Milei construyó un esquema de "guaridas fiscales virtuales"

La administración de Javier Milei se mueve en la opacidad, tal como quedó expuesto con la estafa de la criptomoneda $Libra. No hubo ningún error de cálculo. La Libertad Avanza tomó el Estado para crear su propia estructura de legalidad fraguada. El 25 de marzo de 2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) creó el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (RG N° 994) en el marco de una normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF) para prevenir el lavado de activos y la proliferación de esquemas de criminalidad económica asociadas al universo cripto. Todo tiene que ver con todo.

Según consta en la página web de la CNV, existen 131 personas jurídicas inscriptas y 12 personas humanas. Entre la información que se ofrece públicamente aparecen la razón social, el número de CUIT y el sitio web correspondiente.

Del total de las sociedades incluidas en el registro, 14 poseen su sitio web “en construcción” y tantas otras poseían sus páginas de internet caídas al momento del cierre de esta nota. De acuerdo a la información oficial, 31 “sociedades” estarían radicadas en el extranjero (El Salvador, Bermudas, México, entre otros países). En cuanto a las personas humanas, existen tan solo 9 individuos.

A la CNV no se le debió haber escapado la estafa cripto pergeñada desde el mismo seno de la Casa Rosada vía los hermanos Milei. Estaba obligada a realizar un control según la ley 27.739 (marzo 2024), que modificó el sistema de prevención del lavado de activos. El artículo 38 de dicha normativa establece que la CNV "establecerá y regulará los parámetros que deberán seguir los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales para la prestación de sus servicios".

Pero sus autoridades actuaron como ojos ciegos del esquema de legalidad fraguada pergeñado por los hermanos Milei. De ahí la relevancia de la reciente renuncia de Sergio Morales, asesor de la CNV en criptomonedas, e investigado por el fiscal Eduardo Taiano en el marco de la causa $Libra. Todo tiene que ver con todo.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, escribió el fiscal al inicio de la investigación penal.

Morales –quien también trabajó para Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia-  fue uno de los que ingresó a la Casa Rosada junto a Mauricio Novelli (Tech Forum) el pasado 11 de junio.

Guaridas fiscales virtuales

“Las criptomonedas funcionan como un canal óptimo para la fuga de capitales y la evasión fiscal, representan un espacio desregulado que conforma un nuevo tipo de guarida fiscal”, sostiene Magdalena Rúa, autora del texto "Criptomonedas y opacidad", incluido en el libro "Criptomonedas, un desafío al Estado y a los bancos” (Martin Burgos y Sofia Scasserra).

En diálogo con El Destape, Rúa sostuvo que más allá de haberse creado el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (en la órbita de la CNV), “el desafío radica en asegurar el cumplimento efectivo de esa normativa por parte de todos los actores incluidos, así como avanzar en sistemas de monitoreo de las operaciones realizadas con criptomonedas, para que las autoridades competentes puedan obtener y mantener actualizada información precisa del remitente y del beneficiario de las operaciones”. Es decir, los ojos del Estado puestos en la trazabilidad de las operaciones. Algo imposible de concretarse si el regulador a cargo – en este caso Sergio Morales – también formaba parte del esquema de criminalidad económica.

Por cómo está diseñado, el universo cripto favorece la opacidad y el anonimato a partir de su esquema descentralizado. “La ausencia de una regulación integral a nivel nacional e internacional y, por tanto, la falta de control y monitoreo y la trazabilidad limitada de estas operaciones, las vuelve vulnerables a la criminalidad y al lavado de dinero. Las criptomonedas funcionan como instrumentos permeables a la delincuencia organizada, ya que en ciertas ocasiones permiten ocultar la identidad del beneficiario final”, enfatizó Rúa.

Desde el Observatorio de Economía Política (OCP) de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) – y su diplomatura Cuestiones socioeconómicas fundamentales para la Argentina actual, coordinada por Ricardo Aronskind- agregaron que la falta de regulación estatal agrava estos riesgos, ya que en el ecosistema cripto no siempre hay mecanismos de protección para los inversores, como los que existen en los mercados financieros tradicionales. A esto se le sumaría el anonimato de este esquema “descentralizado”.

“La pseudo anonimidad de las transacciones en blockchain dificulta la identificación de los responsables. Esta ausencia de control facilita el surgimiento de estafas y genera un entorno en el que los inversores, especialmente los menos experimentados, quedan expuestos a prácticas abusivas”, explicaron desde el OCP.

Pensar el sistema

El avance de las criptomonedas y su tecnología asociada crece a un paso que no tiene correlación alguna con los intentos legislativos que buscan regular su existencia.

Estas tecnologías surgieron como un nuevo ámbito, desgobernado y anárquico, ubicadas en muchos casos por fuera del marco internacional vigente. “Si bien puede ser un instrumento innovador, en algunos casos también representa una herramienta exitosa para la criminalidad económica y la delincuencia organizada”, señaló la especialista Magdalena Rúa.

Es decir, existen pocas fuentes de información que permitan unir operaciones entre personas humanas o jurídicas que tienen por objetivo ocultarse. “Por lo tanto, la utilización de las criptomonedas para canalizar los fondos provenientes de actividades ilícitas tiende a ser una de las principales herramientas utilizadas por los criminales”, concluyó Rúa.

Quizás, el desafío del actual escenario pase por seguir pensando las reglas del sistema, tal como señalaron desde el Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Los usuarios de criptomonedas pueden registrarse, por un lado, en un “Exchange” con amplias posibilidades de fraguar la identidad del propietario y obstaculizar la trazabilidad nominativa de las operaciones. Hay gran cantidad de Exchange desregulados o muy poco regulados.

“La implementación de marcos regulatorios adaptados, como licencias para exchanges, auditorías obligatorias para proyectos cripto y normativas contra el lavado de dinero, permitiría mitigar los riesgos de las criptomonedas sin sofocar el desarrollo del sector”, enfatizaron desde el OEP.

En esta línea, desde el OEP agregaron que “sería crucial fomentar la educación financiera en la población para que los usuarios puedan evaluar con criterio la viabilidad y seguridad de las inversiones en activos digitales. Es decir, una combinación de regulación e información como paso esencial para que las criptomonedas puedan integrarse de manera segura y eficiente en el sistema financiero global.