Tras la confirmación de la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), por parte del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei, distintos sectores sociales mostraron su repudio hacia esta decisión debido a las consecuencias laborales que implica. En este sentido, la provincia de Formosa fue una de las que más eco se hizo sobre esta noticia debido al impacto directo que tendrá sobre 35 familias.
El INAFCI tenía como función principal reconocer, fortalecer y acompañar a los agricultores familiares en todo el territorio nacional. Estos trabajadores, aunque no encuadran legalmente como pequeños productores, son esenciales en la generación de alimentos y el desarrollo de cordones verdes periurbanos que abastecen a las grandes ciudades. Además, su arraigo en territorios rurales contribuye a evitar migraciones masivas hacia los centros urbanos, lo que a su vez reduce la presión sobre los servicios en las ciudades.
La decisión implica desmantelar un organismo clave para el acompañamiento de quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen en Argentina, según señaló su exdirector Miguel Gómez. En declaraciones con medios locales, Gómez había advertido que, desde la asunción de Javier Milei, el organismo quedó “trunco” y en proceso de desarme, algo que se confirmó con el anuncio oficial realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni.
El funcionario justificó el cierre tras una “revisión de datos calamitosos” y precisó que de los 964 trabajadores del organismo y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, apenas 64 quedarán bajo una nueva dirección nacional.
Sin embargo, desde diversos sectores cuestionan la medida por su impacto directo en la soberanía alimentaria, el desarrollo rural y el sostenimiento del trabajo en el campo. “Si seguimos concentrando, no habrá política que soporte a la gran cantidad de gente que se va a amontonar en las ciudades”, advirtió Gómez, remarcando la necesidad de que el Estado apoye a quienes producen en sus territorios y cuidan el medioambiente. En provincias como Formosa, donde la agricultura familiar tiene un fuerte arraigo, el cierre del INAFCI representa un duro golpe al entramado productivo y social rural.
La situación en Formosa
En conferencia de prensa, el secretario general de ATE Formosa, Carlos Villasanti, expresó su preocupación por la pérdida de empleos y el impacto en las comunidades rurales: “Son alrededor de 35 los trabajadores desafectados, quienes cumplían funciones técnicas en beneficio de pequeños productores agrícolas y ganaderos en distintas localidades”.
El cierre definitivo del IAF en la provincia afecta no sólo a los trabajadores, sino también al acompañamiento técnico que brindaban a sectores más relegados dentro del campo formoseño, quienes, desde la gestión provincial, se impulsa su incorporación al mercado local. Ante esta situación, Villasanti informó que a partir del 17 de julio ATE nacional iniciará acciones legales para representar a los despedidos en todo el país.
Además, el dirigente gremial reclamó por la situación de un integrante de la comisión directiva de ATE Formosa, despedido recientemente. “Ya había sido desafectado durante el gobierno de Macri, pero fue reincorporado por un recurso de amparo. Hoy, su caso está sin resolución en el juzgado federal de Formosa”, explicó, y exigió una pronta definición judicial.
Desde el sindicato apuntaron que estas medidas son parte de un “plan sistemático de vaciamiento” del Estado y advirtieron que seguirán movilizados para defender los derechos laborales en la provincia y a nivel nacional.
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