El intento de avanzar con un bingo en Escobar sufrió un nuevo golpe judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la ordenanza municipal que habilitaba el emprendimiento impulsado por el intendente Ariel Sujarchuk y el empresario del juego Daniel Angelici.
El fallo, firmado digitalmente el 27 de octubre y notificado un día después, confirmó la resolución dictada por la jueza Mónica Ayerbe, quien había frenado la norma al considerar que alteraba el uso del suelo en una zona residencial sin cumplir con los procedimientos urbanísticos y ambientales exigidos por la legislación provincial.
En su voto, el juez Marcelo Schreginger —al que adhirió su colega Damián Cebey— destacó que el municipio no logró desvirtuar los argumentos de primera instancia. Según el tribunal, la ordenanza local no puede modificar un uso residencial sin la previa convalidación provincial prevista en el Decreto-Ley 8.912/77, ni postergar los estudios de impacto ambiental y los mecanismos de participación ciudadana.
La Cámara consideró insuficiente el decreto municipal que prometía realizar esos controles “a futuro” y reafirmó el principio preventivo en materia ambiental: incluso sin obra en marcha, la sola vigencia de una ordenanza que cambia el uso del suelo habilita la tutela judicial para evitar hechos consumados de difícil reversión.
De este modo, la Justicia mantuvo firme la suspensión del proyecto y fijó un estándar claro para las rezonificaciones municipales con posible impacto ambiental. “No se advierte una crítica con suficiente entidad para desbaratar los sólidos argumentos de la jueza Ayerbe”, sostuvo Schreginger, al remarcar que el control judicial no vulnera la autonomía local sino que garantiza el cumplimiento de la normativa provincial.
El conflicto por el bingo tuvo su origen a fines de 2024, cuando el Concejo Deliberante de Escobar aprobó la ordenanza que incluía la construcción de una sala de juegos dentro de un desarrollo comercial y recreativo. Vecinos de Ingeniero Maschwitz y organizaciones ambientales presentaron una acción judicial al advertir que el terreno estaba catalogado como zona residencial exclusiva y carecía de evaluación ambiental.
En el arranque del conflicto, Claudia Tatángelo —jueza de Paz de Escobar— intervino en trámites preliminares vinculados a presentaciones vecinales. Su actuación fue cuestionada y hubo planteos de recusación por su cercanía con el intendente Ariel Sujarchuk. Más allá de esas controversias, Tatángelo no resolvió el fondo: el expediente se encarriló luego en el fuero contencioso-administrativo competente, donde la jueza Mónica Ayerbe dictó la cautelar y, ahora, la Cámara (Schreginger–Cebey) la confirmó. Frente a lecturas más permisivas en etapas tempranas, el estándar vigente exige compatibilidad urbanística verificable, convalidación provincial previa y controles ambientales y participativos antes de cualquier avance.
Desde entonces, la tensión creció entre el municipio y los grupos vecinales, que denunciaron la falta de transparencia del proceso y el vínculo político-empresarial detrás del proyecto. La confirmación de la cautelar no sólo mantiene paralizada la iniciativa sino que fortalece la posición de las organizaciones ciudadanas, que ven en la decisión de la Cámara una validación a su reclamo de participación y control sobre el uso del suelo.
La resolución tendrá impacto más allá de Escobar ya que sienta límites a los cambios urbanísticos que los municipios impulsan sin controles técnicos ni ambientales previos, al tiempo que reafirma el rol del Poder Judicial en garantizar la legalidad ambiental frente a los intereses políticos y empresariales.
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