Brasil: entre la guerra judicial y comercial

Lejos de asumir la imputación y su situación judicial, Jair Bolsonaro respondió con un discurso cargado de odio, arremetió una vez más contra el Supremo Tribunal Federal y lo comparó con los tribunales del nazismo. Además, acusó a sus jueces de actuar como lo hacían quienes enviaban a millones de personas a las cámaras de gas. Sus palabras, ofensivas y peligrosas, reflejan el mismo tono que marcó su paso por la presidencia: desdén por las instituciones, desprecio por la memoria histórica y voluntad de polarización constante.

Dado de alta, Bolsonaro no perdió el tiempo. Del entorno hospitalario pasó a la arena política, promoviendo una movilización por la “amnistía” de sus seguidores que participaron del asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023. Aquel episodio, aún fresco en la memoria del pueblo brasileño, significó un intento de subvertir el orden democrático apenas una semana después de que Lula da Silva asumiera por tercera vez la presidencia. La movilización del pasado miércoles, a la que el ex mandatario asistió regodeándose de que lo hacía a pesar de las indicaciones médicas, contó con la participación de unas 3 mil personas, según lo informado por medios locales y reivindicó. Ante ellos y un puñado de legisladores de derecha y referentes del evangelismo, reivindicó la amnistía y a las y los acusados por los eventos violentos ocurridos aquél enero. También fue aclamado como presidente, pese a la inhabilitación para presentarse a elecciones que pesa sobre él.

La extrema derecha brasileña impulsa en el Congreso un proyecto para amnistiar a quienes hayan participado de movilizaciones y manifestaciones entre octubre de 2022 y la entrada en vigor de la Ley. Por los sucesos de enero de 2023, se encuentran acusadas unas 1600 personas y unas 550, ya han sido condenadas.

Como parte de su estrategia legal, el ex presidente citó como testigos de su defensa a una lista de antiguos aliados, entre ellos el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. La escena es clara. Una red de protección intenta frenar el avance de un proceso que, por primera vez, puede llevar al exmandatario a responder penalmente por sus actos.

Redes internacionales y su impacto en la política nacional

El proceso político-judicial que está atravesando Bolsonaro y las causas que lo originan no se explican si no es a través de la relación que existe con el avance de proyectos ultraderechistas en la región de la mano de las disputas de la nueva aristocracia financiera y tecnológica, que hace que magnates como Elon Musk muevan sus hilos en Brasil alineándose con proyectos como el bolsonarista y desafiando las instituciones democráticas. Su defensa de una supuesta libertad de expresión sin regulación habilita la proliferación de discursos de odio y campañas de desinformación que se articula con la narrativa de persecución que impulsa el bolsonarismo. Lejos de ser un actor neutral, Musk se ha convertido en un aliado funcional del proyecto autoritario que busca reinstalarse en Brasil.

Elon Musk tiene un rol central en la política brasileña, enfrentado directamente al gobierno de Lula y al poder judicial (encarnado en la figura del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexander de Moraes) luego de que este último prohibiera la utilización de la red social “X” en Brasil por incumplimiento de las leyes del país.

Así en estos últimos años hemos visto cómo una nueva personificación social, la Nueva Aristocracia Financiera y Tecnológica ha ganado capacidad estratégica de influir en la disputa política de los diferentes países. Musk, explícitamente ha expresado interés por los recursos naturales de Brasil, de Bolivia, de Argentina, por mencionar algunos. Pero esto no ha quedado circunscripto solamente el creador de “X”. En enero, Mark Zuckerberg anunció cambios en la política de verificación de datos mediante terceros, lo que será reemplazado por 'notas comunitarias' escritas por los usuarios, similares a las que se encuentran en la red social X de Musk. A esto, el presidente brasileño respondió con una intimación judicial para pedir explicaciones, en línea con las investigaciones en curso en la justicia sobre las medidas que adoptan las plataformas para combatir la violencia y la desinformación en el país carioca.

Bien conocido es el prontuario del bolsonarismo en cuanto a la producción, reproducción y multiplicación de discursos de odio en el territorio virtual.

La guerra comercial entre China y Estados Unidos, no deja por fuera a Brasil, un país caracterizado por el ejercicio de una diplomacia pendular que durante el gobierno de Biden bien supo construir un liderazgo y fortalecer sus vínculos con China, hasta llegar a presidir el banco de los BRICS. Sin embargo el nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos está redefiniendo el tablero.

El 5 de abril entró en vigencia el arancel del 10% que EE.UU. impuso a todos los países con los que mantiene relaciones comerciales; además, en febrero, el mandatario norteamericano había anunciado aranceles del 25% para las importaciones de acero y aluminio. Brasil es uno de los mayores exportadores de acero hacia EE.UU., junto con Canadá y México. A esto, Lula respondió que se tomarán todas las medidas para defender a las empresas y trabajadores brasileños.

En este contexto, la visita a Brasilia de una delegación del Departamento de Estado encabezada por David Gamble abrió interrogantes. Según versiones difundidas por Eduardo Bolsonaro, la misión incluiría un encuentro con su padre. Aunque oficialmente la visita se enmarca en temas vinculados a organizaciones criminales transnacionales y sanciones internacionales, el trasfondo político resulta evidente. Un trascendido de la prensa anunciaba que Gamble también se reuniría con miembros de la oposición sobre para dialogar sobre las "acciones autoritarias" de personas como el ministro Alexandre de Moraes (STF) y el fiscal general Paulo Gonet o acciones en Brasil que, a juicio del gobierno de Trump, podrían restringir la libertad de expresión de periodistas y políticos opositores. De ser cierto, este hecho no revelaría grandes novedades. Solo que la conexión entre el bolsonarismo y el trumpismo sigue operando, aún desde los márgenes del poder.

Lo que sí se hizo público, fue la negativa del gobierno brasileño a categorizar como organizaciones terroristas -tal como dicta la doctrina de las nuevas amenazas promovida por EEUU en la región- a las organizaciones criminales PCC (Primer Comando de la Capital) y CV (Comando Vermelho).

"No consideramos a las facciones organizaciones terroristas. En primer lugar, porque eso no se ajusta a nuestro sistema legal, ya que nuestras facciones no actúan en defensa de una causa o ideología. Ellas buscan el lucro a través de los más variados ilícitos", dijo el secretario nacional de Seguridad Pública, Mário Sarrubbo, a propósito de las seis reuniones que Gamble mantuvo el martes con cuerpos técnicos de la Justicia brasileña. Brasil "ha dado respuestas y trabaja activamente en la construcción de políticas públicas para combatir a esas facciones, incluso fortaleciendo la integración con los demás países de América Latina", agregó.

Cuenta regresiva hacia las elecciones presidenciales 2026

El desarrollo del juicio a Bolsonaro será uno de los acontecimientos más importantes de este 2025, teniendo en cuenta que en el 2026 son las próximas elecciones presidenciales en el país. Mientras Lula se desarrolla en el territorio del país y construye alianzas regionales, Bolsonaro -con el apoyo de Trump- continúa construyendo su fuerza política. No olvidemos que el bolsonarismo en Brasil ha sido espejo y referencia del trumpismo.

La coyuntura brasileña revela la profundidad del momento que atraviesa América Latina. El juicio a Bolsonaro no es un hecho aislado, sino parte de una disputa mayor entre proyectos antagónicos: uno que busca consolidar la democracia y la justicia social, y otro que promueve el odio, la represión y el autoritarismo bajo la apariencia del orden. Sin dudas, Brasil es un componente estratégico en el mapa del sur, y la derecha lo sabe; pero el pueblo también. Con movilizaciones masivas, incluyendo marchas, vigilias, actos, protestas, solidaridad y ocupaciones, durante abril las familias Sin Tierra se movilizaron bajo la consigna: “¡Ocupar para Alimentar a Brasil!”. 

Además en las últimas semanas, la izquierda brasileña en su conjunto ha iniciado el proceso de construcción de una de las principales iniciativas que llevará cabo este año: el Plebiscito Popular que escuchará la opinión del pueblo brasileño sobre tres temas: la tributación de los superricos, la reducción de la jornada de trabajo y el fin de la escala 6×1 (apuntando a trabajo y descanso digno).

Se tratará de seguir profundizando las articulaciones de las organizaciones del pueblo, junto al gobierno de Lula para responder victoriosamente a la ofensiva de la ultra derecha y sus estrategias neofascistas.