El veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones y al bono extraordinario impactó con fuerza en la región del noreste argentino (Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco). Según estimaciones basadas en el Boletín de Estadísticas de la Seguridad Social (junio 2025) y difundidas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), más de 1,2 millones de jubilados de la región dejan de percibir $31,1 mil millones cada mes, una cifra que en el transcurso de un año alcanzará los $373 mil millones.
El ajuste se traduce en pérdidas directas que afectan al consumo básico de miles de familias. La distribución del recorte mensual por provincia es la siguiente:
- Misiones: $9,6 mil millones.
- Corrientes: $9,2 mil millones.
- Chaco: $8,4 mil millones.
- Formosa: $3,9 mil millones.
En conjunto, estos números reflejan cómo el veto presidencial se ensaña con un sector ya castigado por años de ingresos insuficientes y haberes que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza.
Ajuste sobre los más vulnerables
La decisión del Gobierno nacional no solo significa una merma en los bolsillos de los jubilados, sino también un recorte que afecta a toda la economía regional. El consumo de los adultos mayores, destinado principalmente a medicamentos, alimentos y servicios básicos, constituye un motor clave para sostener farmacias, comercios de cercanía y actividades cotidianas en las localidades del NEA.
Al privar a los jubilados de este refuerzo económico, el impacto se expande en cadena: menos poder adquisitivo, caída en el consumo y mayor fragilidad para comunidades donde la pobreza y la precariedad laboral ya alcanzan niveles alarmantes. En este contexto, muchos adultos mayores se ven forzados a priorizar entre medicamentos, alimentos o servicios, profundizando situaciones de vulnerabilidad.
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Mientras el presidente Milei insiste en que el ajuste “es contra la casta”, la realidad muestra lo contrario. El recorte se descarga sobre quienes menos margen tienen para enfrentar la crisis: los jubilados y jubiladas que trabajaron durante décadas y hoy dependen de ingresos que se achican aún más.
Qué dice la ley de aumento a jubilados
El proyecto vetado por Milei establecía un incremento del 7,2% en jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales) y un refuerzo del bono, que pasaría de $70.000 a $110.000 con actualización por inflación.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó que el costo fiscal alcanzaría los $1,5 billones anuales, equivalente al 0,3% del PBI. El Gobierno justificó el veto en la necesidad de “cuidar las cuentas públicas”, pero la oposición lo denuncia como un ajuste sobre los sectores más golpeados por la inflación.
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