Los detenidos en el centro de reclusión de inmigrantes de Bluebonnet, en la pequeña ciudad de Anson, en el estado de Texas, enviaron esta semana un mensaje al mundo exterior: SOS.
Treinta y un hombres formaron las letras en el patio de tierra del centro del lugar el lunes mientras un dron de Reuters volaba cerca.
Diez días antes, decenas de venezolanos detenidos en el centro recibieron notificaciones de funcionarios de migración que alegaban que eran miembros de la banda Tren de Aragua y que estaban sujetos a deportación en virtud de una ley de tiempos de guerra, según documentos mostrados a Reuters, videollamadas grabadas y procedimientos judiciales.
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Los familiares de siete detenidos entrevistados por Reuters dijeron que no eran miembros de la banda y que se negaron a firmar el documento.
No obstante, horas después, el viernes 18 de abril, fueron subidos a un autobús con destino al cercano aeropuerto regional de Abilene, según la Unión Americana de Libertades Civiles y familiares, antes de que el transporte regresara al centro de detención.
La misma noche, la Corte Suprema bloqueó temporalmente sus deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) no quiso hacer comentarios sobre la suspensión.
Fue un indulto para el grupo de venezolanos detenidos en Bluebonnet, que aún pueden ser -si la Corte Suprema levanta el bloqueo- enviados a CECOT, la notoria prisión de máxima seguridad en El Salvador donde el Gobierno del presidente Donald Trump ha enviado al menos a 137 venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Las instalaciones de Bluebonnet, a 322 kilómetros al oeste de Dallas, están gestionadas de forma privada por la Corporación de Gestión y Capacitación bajo un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés). Ha albergado un promedio de 846 detenidos al día en el año fiscal 2025, según los datos de detención del ICE.
Al negársele el acceso a las instalaciones de Bluebonnet por parte del ICE, Reuters sobrevoló el centro con una avioneta la semana pasada, así como con un dron en las inmediaciones el 28 de abril, para recoger imágenes aéreas los que están allí recluidos. Algunos detenidos fotografiados por Reuters llevaban monos rojos que se usan con los prisioneros de alto riesgo.
Reuters fotografió a Diover Millán, de 24 años, mientras caminaba con otros cuatro hombres por el patio del centro de detención. Otro venezolano, Jeferson Escalona, de 19 años, fue fotografiado jugando al fútbol. Reuters identificó a otros tres mostrando sus fotos a familiares.
Millán fue trasladado a Bluebonnet a mediados de abril desde el centro de detención Stewart en Lumpkin, Georgia, donde había permanecido desde que fue detenido por agentes de inmigración en los suburbios de Atlanta el 12 de marzo, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.
Reuters no pudo encontrar antecedentes penales de Millán, que había estado trabajando en la construcción. El funcionario del DHS dijo que Millán era un miembro "documentado" del Tren de Aragua, pero no aportó pruebas.
El funcionario del DHS dijo que el ICE detuvo a Escalona en enero, después de que fue arrestado por la policía local de Texas por evadir el arresto en un vehículo. Llegó a Bluebonnet tras ser devuelto del centro de detención de migrantes de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo en febrero.
El funcionario del DHS dijo que Escalona era un miembro "autoadmitido" del Tren de Aragua, pero no proporcionó pruebas de la afirmación.
Durante una entrevista telefónica desde Bluebonnet, Escalona dijo que no tenía vínculos con el Tren de Aragua ni con ninguna banda. Era policía en Venezuela, destacó. Cuando lo detuvieron, las autoridades estadounidenses tomaron su teléfono y sospecha que vieron fotos suyas haciendo gestos con las manos que, según él, son comunes en Venezuela.
"Están haciendo acusaciones falsas sobre mí", dijo. "Yo no pertenezco a ninguna pandilla".
Escalona dijo que ha pedido regresar voluntariamente a Venezuela, pero que se lo han denegado. "Yo temo por mi vida aquí (...) "Yo me quiero ir a Venezuela", señaló.
Cientos de miles de venezolanos han llegado a Estados Unidos en los últimos años, huyendo del colapso económico y lo que los críticos califican como represión del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Bajo el mandato del expresidente Joe Biden, muchos recibieron protecciones humanitarias temporales que el Gobierno de Trump está tratando de revocar.
DESESPERADO
Desde su abortada deportación, los hombres han estado al límite, dicen sus familias.
En el dormitorio de Millán, él y algunos de los otros venezolanos se turnan para dormir para que puedan alertar a los miembros de la familia si los oficiales de inmigración vienen a deportarlos, según su esposa, que pidió no ser identificada por temor a ser blanco de los funcionarios de inmigración.
Un día de la semana pasada, le dijo que los hombres de la residencia se negaban a salir al patio porque les preocupaba que los metieran en otro autobús y los enviaran a El Salvador.
"Está desesperado", dijo la esposa de Millán. "Me dijo que cuando salió para la cancha se sentó y miró al cielo pidiéndole a Dios que lo sacara de ahí pronto".
En una videollamada reciente, Millán le dijo a su esposa que no les han dado mucha comida, y que intenta dormir más para no tener tanta hambre, contó ella, un relato que coincide con los de familiares de otros detenidos.
Un portavoz de Management and Training Corporation, que gestiona el centro, dijo que "todos los detenidos alojados en Bluebonnet reciben comidas basadas en un menú que ha sido aprobado por un dietista certificado, garantizando que se cumple la ingesta calórica diaria recomendada".
En un comunicado, el DHS dijo que "usa múltiples estrategias para gestionar la capacidad, manteniendo el cumplimiento de las normas federales y nuestro compromiso con el trato humano".
El sábado 26 de abril, un funcionario de inmigración visitó el dormitorio de Escalona y respondió a algunas de las preguntas de los detenidos, según una grabación de audio de la visita obtenida por Reuters.
Los hombres, que hablaban entre frenéticamente y al mismo tiempo, querían saber por qué el Gobierno estaba intentando enviarlos a El Salvador y qué estaba ocurriendo con sus citas en el tribunal de inmigración.
El funcionario explicó que Estados Unidos había intentado expulsarlos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, que era un proceso independiente de sus audiencias programadas en el tribunal de inmigración.
"Si se le expulsa en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, la fecha del juicio no existe, nunca tendrá esa fecha", dijo el funcionario en inglés a alguien que estaba traduciendo.
Varios de los hombres querían saber cómo era posible que se les clasificara como "enemigos extranjeros" cuando no eran miembros de bandas y no habían cometido ningún delito.
"Si no tengo antecedentes penales en los tres países en los que he vivido, ¿cómo me van a enviar a El Salvador?", preguntó uno de los hombres en la grabación. Reuters no pudo establecer inmediatamente su identidad.
El funcionario dijo que no estaba involucrado en la recopilación de información.
Varios de los hombres tuvieron vistas judiciales sobre sus casos de inmigración la semana pasada y los defensores se apresuraron a buscarles abogados.
Millán tiene un caso de asilo pendiente y su próxima vista está prevista para el 1 de mayo, a menos que sea enviado a El Salvador antes de esa fecha.
Con información de Reuters
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