El Gobierno de Javier Milei avanzó un paso más en su plan de privatizaciones y dio un paso clave en la venta de las acciones de la empresa sanitaria AySA. Además, ordenó la licitación de las acciones de las cuatro principales represas hidroeléctricas del país.
A través del decreto 590/2025 firmado por Milei, Guillermo Francos y Luis Caputo, se autorizó la transferencia y posterior licitación del paquete accionario de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, actualmente bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa).
Las acciones pasarán primero a la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo el proceso de venta mediante un concurso público nacional e internacional, en los términos de la Ley de Reforma del Estado de 1989. La convocatoria deberá lanzarse en un plazo de 60 días, bajo la coordinación del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Hasta que se concrete la operación, las actuales concesionarias —AES Argentina, Enel Generación, Orazul Energy y Central Puerto— continuarán operando las represas, siempre que en cinco días presenten una carta de adhesión al esquema transitorio.
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En ese caso, podrán seguir al frente de los complejos hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se adjudique la venta, lo que ocurra primero, gracias a que a inicios de agosto se prorrogó la concesión, ya vencida, hasta fin de año.
La privatización de estas cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia avanza luego de que, en 2023, vencieran las concesiones aprobadas por 30 años en 1993, las cuales fueron prorrogadas provisoriamente a inicios de 2024. De este modo, el Gobierno avanza con lo establecido en el decreto 718/204 de agosto pasado, publicado una semana después de la reglamentación del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases.
Avanza la privatización de AySA
En simultáneo, se dispuso el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía. De esta manera, se inició la venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, determinó un plazo de ocho meses para completar la operación.
Con la resolución, el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, por medio de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria, a concretar el proceso. Además se ordenó a la Secretaría de Obras Públicas a preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.
Economía precisó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, definir la venta en el plazo de ocho meses y llevar a cabo todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.
El texto publicado hoy remarca que la tasación debe realizarse por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, si esto no fuera posible, podrá recurrirse a entidades internacionales o privadas, que no podrán intervenir en el proceso de adjudicación. De todas formas, la tasación conservará carácter de presupuesto oficial.
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Paralelamente, se informó que el Tribunal de Tasaciones manifestó su “imposibilidad” de llevar adelante una valuación completa de la empresa en un tiempo “razonable”. El esquema de venta combinará dos instrumentos, bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Mientras que sobre el 10% del capital restante, se aclaró que seguirá bajo órbita de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.
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