Con el inicio de mayo, el presidente Javier Milei prepara el terreno para una de las transformaciones más controversiales de su programa económico: la reforma previsional, una exigencia clave del Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con el acuerdo de financiamiento de u$s20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron u$s12.151 millones.
Aunque el texto definitivo del proyecto aún no fue presentado, el Gobierno ya adelantó que la reforma será parte del paquete legislativo que incluye también modificaciones en materia laboral y tributaria. Sin embargo, el contenido de la iniciativa, filtrado a través de informes técnicos del FMI y declaraciones oficiales, revela un impacto directo sobre el sistema jubilatorio argentino y, sobre todo, sobre los ingresos de los actuales y futuros jubilados.
¿Qué contempla la reforma previsional?
De acuerdo con documentos del FMI y fuentes del oficialismo, la reforma busca "garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo" en un contexto de déficit crónico, envejecimiento poblacional y escasez de aportes laborales formales. Los principales cambios que analiza el Gobierno son:
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Aumento progresivo de la edad jubilatoria:
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De 60 a 65 años para las mujeres.
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De 65 a 70 (y eventualmente 75) para los hombres.
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Eliminación de la moratoria previsional: lo que excluiría del sistema a quienes no lleguen con los años de aportes.
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Reducción de jubilaciones sin aportes: menos cobertura social para personas sin historial contributivo.
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Revisión de regímenes especiales: como los de docentes, judiciales, diplomáticos, entre otros.
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Cambio en la fórmula de cálculo de haberes: más alineada al monto aportado, lo que podría reducir los ingresos de quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes.
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Menor subsidio estatal al sistema previsional: se buscaría acotar el peso del sistema en el gasto público total.
Según el oficialismo, el sistema actual es “insostenible” si no se mejora el nivel de empleo registrado. Por eso, el proyecto previsional está directamente vinculado a la reforma laboral, que se presentará primero en el Congreso.
¿Cuándo se enviará el proyecto al Congreso?
El Gobierno planea enviar el proyecto recién a fines de 2026, como parte del compromiso asumido con el FMI. Sin embargo, para avanzar, Milei apuesta a obtener una mayoría legislativa en las elecciones de medio término de octubre de 2025. Si logra los votos necesarios, el debate podría comenzar en sesiones extraordinarias en enero de 2026.
El impacto directo en los jubilados
La suba de la edad jubilatoria es el punto más sensible y resistido, ya que implicaría trabajar más años en un mercado laboral precario y con altos niveles de informalidad, especialmente para las mujeres. Además, la eliminación de la moratoria previsional, que permitió durante años que personas sin los 30 años de aportes accedieran a una jubilación mínima, dejaría fuera del sistema a cientos de miles de personas.
El nuevo enfoque de "contribución definida" —donde el haber se calcula estrictamente en función de lo aportado— también perjudica a quienes han tenido empleo informal, intermitente o con bajos ingresos.
El ajuste ya empezó: reformas de hecho y pérdida de poder adquisitivo
Aunque Milei había negado planes de reforma jubilatoria a principios de su gestión, el comunicado del FMI y las medidas ya aplicadas revelan un proceso de reforma de facto que comenzó en diciembre de 2023:
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Suspensión de aumentos por decreto.
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Congelamiento del bono de $70.000.
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Eliminación de la moratoria.
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Nuevo sistema de movilidad indexado por inflación (DNU 274/2024).
Este último punto es clave: desde julio, los haberes se actualizan por inflación, lo que parece justo, pero en un contexto de aceleración inflacionaria, implica que los aumentos llegan tarde. Por ejemplo, los haberes de mayo subirán solo un 3,7%, mientras que la inflación proyectada para abril y mayo se mantiene en niveles elevados. Además, no se reconocieron retroactivamente los picos inflacionarios de principios de año de 2024.
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