En una audiencia virtual, la Justicia de Bolivia dispuso este miércoles la detención domiciliaria para el gobernador suspendido del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el paro de 36 días que encabezó en 2022, cuando distintos sectores cruceños exigieron que se adelante el Censo de Población y Vivienda y la cuestión se convirtió en una herramienta para confrontar y debilitar al actual gobierno Luis Arce. La medida judicial incluye además el pago de una fianza de 50.000 bolivianos y la prohibición de mantener contacto con los demás investigados.
La noticia se dio apenas un día después de que el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz dictara una medida similar para el dirigente opositor en el denominado caso Golpe de Estado I, por los hechos de 2019 que derivaron en la caída del ex presidente Evo Morales. De esta manera, Camacho logró una flexibilización de sus condiciones de reclusión en dos procesos relevantes que lo mantenían privado de libertad.
El paro de los 36 días, que tuvo lugar entre octubre y noviembre de 2022, marcó un momento clave en la política boliviana. Diversas instituciones y organizaciones sociales de Santa Cruz impulsaron la medida en demanda de la reprogramación del censo. Camacho, como figura política central de la región, quedó en el centro de la investigación judicial del Juzgado 12° de Instrucción Penal de Anticorrupción por su rol en las protestas que paralizaron gran parte del departamento.
Cómo seguirá el juicio y la situación de Camacho a partir de ahora
El abogado del gobernador, Martín Camacho, adelantó que tras conocerse la resolución judicial se iniciarán de manera inmediata los trámites vinculados al arraigo y al pago de la fianza. Solo resta que se emita el mandamiento de detención domiciliaria para que la medida se aplique formalmente. Según estimó, este procedimiento podría completarse antes del viernes, lo que abriría la posibilidad de que Camacho retorne a Santa Cruz de la Sierra y, según su entorno, creen que eventualmente podría recuperar su cargo en la gobernación.
La situación procesal del gobernador suspendido es compleja, ya que enfrenta un total de siete causas abiertas. La mayoría están todavía en etapa preliminar o preparatoria, sin que se le haya dictado detención preventiva. Entre estas investigaciones está incluida la relacionada con el Decreto Departamental 373 de 2022, por el cual Camacho tenía arresto domiciliario nocturno con permisos laborales.
Para este jueves está prevista una nueva audiencia, también virtual, vinculada a ese decreto. En esa instancia, la defensa ya confirmó que pedirán que se modifiquen las condiciones de la medida cautelar vigente. Si finalmente se concreta su traslado a Santa Cruz, el gobernador suspendido podría retomar sus actividades políticas y de gestión al frente de la provincia boliviana.
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