La Convención Constituyente de Formosa celebró este viernes su octava sesión plenaria en el marco de la reforma de la Constitución provincial, con un temario cargado de definiciones políticas y modificaciones estructurales. La jornada estuvo marcada por la exclusión de un convencional, la aceptación de varias renuncias y la aprobación de cambios en los artículos 60, 63 y 74, además de la supresión y fusión de los artículos 66 y 67 en un nuevo artículo del régimen financiero.
El debate se inició con la presentación del convencional Rodrigo Vera, quien planteó una cuestión de privilegio para consolidar la exclusión del convencional Francisco Paoltroni. “Es el único convencional constituyente de la historia mundial que no terminó una sola sesión. Esta falta de respeto a la soberanía popular es indignidad. Sin terminar una sola sesión, retirándose en el medio del recinto y faltando al resto de las sesiones es una conducta que daña el funcionamiento de esta convención”, afirmó.
Posteriormente, se aprobaron los expedientes de renuncia de Guillermo Evans, Gabriela Neme, Sofría Fridman, Atílio Basualdo y Pablo Míguez. En consecuencia, se convocará a sus suplentes el próximo lunes para completar las bancas vacantes correspondientes a sublemas de Viva Formosa Libre, Libertad, Trabajo y Progreso (Confederación Frente Amplio Formoseño) y Las Fuerzas del Cielo (La Libertad Avanza).
Las principales reformas de la sesión
Entre las reformas más destacadas, la Convención aprobó una modificación al artículo 60, que incorpora un nuevo párrafo estableciendo que la provincia no aceptará cambios en el régimen de coparticipación federal que no se realicen bajo el mecanismo de Ley Convenio, conforme lo establece la Constitución Nacional.
En tanto, el artículo 63, que regula la banca oficial, fue modificado para que los créditos se otorguen exclusivamente al sector privado, orientando la política crediticia hacia proyectos productivos. “La idea es cuidar la banca oficial para que no se desvirtúe su principal objetivo que es fomentar y canalizar el ahorro en inversiones productivas. Pretende garantizar que los créditos sean para proyectos de inversión serios y que cuenten con la garantía que permita al banco el recupero”, explicó el convencional justicialista Hugo García.
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Un cambio de fondo se dio con la supresión de los artículos 66 y 67, que fueron fusionados en un nuevo artículo dentro del régimen financiero. Este prevé que el Estado destine recursos en el presupuesto para impulsar sectores estratégicos como la producción agropecuaria, industrial, forestal, minera, hidrocarburífera, turística, científica y tecnológica. También se promueve la diversificación productiva, la industrialización con valor agregado, el desarrollo de la economía del conocimiento y la generación de empleo, garantizando que los fondos para este fin sean inembargables.
El convencional Rubén Solalinde, encargado de exponer los cambios, señaló: “La propuesta es que este nuevo artículo sea un resumen y modernización de los artículos 66 y 67, pero donde el Estado destine partidas específicas en la Ley de presupuesto para potenciar a los sectores que forman parte de la diversificación productiva de la provincia. Es una adaptación a los nuevos tiempos, de acuerdo a los cambios cualitativos que dio la provincia en términos productivos”.
Finalmente, se aprobaron modificaciones en el artículo 74, que fortalece la protección de los consumidores y usuarios. Se incorporaron disposiciones sobre educación financiera, inclusión en servicios financieros y acceso al crédito en condiciones claras y transparentes, además de medidas para prevenir el sobreendeudamiento. También se establecieron límites a la publicidad engañosa o adictiva, sanciones para prácticas desleales y mecanismos especiales de protección para consumidores en situación de vulnerabilidad.
“La inclusión en los temas propuestos constituyen una herramienta importante para robustecer la igualdad real de oportunidades. La letra propuesta para ser incorporada a la nueva Constitución, redobla los esfuerzos porque reconoce la debilidad jurídica que padecen algunos colectivos de consumidores y servirá para brindar, como Estado, más y mayores respuestas”, concluyó el convencional Edgar Pérez.
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