tres de las seis regiones argentinas -NOA, NEA y Cuyo- más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin registrar, sin aportes y sin ingresos suficientes para sostener una canasta básica. Se trata del nivel más alto de los últimos 17 años y expresa un deterioro que golpea con más fuerza a pequeñas empresas y cuentapropistas, donde la informalidad supera el 60%. Esto evidencia que, lejos de generar empleo formal, la desregulación aplicada desde 2024 convivió con la pérdida de más de 220 mil puestos asalariados y el cierre de casi 20 mil empresas.

La respuesta del Gobierno libertario, sin embargo, apunta en otra dirección. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, argumentó que el problema radica en la “unicidad salarial” y que, "si las provincias del NOA pudieran imponer salarios más bajos que los del AMBA, el empleo regional crecería un 16%". Esa presunta solución descansa en un supuesto directamente improbable: que reducir la masa salarial no afecta las ventas de las empresas ni la demanda de trabajo. En la vida real, donde los salarios de los trabajadores son motor del consumo, las cifras muestran otra cosa: más desregulación, más precariedad y más trabajadores pobres.

Mayor desigualdad territorial

Tras la envión electoral, el Gobierno nacional que conduce Javier Milei, busca avanzar en un proyecto de reforma laboral regresiva. Si bien el argumento del oficialismo recae en la necesidad de “modernizar” la legislación vigente lo que, sostiene, tendría impacto positivo en la cantidad de puestos de trabajo, lo cierto es que en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y pese a los cambios ya implementados desde 2024 con el capítulo laboral de la “Ley Bases” ni el “blanqueo laboral” (promovió la condonación de deudas de Aportes y eliminación de multas a empleadores), ni el fondo de cese (en reemplazo de indemnizaciones) ni el esquema de “trabajadores autónomos con colaboradores” que facturan como monotributistas, generaron más puestos de trabajo de calidad.

Así lo demuestran los datos oficiales: cuando terminó, en diciembre de 2024, habían entrado por el blanqueo 16.000 trabajadores, pero en el país se habían perdido 111.000 puestos privados registrados.  De hecho, desde que asumió la gestión libertaria, en el país hay 19.164 empresas registradas menos. Las unidades productivas caen en todo el país menos en Neuquén con un magro saldo positivo de 7 empresas. Las más damnificadas son las provincias con un alto componente industrial como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

En cuanto al empleo privado registrado, la dinámica es parecida, crece el empleo en provincias con recursos naturales, pero no llega a compensar a las otras 20 provincias que están perdiendo empleos. Si se compara contra noviembre de 2023, antes del inicio del gobierno actual, se destruyeron un total 223.796 puestos asalariados. De hecho, el golpe más fuerte lo sufrió el sector privado que ya está en los niveles más bajos desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. A nivel provincial solo tuvieron un desempeño positivo respecto de dos años atrás, Neuquén (+2,9%) y Mendoza (+1,4%). 

No obstante, para entender el escenario actual resulta clave pone el ojo en la situación de la informalidad laboral. Una radiografía de las provincias (en base a datos oficiales) permitió apreciar que esta problemática creció en las regiones del país con niveles que -incluso- superan en más de diez puntos al ya elevado porcentaje nacional. 

Al respecto, el 43,2% de las y los asalariados argentinos trabajan de manera informal y, de ese total, cinco de cada diez son pobres es decir que, pese a estar ocupados, como consecuencia de las malas condiciones laborales, no llegan a cubrir una canasta básica de bienes y servicios para sus familias. Si se desagrega ese empleo informal se observa que los asalariados tienen una tasa de informalidad del 37,7%, mientras que en los trabajadores por cuenta propia escala al 62,5%.

Los datos se desprenden del último informe presentado por el Área de Empleo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA) y muestran que, en el segundo trimestre de 2025, al menos cuatro de cada diez trabajadores no estaban registrados en la Seguridad Social, es decir, no estaban cubiertos por la legislación laboral, dando cuenta de un aumento de 1,6 puntos respecto de un año atrás. “La mirada de largo plazo (desde 2003) ubica a la tasa de informalidad asalariada en un valor idéntico al observado en el cuarto trimestre de 2008. Asimismo, es el valor más alto desde ese momento (o sea, de los últimos 17 años), con la única excepción del segundo trimestre de 2022”, aclararon los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria. 

A su vez, si se pone la lupa en lo que sucede a la largo y ancho del país se observa que la informalidad se disparó y en tres de las seis regiones del país ronda o supera el 50%. Así, los resultados por regiones son poco alentadores: sólo tres arrojaron tasas de informalidad más bajas que el promedio (Gran Buenos Aires: 40,2%; Región Pampeana: 41,1% y la Patagónica: 25,4%). Por el contrario, las regiones Noroeste (NOA), Cuyo y Nordeste (NEA) son las que exhiben mayor incidencia, con tasas superiores a la media del país (52,6%, 51,3% y 48,0%, respectivamente).

En sintonía, cuando se desagrega a nivel de aglomerados se detecta que “los correspondientes a la región Patagónica están entre los de menores tasas de informalidad desde Ushuaia – Rio Grande con 18% hasta Viedma – Carmen de Patagones con 32%”, sin embargo, los valores de las otras regiones indican situaciones muy heterogéneas. Por ejemplo, en NOA, La Rioja tiene una tasa de informalidad de 42,3%, mientras que Gran Tucumán – Tafí Viejo exhibe la tasa más elevada entre el total de los aglomerados de casi 60%. En Cuyo, por su parte, Gran San Luis presenta una tasa del 47,1%, mientras que la de Gran San Juan se eleva a 56,7%.

En cuanto a las ramas de actividad de mayor peso en cada provincia, presentan características disimiles. Así, por ejemplo, el Sector Público (que incluye tanto la administración pública como los servicios de educación y salud públicos) y los Servicios Financieros, tienen una incidencia del 9,0% y 20,9% en la informalidad mientras que, en otra punta, es posible detectar entre los más afectados al Servicio Doméstico y la Construcción (75,4%, cada uno).  A su vez, es el Comercio el que muestra la mayor proporción del empleo informal total tanto porque tiene una incidencia mayor al promedio (51,6%) como porque concentra un porcentaje importante del empleo asalariado total (22,4%), de acuerdo al informe “Panorama del empleo asalariado informal y la pobreza laboral”. 

Si se suma otra variable de análisis vinculada al tamaño de la empresa se advierte que la tasa de informalidad en establecimientos de más de 40 asalariados es del orden del 12,1%, en tanto que se eleva al 65,3% en empresas de hasta 5 asalariados (el empleo en pequeñas empresas da cuenta de casi el 50% del empleo total). Frente a ello, la reforma laboral que aprobó el gobierno de Milei en 2024 incentivó que un trabajador "independiente" pueda contratar "hasta otros tres trabajadores independientes (colaboradores) para llevar adelante un emprendimiento productivo”, es decir que, lejos de incentivar la creación de fuentes de trabajo formales se termina legalizando la informalidad ya vigente.

Por último, otro punto a considerar tiene que ver con el nivel educativo. En lo concreto, la tasa entre los asalariados con nivel educativo universitario completo fue del 17,1%; porcentaje que escala 24,4 puntos porcentuales adicionales (41,5%) entre los trabajadores con nivel educativo intermedio (secundario completo o universitario incompleto), para alcanzar el 64,6% entre los trabajadores que no completaron la educación media. En otras palabras, los trabajadores de menor nivel educativo experimentan una probabilidad de ser informales cuatro veces más elevada que la quienes lograron acceder a un mayor nivel educativo.

Deterioro en las condiciones de vida

La Libertad Avanza (LLA) dejó trascender que la propuesta de reforma que buscaría tratar una vez conformado el nuevo Congreso el próximo 10 de diciembre podría incluir acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad), aumentos salariales por productividad, extensión del horario laboral, indemnizaciones en cuotas, nuevo régimen de vacaciones, entre los puntos principales. 

No obstante, la política económica de la administración nacional impactó en las condiciones de vida que se agravaron: la brecha salarial entre asalariados registrados e informales evidencia una “penalidad” salarial del 44%. Esto es: si un asalariado formal tiene un salario mensual de 100.000 pesos, un trabajador informal con igual nivel educativo, edad, en la misma región, trabajando en la misma rama de actividad y en una empresa de igual tamaño tiene una remuneración mensual de 56.000 pesos. Como resultado, crece la cantidad de informales en los deciles de menores ingresos de la población. En detalle, en el primer quintil de ingresos laborales (20% de trabajadores con menores salarios) ocho de cada diez trabajadores tienen un puesto informal. En contrapartida, en el 20% de mayores salarios, la incidencia se reduce a 9%.

Lo anterior da cuenta del creciente fenómeno de trabajadores pobres, es decir, personas que aún con un puesto de trabajo viven en situación de pobreza. Al respecto, casi el 25% del conjunto de los asalariados vivían en un hogar pobre, lo que asciende al 42% entre los informales. Cuando se hace la comparación entre el ingreso laboral mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos (línea de pobreza individual) también se observa una gran discrepancia ya que mientras que el 40% de los ocupados informales recibe un inferior al valor de esta canasta, ello sucede en el 5% de los formales. En definitiva, “estas cifras muestran que tener un puesto de trabajo en Argentina no es un reaseguro para vivir fuera de la pobreza”, alertaron desde el IIEP-UBA.

Respecto de la reforma laboral que busca el gobierno, el economista Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) analizó que “bajo la retórica de la “modernización” se esconde un programa que persigue abaratar el trabajo, facilitar el despido, descentralizar y fragmentar la negociación colectiva y limitar el poder de los sindicatos. La experiencia internacional -y la propia historia argentina- demuestra que las reformas flexibilizadoras no generan más empleo ni reducen la informalidad, por el contrario, amplían la desigualdad y precarizan el trabajo”, consideró.

Por su lado, el especialista Luis Campos del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma, resumió el espíritu de la reforma laboral en que "no modifica la situación de los ocupados informales (solo pierden la chance de conseguir algo mejor), le saca derechos (muchos) a los asalariados formales y debilita la capacidad de acción sindical” y recordó que “lo único que sabemos es que si la economía no repunta, el empleo no va a crecer, por más modificaciones regresivas que se impulsen en la legislación laboral. Por lo pronto, el mercado laboral sigue ofreciendo malas noticias”, publicó.

Así las cosas, la mayor desprotección del trabajador presentada como “beneficio” para incentivar la contratación, lejos de evidenciarse en la práctica, dejó una profundización de problemas estructurales: se apuntó a cambios regresivos que perjudicaron a las y los trabajadores al "legalizar" condiciones precarias de contratación lo que, a su vez, no solo afecta las condiciones presentes, sino a la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio, con mayor caída del poder de compra del salario. Por último, las propias estadísticas oficiales muestran que la mayor desregulación laboral no crea empleo, ya que la contratación está directamente vinculada al nivel de actividad (desde hace meses estancado).