La Justicia rechazó el pedido de Sujarchuk y mantiene frenado el bingo en Escobar

El Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Zárate-Campana ratificó la suspensión de la rezonificación que habilitaba la instalación de un bingo. La jueza Mónica Edith Ayerbe fue categórica para rechazar el intento del municipio para reactivar la ordenanza 6350/24. Advierte que hay falta evaluación ambiental y que debe intervenir la Provincia. 

02 de octubre, 2025 | 10.01

La pulseada judicial por el futuro del bingo en Escobar sumó un nuevo capítulo. La jueza Mónica Ayerbe, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Zárate-Campana, rechazó el pedido de la Municipalidad para levantar la medida cautelar que desde julio mantiene suspendida la ordenanza 6350/2024. Esa norma, aprobada en diciembre del año pasado, autorizaba la rezonificación de terrenos en Ingeniero Maschwitz para la instalación de un complejo comercial, hotelero y una sala de juegos de azar.

El intento de reactivar el proyecto había sido impulsado por el intendente Ariel Sujarchuk, quien el 5 de agosto firmó el decreto 1786/25 en el que aseguró que no existe ningún proyecto formal y que la mención a un “master plan” en la ordenanza fue “meramente conceptual”. Con ese argumento, el Municipio presentó el 1° de septiembre un escrito con “denuncia de hecho nuevo”, buscando revertir la medida judicial. La jueza Ayerbe fue tajante: “La lectura del acto denunciado como 'hecho nuevo' por la Municipalidad no me permite advertir elementos diversos de aquellos que fueran oportunamente aportados”.

En su fallo, la magistrada ratificó que la ordenanza no es inocua, incluso en su carácter general: “Ella en sí misma representa modificaciones en el ordenamiento territorial (…) que tornarían insoslayable el cumplimiento de exigencias procedimentales que prima facie no se advierte hayan sido debidamente satisfechas”.

Entre esas exigencias figura la participación ciudadana y los estudios de impacto ambiental. La jueza fue contundente: “El contenido ya señalado tornaría desaconsejable el diferimiento del procedimiento de evaluación del impacto a una 'etapa posterior' en la que habrían de ser presentados los concretos proyectos”. Y agregó: “El control ambiental no puede postergarse”. Además, la resolución dejó claro que la envergadura del proyecto requiere la intervención del Poder Ejecutivo Provincial, en cumplimiento del Decreto-Ley 8.912/77: “las cuestiones contenidas en la ordenanza (…) ameritarían la intervención del Poder Ejecutivo Provincial”.

El fallo también apeló a principios rectores del derecho ambiental, como los contenidos en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y advirtió sobre “el riesgo en la demora”, ya que levantar la cautelar permitiría habilitar obras con consecuencias potencialmente irreversibles.

Por eso, la jueza Ayerbe dispuso que la ordenanza 6350/2024 continúe suspendida hasta que se dicte sentencia en el juicio principal iniciado por vecinos de Escobar, quienes alertaron sobre el impacto del emprendimiento en una zona residencial.

Un trasfondo político complejo

La ordenanza fue aprobada el 27 de diciembre de 2024 por el Concejo Deliberante de Escobar, con votos unánimes de todos los bloques, incluyendo Unión por la Patria y el PRO. La norma habilitaba el traslado del Bingo Ramallo -vinculado al operador radical Daniel Angelici y los también empresarios Daniel Mautone y Fabio Fernández- a un predio junto a la autopista Panamericana. El proyecto incluía una sala de juegos, un hotel, un shopping y la transformación de parcelas residenciales en áreas comerciales.

La iniciativa fue impulsada por el concejal del PRO Leandro Goroyesky y contó con el respaldo de 13 concejales de Unión por la Patria. La aprobación se dio sin estudios ambientales ni instancias de participación ciudadana, pese a que el predio está a menos de 200 metros de dos escuelas y a solo 50 metros de un centro de rehabilitación de adicciones.

La velocidad del tratamiento y las irregularidades denunciadas por los vecinos —que incluyeron falta de consulta pública, riesgos ambientales y sociales, y una alteración significativa del ordenamiento urbano— motivaron la judicialización del caso, que hoy tiene a la ordenanza completamente paralizada.

La disputa por el bingo en Escobar expone tensiones más profundas: el tipo de desarrollo urbano que se quiere promover, la calidad institucional del proceso de toma de decisiones y la vigencia real del derecho ciudadano a participar en transformaciones que impactan su entorno. Con su decisión, Ayerbe dejó en claro que sin evaluaciones técnicas, sin estudios de impacto ambiental y sin participación ciudadana, no hay vía libre para el bingo en Escobar.