El Gobierno nacional está nervioso. De ahí las bravuconadas de sus ministros (incluidas las del presidente Javier Milei), sobre los proyectos debatidos y aprobados en el senado vinculados a las jubilaciones y las pensiones por discapacidad que están lejos de impactar de manera negativa en las cuentas fiscales de la administración central, ya afectadas por el propio ajuste realizado desde el Poder Ejecutivo.
El llamado paquetazo legislativo impulsado por la oposición tendría un potencial impacto fiscal del 0,73% del Producto Bruto Interno (PBI). Si se lo mide con el objetivo de máxima planteado por el propio Milei –llegar al 1,6% de saldo favorable-, el Gobierno todavía tendría resto en sus cuentas fiscales. Pero para Milei, el tema de fondo es continuar con su quita permanente de derechos.
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El Destape dialogó con Haroldo Montagú, economista en jefe de la consultora Vectorial. “Si pensamos que los costos de estas medidas aprobadas en el Congreso pesan más o menos lo mismo en términos del PBI que el superávit proyectado por el Gobierno nacional, eso achica un poco la magnitud de las consecuencias negativas señaladas por las autoridades nacionales”, manifestó el economista.
Esta es solamente una parte de la película que se cuenta el Gobierno sobre los alcances del superávit fiscal. Por lo bajo del discurso oficial, hay trampa.
“El resultado primario de 2024 fue del 1,5% del PBI pero el propio FMI recalculó que si el Tesoro hubiera contabilizado dentro de ese resultado los intereses capitalizados y no pagados por algunos bonos, dicho superávit habría sido prácticamente de cero. Este es un cálculo que realizó el propio Fondo en el último acuerdo firmado por el Gobierno nacional”, agregó Montagú.
El otro aspecto que no se menciona es que dicho superávit se consigue a fuerza de ajuste del presupuesto, que sigue golpeando en los sectores más vulnerables. Por eso, "la recomposición de las pensiones por discapacidad podría, incluso, potenciar la circulación de recursos y mejorar los niveles de consumo", agregó Montagú. Pero desde el Gobierno nacional no la ven.
El Gobierno aplicó la motosierra y el gasto público anotó una nueva caída interanual durante junio. Al sexto mes del año, la baja del gasto primario fue del 2% interanual, aunque el primer semestre terminó con un incremento acumulado del 2,8% interanual.
Por otro lado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), estimó en 1,2% anual del PBI el costo fiscal de ajustar un 7,2% los haberes, y actualizar el bono en $110.000, junto a la reactivación de la moratoria.
Desde Analytica calcularon el impacto fiscal en lo que resta del 2025. “El 3 de julio se dio dictamen al proyecto de ley que establece un incremento del 7,2% en los haberes como recomposición por la pérdida por inflación durante el primer trimestre de 2024. Otro artículo establece un aumento en el bono de $70.000 a $110.000 (57,1%), y su ajuste posterior aplicando la fórmula de movilidad. También incluye una prórroga en la moratoria previsional. Hay 195.208 personas próximas a cumplir la edad de jubilación que cuentan con menos de 20 años de aportes. De aprobarse la ley estimamos que el costo fiscal extra entre agosto y diciembre estaría en $2,7 billones, lo que representa un 0,31% del PBI”.
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