La reforma laboral, que obtuvo ayer media sanción en el Senado, implica que el Estado perderá ingresos para facilitar los despidos, ya que estipula que se reducen las contribuciones patronales de las empresas en la misma medida en que estas destinan más fondos a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Justamente, uno de los puntos clave de la reforma es la creación del FAL, destinado a contribuir al pago de indemnizaciones por despido. Se trata de un mecanismo que obligará a las empresas a financiar mensualmente un fondo propio para cubrir indemnizaciones. El proyecto plantea un cambio profundo en la forma en que se administran los pagos por despido, sin eliminar el régimen vigente pero modificando su funcionamiento práctico.
Específicamente, la creación del FAL se establece en el artículo 58 del proyecto. Según determina, estará destinado exclusivamente a cubrir las obligaciones patronales vinculadas a despidos, preavisos, integraciones y otras compensaciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y estatutos profesionales. El régimen debería entrar en vigencia el 1° de junio de 2026, aunque la fecha podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo por hasta 6 meses.
El proyecto original, que había obtenido dictamen en diciembre, introducía un esquema obligatorio de financiamiento paralelo en el que los empleadores debían aportar un 3% de las remuneraciones de cada trabajador -la misma base utilizada para contribuciones patronales al SIPA- para conformar una cuenta acumulativa.
Sin embargo, entre los cambios introducidos en el proyecto final que obtuvo media sanción en el Senado se encuentra la reducción de este porcentaje y una diferenciación según el tamaño de la empresa. De este modo, la redacción final establece que las cuentas del FAL se conformarán con contribución mensual obligatoria del 1% para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas (sobre las remuneraciones base para contribuciones patronales al SIPA).
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La compensación a las empresas por la reducción de las contribuciones patronales
A priori, esto supondría que la reforma laboral implica una pérdida para las empresas, debido a que tienen que destinar fondos extra para el FAL, hasta ahora inexistente. Pero el proyecto se las arregla para que los empleadores no salgan perdiendo y para que, al contrario, el Estado pierda ingresos para financiar los despidos.
Esto se debe a que, en paralelo, el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado determina, en su artículo 76 que los empleadores "tendrán una reducción en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social equivalente" a lo que aporten para la creación del FAL.
Originalmente, el proyecto que había obtenido dictamen en diciembre pasado establecía una reducción del 3% en la alícuota de las contribuciones patronales para todos los empleadores. Sin embargo, como esto suponía una ganancia neta para las empresas luego de reducirse las alícuotas destinadas al FAL, finalmente se introdujo esta otra modificación paralela que equipara unas y otras.
Así, la reducción de las contribuciones patronales será de un 1% para grandes empresas y de un 2,5% para las pymes, lo que implica una desfinanciación de la seguridad social del Estado, especialmente de la Anses. En cambio, el proyecto de ley estipula que esa misma cantidad será destinada a financiar los despidos de los trabajadores cuando la empresa así lo resuelva.
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