7 nov (Reuters) -La expansión gradual del acceso al aborto en Chile corre riesgo de sufrir un revés a medida que el candidato de derecha José Antonio Kast, un católico conservador que se opone incluso a la anticoncepción del día después, avanza hacia una probable victoria en la segunda vuelta presidencial en diciembre.
El aborto en Chile, que fue prohibido durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), se despenalizó parcialmente en 2017, cuando pasó a ser legal sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.
Kast ha buscado no solo bloquear una propuesta de flexibilización de las restricciones al aborto, respaldada por el saliente gobierno izquierdista de Gabriel Boric, sino también revertir las excepciones existentes a la prohibición. Estas medidas marcarían el retroceso más pronunciado del país en materia de derechos reproductivos en décadas.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Kast, padre de nueve hijos, es aliado de la coalición de Johannes Kaiser, un cristiano ortodoxo chileno que también ha presionado para volver a considerar la posibilidad de permitir el aborto después de una violación.
El apoyo a la coalición de Kast y Kaiser, impulsado por el temor a la delincuencia y la migración, aumentó en las elecciones de noviembre, fortaleciendo su influencia en la legislatura. Sin embargo, las encuestas muestran que la opinión pública apoya abrumadoramente el mantenimiento del derecho al aborto.
"Se cierne una amenaza inminente sobre los derechos reproductivos de las niñas y mujeres en Chile, poniendo en riesgo el acceso a anticonceptivos, la pastilla del día después y el aborto en tres causales, y bloqueando cualquier avance legislativo para ampliar estas garantías", dijo Catalina Calderón, del Centro para la Igualdad de la Mujer.
Se prevé que el amplio apoyo de otros bloques de derecha le dé ventaja a Kast en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, cuando se enfrente a la candidata oficialista Jeannette Jara.
Jara dijo inicialmente que garantizaría la legalización del aborto para todas hasta las 14 semanas de embarazo, pero luego dio marcha atrás y sólo dijo que promovería un debate para discutir esta legalización.
Abigail Mariqueo, de 21 años, maestra de jardín de infantes residente en Santiago, dijo a Reuters que creía que una presidencia de Kast podría derogar los derechos reproductivos existentes, pero que era más importante enfrentar la inseguridad.
"Siento que igual podría pasar", dijo, "pero ahora, la prioridad es la seguridad".
DESDE LA CONCEPCIÓN HASTA LA MUERTE NATURAL
Si Chile revocara el derecho al aborto, se uniría a una serie de gobiernos que están reprimiendo el acceso al procedimiento en América Latina, donde sólo un puñado de países lo permiten sin justificación hasta varias semanas.
Y si bien las sentencias de prisión por aborto son poco frecuentes en Chile, activistas dicen que la criminalización empuja a las mujeres a procedimientos clandestinos y a una floreciente economía de mercado negro que se beneficia de las ventas de medicamentos no regulados y procedimientos riesgosos.
Kast se ha centrado en cuestiones de seguridad, pero cuando se le presionó durante el último debate presidencial de Chile sobre sus puntos de vista sobre el aborto, dijo que no ha cambiado su posición respecto de campañas anteriores, cuando se opuso a que las farmacias vendieran la píldora del día después y pidió la derogación de las tres causales existentes para el aborto legal.
"Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural", dijo Kast, cuyo equipo de campaña no respondió a las solicitudes de más información sobre sus políticas.
¿RECORTES PRESUPUESTARIOS?
Claudia Sarmiento, experta en derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y exasesora del gobierno, dijo que incluso si Kast no emprende una batalla sobre el aborto, él y su coalición podrían tratar de ir tras los derechos reproductivos a través de recortes a los programas médicos y anticonceptivos financiados por el Estado.
Explicó que el acceso a la anticoncepción está regido por la ley de presupuesto, controlada por el Ejecutivo y que recortes a los servicios que garantizan el acceso a la anticoncepción y el aborto podrían producirse en medio de un programa de austeridad más amplio.
Sin embargo, incluso bajo el actual gobierno de izquierda, activistas dijeron que no se hizo lo suficiente para garantizar el acceso de las mujeres a interrupciones legales del embarazo.
Una persona que trabaja en la red Con las Amigas y en la Casa, que ayuda a las mujeres chilenas a acceder al aborto, dijo que muchas mujeres con las que trabajaba evitaban el sistema estatal por temor a problemas legales o reacciones sociales.
Con información de Reuters
