Los empleados de seguridad privada son una pieza clave en el funcionamiento diario de comercios, industrias, edificios y eventos. Su labor, centrada en la prevención, el control de accesos y la actuación ante emergencias, cobra aún más valor en contextos de alta demanda y riesgo. En ese marco, ya se conocen los salarios actualizados que perciben este mes los trabajadores del sector.
El personal nucleado en la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) mantiene vigente la escala salarial acordada en mayo pasado, en el marco de las paritarias llevadas adelante con la cámara empresaria del sector. Aunque el gremio anunció que julio será un mes de revisión, ya que se reabrirá la negociación salarial, los sueldos de referencia siguen siendo los definidos en ese último acuerdo.
Sueldos seguridad privada en julio
A continuación, los salarios brutos mensuales según cada categoría, vigentes en julio de 2025:
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Vigilador General: $1.321.000
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Vigilador Bombero: $1.382.200
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Administrativo: $1.412.200
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Vigilador Principal: $1.443.500
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Verificador de Eventos: $1.382.200
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Operador de Monitoreo: $1.382.200
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Guía Técnico: $1.412.200
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Instalador de Sistemas de Seguridad Electrónica: $1.443.500
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Controlador de Admisión y Permanencia: $1.321.000
Estos valores incluyen adicionales y suplementos, como el plus vacacional, y representan el salario bruto antes de aportes y descuentos. Desde el gremio que conduce Ángel García se confirmó que durante julio se retomarán las conversaciones paritarias con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). El objetivo es recomponer el poder adquisitivo de los salarios, frente a un escenario de inflación acumulada que continúa afectando los ingresos reales de los trabajadores.
El último acuerdo contempló incrementos progresivos entre febrero y mayo, pero ahora UPSRA buscará actualizar nuevamente los haberes para el segundo semestre del año.
¿Qué se necesita para trabajar en seguridad privada?
Los requisitos para desempeñarse como personal de seguridad privada varían según la provincia, ya que se trata de una actividad regulada a nivel jurisdiccional. Sin embargo, en líneas generales, los criterios son similares en todo el país.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, la actividad está regida por la Ley 12.297, que establece una serie de condiciones obligatorias para quienes deseen trabajar en empresas de vigilancia y custodia. Según el artículo 6° de dicha norma, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
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Tener al menos 21 años de edad.
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Contar con formación específica en la actividad, es decir, poseer un título o certificado habilitante relacionado con la seguridad privada.
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Aprobar un examen psicofísico y de aptitud técnica, que deberá renovarse todos los años mediante una constancia emitida por la autoridad competente o por instituciones autorizadas por el Poder Ejecutivo.
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No estar alcanzado por inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley, lo cual incluye antecedentes penales o situaciones que impidan el ejercicio responsable del servicio.
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Cumplir con todas las exigencias complementarias que establezcan la ley y su reglamentación.
Un punto clave que aclara la normativa es que el personal no puede prestar servicios de manera independiente o autónoma, es decir, fuera del marco de una empresa habilitada por el Estado.
Además, la reglamentación correspondiente detalla los procedimientos administrativos, los aranceles asociados a la inscripción y las condiciones para mantener la habilitación vigente.
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