Una reforma tributaria justa y soberana es posible

¿Otra reforma tributaria, justa soberana y equitativa es posible? ¿Es viable perseguir el equilibrio de las cuentas públicas sin sacrificar el acceso de las personas a derechos esenciales? ¿La Argentina puede sacarse de encima el yugo de la deuda externa y de los acreedores multilaterales como el FMI que obturan una mejor distribución de la riqueza y la renta en el país? Cuando la administración Milei se encuentra en la previa de acelerar su programa de crueldad con una reforma laboral e impositiva para seguir beneficiando al capital concentrado, otras miradas políticas son posibles.

El Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), integrado por una multiplicidad de economistas, investigadores y organizaciones (CELS, Futuros Mejores, Amnistía Internacional, IADE, ACIJ por la Igualdad y la Justicia, OCEPP, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung elaboró un documento con un análisis pormenorizado del sistema tributario nacional conjuntamente con una serie de propuestas para ponerlo patas para arriba.

“Tomar medidas concretas para frenar la elusión y evasión de las grandes empresas que desvían ganancias hacia los paraísos fiscales; aumentar la carga impositiva para grandes empresas y grandes patrimonios y al mismo tiempo alivianarla para los pequeños contribuyentes; ponerle un coto al peso de la deuda externa e interna”, son algunas de las premisas publicadas en el documento “Hay otro camino”, presentado en público el pasado jueves.

Si existe una narrativa de la crueldad que atenta contra la construcción de un destino común, hay que construir políticamente otras narrativas. “Hay una ruptura del proceso de comunidad de destino. No hay confianza en el agente político. En las últimas elecciones se votó en contra del peronismo por los errores del peronismo de los últimos 25 años. Tenemos que pensar en la posibilidad de reconstruir ese destino común”, analizó el sociólogo y antropólogo Pablo Semán durante la presentación.

“Tenemos que animarnos a la radicalidad para quebrar esta hegemonía narrativa que establece a la desigualdad como algo natural”, lanzó la economista feminista Corina Rodríguez Enríquez (Conicet, CIEPP, Dawn). ¿Quién se atreverá a recoger el guante?

El gasto público popular

La administración Milei lleva adelante el ajuste más sustancial (y dañino) desde la crisis de 2002, que recayó fundamente sobre el gasto social, al mismo tiempo en que se ampliaron las exenciones y alivios fiscales a los sectores concentrados. En 2024 se perdieron al menos 900 millones de dólares por el efecto directo del abuso fiscal de las grandes empresas, que trasladan beneficios encubiertamente a países de baja o nula tributación. Este es un problema sistémico.

El documento del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) arranca con la siguiente pregunta: ¿Es posible perseguir el equilibrio de las cuentas públicas sin sacrificar el acceso de las personas a derechos esenciales?

Los gastos tributarios incluidos en el Presupuesto nacional funcionan como privilegios fiscales que beneficiaron y lo siguen haciendo de forma desproporcionada a los sectores de mayores ingresos. En 2024, los gastos tributarios representaron una renuncia de recursos cercana a 3,4% del PBI. Esto equivale al presupuesto de los ministerios de Economía, Seguridad, Defensa, Salud, Justicia, lo que era el área de Infraestructura y el Poder Judicial y Legislativo juntos.  

Uno de los ejemplos más emblemáticos ocurre con Mercado Libre beneficiada con exenciones impositivas a partir del régimen especial para la industria del conocimiento. Nota aparte para la hipocresía de su dueño, Marcos Galperín, que despotrica de manera permanente contra el Estado. Para salir del modelo del ajuste, la desigualdad y los privilegios, el ETFE elaboró una serie de propuestas vinculadas al manejo del gasto público:

• Redirigir las transferencias a la protección social para las infancias.
• Reconstruir las políticas de prevención y atención a las violencias de género.
• Garantizar un sistema previsional inclusivo y sostenible, con una cobertura universal, haberes mínimos ligados a la canasta básica y acceso a la salud y los cuidados.
• Establecer pisos mínimos de inversión en obra pública y servicios de calidad en salud, educación, cuidados, vivienda e infraestructura y acción climática con criterios de equidad territorial.
• Transparentar y revisar los gastos tributarios: publicar beneficiarios, evaluar resultados y eliminar privilegios recesivos.

Una pedagogía sobre los impuestos

La estructura tributaria argentina es regresiva y profundiza la desigualdad. “Hay que dividir la carga de los impuestos que se cobran ya que el sistema depende de los impuestos al consumo”, enfatizan desde el ETFE.

“La leche que se toma en el barrio tributa un 21% de IVA y la leche que se toma en Nordelta también. ¿Y saben lo que pasa ahora? En los barrios se toma mate cocido y no leche. Estamos rifando nuestras niñeces. El poder económico nos quiere como mano de obra barata para el resto del país. Ya no hay movilidad social. Por eso hay que sacarle la careta a esta gente, y sobre todo a este muchacho que se dice experto en crecimiento económico con o sin dinero”, sostuvo Claudia “La Negra” Albornoz, referenta de La Garganta Poderosa en la zona oeste de Santa Fe.

El sistema tributario argentino beneficia a las grandes empresas y a las actividades financieras y rentísticas. “En los últimos dos años se redujo la carga sobre los patrimonios concentrados, se crearon los regímenes especiales para blindar los altos patrimonios, se reinstalaron impuestos a los ingresos que afectan en mayor medida a quienes trabajan”, puede leerse en el documento “Hay otro camino”.

El 40% de lo que recauda el Estado surge de impuestos al consumo como el IVA, mientras que Bienes Personales no llega a recaudar el 0,3% del PBI. La periodista del diario Clarín Silvia Naishtat – quien también participó de la presentación- recordó que este tributo había sido creado por Domingo Felipe Cavallo a pedido del FMI como garantía para aumentar la recaudación y el posterior cumplimiento del pago de la deuda.

Mientras la extrema derecha construye una narrativa para eliminar impuestos –medida que solo beneficiaría a los sectores privados concentrados-, una reforma fiscal debería “equilibrar” la carga de los tributos para “el buen vivir” del conjunto de su población.

Algunas propuestas:

• Fortalecer los impuestos a la riqueza (de manera permanente y no como un ensayo de aporte por única vez). Esto implicaría actualizar las valuaciones de las propiedades para dar cuenta de su valor real, gravar más las grandes extensiones de tierra y las viviendas secundarias y extender el impuesto a la riqueza. A nivel nacional, reforzar Bienes Personales con alícuotas progresivas y valuaciones reales.
• Mejorar la recaudación de los impuestos a las Ganancias de las empresas, principalmente a las más grandes en sectores extractivos y plataformas digitales. Cobrar más a los empresarios que tomen ganancias en vez de invertirlas en sus negocios.
• Aumentar la recaudación del impuesto a las ganancias de personas de altos ingresos, centrada en rentas no salariales.
• Aliviar la presión impositiva sobre los sectores de bajos ingresos mediante la devolución del IVA de manera personalizada; a empleados registrados de ingresos medios aplicando alícuotas más bajas de Ganancias; para las pymes y pequeños contribuyentes, exenciones de Ingresos Brutos y del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios.

El paraíso no es fiscal

La evasión y la elusión fiscal constituyen un problema estructural de la Argentina y la región. No son desvíos puntuales ni casos aislados. Es un sistema que erosiona la capacidad del Estado para garantizar derechos y perpetúa las desigualdades; y es planificado por las mismas corporaciones que explotan los recursos naturales del país y generan fortunas que no llegan a declarar a partir de una planificación fiscal nociva.

Existen grandes empresas que trasladan las ganancias originadas en el país a guaridas fiscales a través de estructuras societarias radicadas en el exterior (un caso podría ser Techint, radicada en Luxemburgo). Son empresas que a través de Mamushkas societarias eluden el pago de impuestos a las ganancias.

El Gobierno de Milei promovió una amnistía fiscal que ofreció beneficios inéditos en relación a experiencias anteriores (los blanqueos también fueron promovidos en los gobiernos de CFK, Macri, y el Frente de Todos) favoreciendo a quienes ocultan su riqueza para no pagar impuestos. Como ejercicio colectivo de una nueva democracia fiscal, cabría preguntarse si los blanqueos fiscales no deberían estar prohibidos constitucionalmente.

De acuerdo al ETFE, la Argentina es el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en guaridas fiscales; además de ser el país que más blanqueos llevó adelante en el mundo. Una cantidad de 8 en los últimos 50 años.

¿Qué se puede hacer ante este desafío? Primero, esbozarlo. La narrativa es potencia:

• Fortalecer la lucha contra el abuso fiscal de grandes empresas, en particular en lo referido a la manipulación de los precios de transferencia en el comercio internacional. Esto debería implicar un cambio en el método de valuación y análisis de los precios de exportación de commodities para evitar el desvío de las ganancias hacia distritos de baja tributación.
• Reformar la fiscalización y cooperación internacional de los criptoactivos, a través de instrumentos como el convenio Crypto – Asset Reporting Framework para acceder a la información internacional sobre tenencias y transacciones.
• Limitar la sanción de nuevas amnistías.
• Transparentar y democratizar el acceso a la información sobre la titularidad de los grandes patrimonios y los beneficiarios de las políticas de incentivo fiscal.

El yunque de la deuda

La deuda (externa e interna) impacta en la vida cotidiana de la población. Cuantos más recursos se destinen al pago de intereses y capital, menos habrá para sostener políticas inclusivas y de desarrollo.

“La crisis de la deuda forma parte de un fenómeno global en donde un número considerable de naciones destina una porción muy importante de sus recursos al pago de sus obligaciones financieras. En el mundo, existen 61 países en desarrollo que destinan más del 10% de su recaudación al pago de intereses y 46 gastan más en deuda que en salud y educación”, indicaron desde el ETFE.

Entre febrero y julio de este año, los intereses acumulados de la deuda pública – tanto del Tesoro como del Banco Central- casi cuadruplicaron los recursos destinados al pago de jubilaciones y pensiones.

“A la deuda hay que auditarla, aliviar su carga y pensar su sostenibilidad con criterios sociales y una perspectiva de derechos humanos. Hay que poner la vida en el centro por sobre el capital. Diría que este es nuestro aporte desde una mirada feminista. Tenemos que animarnos a la radicalidad”, sostuvo Corina Rodríguez Enríquez (Conicet, CIEPP, Dawn).

Entre las propuestas vinculadas a la deuda externa, el documento sintetiza:

• Armonizar las obligaciones internacionales en materia de deuda y de derechos humanos, impulsando alivios de deuda, con evaluaciones y criterios de sostenibilidad que incluya indicadores sociales, ambientales y de género.
• Robustecer el control democrático fortaleciendo los organismos de control existentes, creando mecanismos de participación ciudadana, audiencias públicas y activando plenamente la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda Exterior.
• Fortalecer la coordinación internacional con países del Sur global y participar activamente de espacios multilaterales –como los BRICS- para exigir reglas más justas, mayor transparencia y mecanismos efectivos de reestructuración.

Si alguna vez la Argentina le dijo No al ALCA, por qué no se podría pensar en un nuevo camino que lleve al país a salirse nuevamente y para siempre del yugo del Fondo Monetario Internacional (FMI).