Un derruido colegio con viejas tejas metálicas, paredes de lona y pisos rústicos, se ve entre las verdes montañas del suroeste de Colombia, cubiertas de cultivos de hoja de coca. Está ubicado en un pueblo olvidado, al que se llega por una sinuosa y angosta carretera sin pavimentar, bordeada por profundos abismos.
El Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, es un centro estratégico para la producción y el tráfico de cocaína, además de escenario de frecuentes combates entre el Ejército y el Estado Mayor Central (EMC), una facción de la antigua guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazó el acuerdo de paz de 2016.
"Las necesidades son todas", dijo Fernanda Rivera, líder comunal de San Juan de Micay, sentada en un pupitre del colegio de este pequeño pueblo, donde la mayoría de las viviendas son de madera.
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"Aquí hay un abandono estatal. Aquí nunca nos trae nada el Gobierno", aseguró Rivera con frustración, al recordar que el pueblo carece de acueducto y alcantarillado, tiene conexiones irregulares de energía eléctrica, calles sin pavimentar y un puesto de salud con una ambulancia y dotación médica limitada, comprada con aportes de la comunidad, no del Gobierno.
No se suponía que fuera así. El presidente izquierdista Gustavo Petro asumió en 2022 bajo la promesa de alcanzar acuerdos con los rebeldes renuentes al histórico acuerdo que llevó temporalmente la paz a gran parte del país de 50 millones de habitantes, tras décadas de conflicto.
Sin embargo, en los dos primeros años de su mandato hubo pocos avances en las negociaciones para lograr la paz con los grupos armados ilegales y poner fin al conflicto que ha dejado más de 450.000 muertos.
Hace un año, Petro cambió su estrategia y se enfocó en recuperar regiones controladas por grupos como el EMC, donde abundan los cultivos de coca, mediante una fuerte intervención militar como preámbulo a la inversión social.
El Cañón del Micay, incluido El Plateado, el pueblo más grande de la región, fue la punta de lanza de la nueva estrategia.
Petro calificó El Plateado como "la gran bolsa internacional de la cocaína" y, además de inversión social, ofreció pagos a los campesinos para erradicar voluntariamente sus cultivos de hoja de coca y reemplazarlos por café, cacao, fríjoles y frutas.
Pero los habitantes de la zona aseguran que la ofensiva militar, con unos 1.400 efectivos, no ha logrado desalojar a la guerrilla, mientras que la prometida inversión social en escuelas, hospitales, acueductos y carreteras aún no llega.
Los soldados y policías son víctimas de ataques y retenciones frecuentes por parte de los residentes, que exigen su salida por presiones de la guerrilla, mientras el EMC continúa ejerciendo como gobierno de facto, limitando el horario a las tiendas y restaurantes hasta las 9 de la noche y solucionando problemas entre la comunidad.
CONFRONTACIÓN Y BUROCRACIA FRENAN INVERSIÓN
Oficinas del Gobierno reconocieron que las inversiones avanzan lentamente porque las Fuerzas Armadas aún no logran consolidar el control territorial, mientras que el Ministerio de Defensa denunció que los rebeldes, en medio de un conflicto asimétrico, operan en pequeñas unidades, se esconden entre la población civil, atacan y luego se repliegan.
Los proyectos enfrentan lentos procesos administrativos dentro del Gobierno, que incluyen planificación y financiación previa a la ejecución, en medio del déficit presupuestal y problemas de inseguridad para que los contratistas ingresen a construir las obras, por la oposición de la guerrilla que suele extorsionarlos.
El fracaso hasta ahora de la estrategia pone en riesgo la financiación clave contra el narcotráfico proveniente de Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, podría "descertificar" este mes los esfuerzos de Petro contra el narcotráfico, por considerarlos ineficaces.
El representante republicano Mario Díaz-Balart propuso un recorte del 50% en la ayuda no militar a Colombia, a 209 millones de dólares para 2026, debido al fracaso de Petro en "utilizar eficazmente la asistencia de Estados Unidos para avanzar en objetivos compartidos".
Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre la futura decisión de Trump.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, dijo a periodistas esta semana que la financiación de Estados Unidos ya se ha visto afectada por el desmantelamiento de USAID y que Estados Unidos podría optar por recortar unos 100 millones de dólares de programas no centrados en el tráfico de drogas si Trump se decide por la descertificación.
"Perjudicaría nuestros esfuerzos. Perjudicaría a Estados Unidos", afirmó García-Peña. "Solo beneficiaría a las organizaciones criminales transnacionales".
La fallida intervención también podría fortalecer a la oposición de derecha para las elecciones presidenciales del próximo año, reforzando el discurso de que se necesita una represión más dura contra el narcotráfico y la guerrilla.
Pese a los obstáculos, Petro anunció que la operación continuará, mientras pidió al Ejército seguir firme y a los campesinos reemplazar los cultivos de hoja de coca que dominan el paisaje.
El Gobierno denunció que la guerrilla utiliza a la comunidad para presionar la salida de las Fuerzas Armadas, una estrategia con la que los rebeldes buscan mantener el control del narcotráfico en una región con salida al Océano Pacífico, una ruta clave para la exportación de la cocaína, principalmente a Estados Unidos.
Desde que comenzó la denominada "Operación Perseo", el 12 de octubre de 2024, el Gobierno anunció inversiones por unos 30 millones de dólares en sustitución de cultivos, construcción de hospitales, plazas de mercado, mejoramiento de viviendas, conectividad a internet y la recuperación de la carretera.
Pero los habitantes dicen que no cambiarán la hoja de coca, de la que reciben sus ingresos, por una insuficiente inversión social.
"Si hay inversión social, es algo que debería ya existir acá, antes del cultivo ilícito", dijo el líder comunitario Edward Rubiano. "Por el mismo abandono estatal es que nos vimos en la necesidad de sembrar estos cultivos. No ha habido ningún tipo de inversión social por parte del Gobierno", insistió.
MÁS INVERSIÓN QUE INTERVENCIÓN
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que las Fuerzas Armadas recuperaron más de la mitad de los 4.200 kilómetros cuadrados del Cañón del Micay.
El funcionario reveló que la operación incluye un 30% de operación militar y un 70% de acción unificada del Estado con inversión, admitiendo que más importante que la intervención armada son los recursos para asegurar el desarrollo y el bienestar de las comunidades.
Los sobrevuelos de helicópteros militares que desembarcan tropas en las cimas de las montañas son frecuentes, pero las Fuerzas Armadas no controlan las carreteras ni los pueblos.
Reuters no encontró puestos de control del Ejército ni de la Policía en un largo recorrido, pero sí de la guerrilla del EMC con pequeñas unidades uniformadas y armadas con fusiles, incluido el poderoso Barrett punto 50.
En El Plateado, donde las Fuerzas Armadas ingresaron hace casi un año en tanquetas blindadas y con apoyo aéreo, los efectivos permanecen atrincherados en dos puntos estratégicos, pero no patrullan ni controlan las calles.
Un líder de la guerrilla que habló con Reuters bajo condición de anonimato dijo que la ofensiva los obligó a replegarse y a operar en pequeñas unidades, pero negó que hayan perdido el control o estén debilitados.
Sin embargo, el máximo líder del EMC en la zona, conocido por su nombre de guerra como "Kevin" y uno de sus lugartenientes, "Giovanny", se entregaron en las últimas semanas al Ejército, que también confiscó un arsenal de municiones y explosivos.
El saliente comandante de la Tercera División del Ejército, general Federico Mejía, dijo que la toma de El Plateado "fue el ingreso al Wall Street de las economías ilícitas" y aseguró que allí se reunían enviados de los principales cárteles internacionales del narcotráfico a negociar cargamentos de cocaína.
Mejía reconoció que el avance de las tropas ha sido lento porque la zona está "infestada" de campos minados y hay riesgos de ataques con drones.
Pese a la intención del Gobierno de transformar la región, con una población de 120.000 habitantes y más de 19.000 hectáreas de hoja de coca, la estrategia enfrenta otro problema.
Los campesinos aseguran que un cultivo de tres hectáreas de hoja de coca les deja trimestralmente unos 10.000 dólares libres, una utilidad muy superior a la oferta del Gobierno de pagar a lo largo de un año 2.175 dólares para erradicar voluntariamente los cocales y sembrar productos legales.
"No hay cultivo legal que supere las ganancias de la coca", dijo un campesino que supervisaba la recolección de su cosecha.
La estrategia también enfrenta la desconfianza de la comunidad con el Gobierno y las Fuerzas Armadas.
"Si no ganamos a la población, no vamos a ganar esto", reconoció el ministro de Defensa.
Rivera cuestionó a Petro por prometer la paz negociada y cambiar a la intervención militar.
"Decepción total, porque nosotros en su momento pensábamos que de pronto Petro era una salida, una ayuda, pero no fue así. Nos volvimos a equivocar", concluyó.
Con información de Reuters
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