Termina una concesión clave y 500 personas podrían perder su trabajo: "No hay respuestas"

El Gobierno no llamó nunca a la licitación de las rutas 12, 14 y 174, a cargo de Caminos del Río Uruguay hasta el 8 de abril. Desde el Sindicato de Peajes y Afines advierten que no hubo respuestas de Vialidad Nacional ni de la empresa, que "no se hace cargo de las indemnizaciones". 

08 de abril, 2025 | 12.13

Este martes 8 de abril es el último día del contrato de Caminos del Río Uruguay (CRUSA), empresa que tiene la concesión de las rutas 12, 14 y 174, para que se haga cargo Vialidad Nacional. Los trabajadores advierten no solo por la incertidumbre sobre sus puestos de trabajo ante la nula comunicación del Gobierno y de la empresa, sino también por el empeoramiento que causará en el estado de las rutas. 

El viernes pasado, los trabajadores de CRUSA hicieron un paro que tuvo como medida no cobrar peajes en las rutas que administra esa empresa. Sin embargo, desde el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) advirtieron a El Destape que, una vez que Vialidad Nacional comience a administrar las rutas, el Estado nacional no tendrá la facultad de cobrar peajes. "Tampoco pueda ejecutar obras porque no hay presupuesto", agregaron. 

Desde Vialidad Nacional confirmaron a El Destape que quedarán a cargo de la operación y mantenimiento de esos tramos hasta que llegue el nuevo concesionario, estimado para septiembre. Respecto a los cientos puestos de trabajo que se perderán, dijeron que son "responsabilidad exclusiva de la empresa".

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El sindicato explicó que, ante el nulo llamado a licitación por parte del Gobierno nacional, están en riesgo 500 puestos de trabajo. "No hay respuestas del Gobierno y la empresa no se hace cargo de las indemnizaciones", indicaron desde Sutpa ante la pregunta de este portal. 

Qué implica que no haya concesión

En un comunicado difundido en los últimos días, el sindicato alertó por las consecuencias de terminar el contrato de CRUSA sin una licitación. "Esto llevaría a no cobrar peaje por tiempo indeterminado y con ello la calidad de estas rutas, ya en pésimas condiciones, empeoraría aún más. No podemos olvidarnos de lo cuestionado que está dicho organismo que no se hace cargo de las rutas que administra; mucho menos podría hacerlo de las que podría llegar a incorporar próximamente, las cuales son de vital importancia para la conexión terrestre con el Mercosur", remarcó Sutpa.

Asimismo, el gremio señaló que "otro dato a tener en cuenta" es que, "con el fin de la concesión" de las rutas 12, 14 y 174, "las consecuencias no sólo impactarán en los trabajadores de peajes, sino que también afectarán a las economías regionales, desfinanciando todo un sistema que depende de la correcta administración y mantenimiento de estas vías de comunicación".

"La caída de esta concesión implicaría que las rutas antes mencionadas dejarían de tener servicio de grúas, mantenimiento, iluminación, corte de pasto y demás tareas vitales para la gestión de los caminos. Las provincias atravesadas por estas rutas ya han dicho que no tienen el presupuesto para hacerse cargo. A un mes del fin del contrato, el Estado nacional y el Gobierno no toman dimensión del acto irresponsable que representa el no concretar un plan a largo plazo", subrayó el sindicato, con fuertes críticas tanto al Gobierno como a la empresa.

Las otras definiciones del sindicato

Además, en el comunicado, Sutpa expresó: "Como organización, no solo defendemos a los trabajadores y a cada familia detrás, sino que también hemos denunciado públicamente e incansablemente las falencias del sistema vial argentino que afecta
directamente a la integridad de millones de usuarios. En ese sentido, señalamos constantemente el atraso tarifario del 300% que afecta a las empresas del sector desde el 2018 a la fecha. Teniendo en cuenta que los aumentos prometidos este año por el gobierno de La Libertad Avanza no se viene cumpliendo, nos preguntamos". 

"Caminos del Río Uruguay, Vialidad Nacional y la Secretaría de Transporte dan respuestas esquivas. Somos un sindicato que nunca entró en la disyuntiva entre la administración pública y privada de una concesión, porque entendemos que nuestro deber es defender a los trabajadores para cuidar a la actividad y con ello a los millones de usuarios que transitan por nuestras rutas y autopistas", puntualizó el gremio que conduce María Florencia Cañabate