En una nueva avanzada sobre los derechos laborales, el Banco Central oficializó la reglamentación de las cuentas especiales destinadas al Fondo de Cese Laboral, un mecanismo que busca reemplazar las indemnizaciones por antigüedad previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Se trata de un nuevo paso para detonar el poder de organización de los trabajadores en los lugares de trabajo, desincentivar la agremiación, y desindicalizar el mercado laboral argentino, un objetivo que el Gobierno libertario ya no oculta.
La medida fue formalizada a través de la Comunicación “A” 8288/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Este régimen, de carácter optativo, busca sustituir el artículo 245 de la LCT -que establece el pago de un sueldo por cada año trabajado- por un sistema de aportes mensuales que se canalizan a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), los cuales deben incluir explícitamente la denominación “Cese Laboral”.
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Cómo es el fondo de cese laboral que reglamentó el Banco Central
Los bancos comerciales de primer grado deben habilitar cuentas especiales, con estas características:
- Solo se admiten acreditaciones de aportes patronales, o del trabajador si así lo establece el convenio.
- Los fondos son inembargables, tanto frente a deudas del empleador como del trabajador, y están cedidos condicionalmente a favor del trabajador.
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Uso de la cuenta tras el cese laboral
- Al finalizar la relación laboral, el empleador debe transferir los fondos a la cuenta del trabajador.
- Si no lo hace, el trabajador puede retirar el dinero en ventanilla.
- La cuenta se mantiene activa por 180 días corridos desde el último movimiento, permitiendo su reutilización en un nuevo empleo bajo el mismo régimen.
Obligaciones de los bancos
Los bancos deben:
- Habilitar las cuentas en el menor plazo posible.
- Enviar resúmenes mensuales por medios electrónicos.
- Reflejar saldos en pesos y UVA.
- Brindar acceso por home banking y apps móviles.
Supervisión cruzada del sistema
Un cambio estructural avalado por la Ley de Bases
La iniciativa fue habilitada por el Decreto 847/2024, integrado a la polémica Ley de Bases (Ley 27.742), que ya había generado cuestionamientos por su impacto en derechos laborales. Con esta nueva reglamentación, el Gobierno avanza en la implementación de un modelo que promete “previsibilidad” para las empresas, pero que podría debilitar la protección de los trabajadores frente a despidos.
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