Este sábado entra en vigencia el supuesto “reordenamiento” energético, que, bajo la premisa de un cambio en favor de la “transparencia, competencia y sustentabilidad”, avanzará en una transición tarifaria eléctrica, recomposición de ingresos del sistema hasta el impacto social, accesibilidad y asequibilidad. El nuevo mecanismo concentrará todavía más el mercado energético e impactará negativamente en la capacidad de los hogares para afrontar el costo de las tarifas eléctricas, que podrían volver a un sendero de valorización dolarizada. La Secretaría de Energía publicó en la semana previa a las elecciones una resolución que restablece el esquema de funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual supone volver al modelo de desregulación y dolarización de los ‘90.
La medida implica el retiro gradual del Estado y de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) del rol de intermediario entre generadores y distribuidores, reinstalando “los precios marginales como referencia central” para el costo de las tarifas. Estos cambios buscan restituir plenamente el principio del marginalismo en el cálculo de las transacciones del mercado y eliminar los precios administrados que rigieron desde la crisis de 2001.
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La Resolución 400 de la Secretaría de Energía, publicada el 21 de octubre pasado, plantea como objetivos “asegurar la continuidad operativa y el crecimiento del sistema, así como establecer: (i) un sistema de señales de precios para la demanda de energía eléctrica y (ii) un sistema de remuneración para la oferta de energía eléctrica con base en costos marginales, a los efectos de viabilizar la contratación de energía y potencia, permitiendo así que la demanda gestione su abastecimiento a través de contratos en el Mercado a Término (MAT)”. Según el texto publicado por el Ejecutivo, “busca reformular el actual funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para que los generadores térmicos gestionen por sí el combustible necesario para la producción de energía eléctrica, y que el costo asociado a tal aprovisionamiento sea recuperado a través del Mercado Spot o por las ventas de energía eléctrica en el Mercado a Término”.
Los cambios, que entran en vigencia este 1 de noviembre, plantean un esquema de dolarización y concentración que beneficia a las grandes generadoras y traslada los riesgos cambiarios a los usuarios; el retiro del Estado, con Cammesa perdiendo protagonismo y se consolida un rol meramente regulador en un mercado dominado por privados e impacto social y distributivo recesivo, con aumentos en dólares, pérdida de subsidios y mayor exposición de hogares, pymes y cooperativas.
El programa crea dos figuras clave: Generación Asignada, con contratos bajo control estatal (nucleares, termoeléctricas, binacionales) y Generación al Spot, integrada por las plantas que competirán libremente. A su vez, el nuevo esquema divide el mercado en dos: segmento estacionalizado (hogares, pymes, cooperativas, con energía regulada) y segmento desestacionalizado (grandes usuarios industriales, que podrán contratar directamente a precios libres en dólares).
La vuelta a los '90
La denominada normalización del funcionamiento del MEM, supone volver al espíritu de la legislación de comienzos de los ‘90, que estableció los marcos regulatorios para la operación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. “ Ese esquema había promovido la liberalización y dolarización de los precios y tarifas del subsistema eléctrico argentino, lo que fue complementado con el proceso de desguace y privatización de las actividades, creando nuevos segmentos diferenciados en lo que respecta a generación, transporte y distribución”, señala un informe del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas (IPyPP).
“Los antecedentes de este esquema basado en la desregulación, una laxa intervención estatal y el predominio de los actores privados en busca de garantizar rentabilidad, entró en severa crisis hacia fines de la década de los ‘90 y estalló con la crisis económica de 2001”, agrega el documento. A partir de 2003, el Estado nacional reorientó el funcionamiento del subsector eléctrico y promovió la intervención a través de la Cammesa, donde el Estado participa junto a los actores privados del sistema. A partir de esta Resolución 400, publicada la semana pasada, la Secretaría de Energía plantea “encarar el camino para la reversión del funcionamiento del sector tal como se lo conoció en las últimas dos décadas”.
El nuevo esquema prevé contratos libres entre generadores, distribuidores y grandes usuarios, y una descentralización total de la compra de combustibles. Esto último implica que cada generador térmico deberá adquirir sus propios insumos, mientras Cammesa dejará de cumplir ese rol concentrador y volverá a ser solo el organismo de despacho y liquidación de transacciones. “Aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez”, afirma el informe.
La reforma del sistema una dolarización plena de la generación eléctrica: los precios se determinarán según la última central que entra al despacho (la más cara), encareciendo todo el sistema y atando los valores al tipo de cambio. Se habilita un Mercado a Término de Energía y Potencia, donde grandes usuarios y generadores pactarán libremente precios. También se crean Servicios de Reserva con remuneraciones en dólares: hasta 9.000 dólares por MW-mes para nueva capacidad, un valor que promueve rentas extraordinarias. Según estimaciones oficiales, los grandes usuarios enfrentarán aumentos del 15 por ciento anual en dólares, con picos del 35 por ciento en invierno, lo que implicaría 785 millones de dólares adicionales de ingresos para el sector.
Entre diciembre 2023 y octubre 2025, las tarifas eléctricas subieron hasta un 524 por ciento para hogares y 570 por ciento para pymes, mientras que dos millones de hogares perdieron subsidios eléctricos y 700 mil quedaron fuera del gas. En síntesis, la “normalización” restablece la lógica rentista y dolarizada del sistema eléctrico, transfiriendo riesgos cambiarios a usuarios y debilitando la capacidad del Estado para orientar el desarrollo energético, destaca el texto del IPyPP.
La experiencia recorrida en la década de los ‘90 no fue provechosa en materia de aumento de inversiones que apalancaran la mayor confiabilidad en la oferta de energía eléctrica, al tiempo que se generaron las condiciones para que el funcionamiento desintegrado del sector permitiera un escenario de evasión permanente de responsabilidades por parte de los organismos reguladores del sector público. El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada reproduce el típico círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.
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