A partir de que Donald Trump volvió a cargar contra el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva para defender a su aliado, el ex presidente Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño contraatacó este miércoles mediante un comunicado, calificando de "inaceptable" la injerencia estadounidense y reafirmó su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la autonomía de sus poderes públicos. Lula repudió también la utilización de argumentos políticos para justificar restricciones comerciales por parte de Estados Unidos, y recordó que el país sudamericano mantiene un déficit en el intercambio bilateral con ese país. A la vez que ratificó su voluntad de dialogar, aclaró que no renunciará a sus mecanismos de defensa nacional. La declaración también mostró solidaridad con el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal, quien fue blanco de sanciones impulsadas -según el presidente brasileño- por políticos locales que "traicionan al país en defensa de sus propios intereses". En ese sentido, remarcó que la independencia del Poder Judicial es un pilar innegociable del régimen democrático.
Luego de imponer aranceles al comercio bilateral con ese país sudamericano, ahora el gobierno estadounidense impuso sanciones al juez de la corte suprema que investigó e impulsó el juicio contra el ex mandatario y referente actual de la extrema derecha brasileña. Según un comunicado del Departamento de Estado, el magistrado fue sancionado en el marco de una ley conocida como Global Magnitsky que apunta contra aquellos que hayan cometido violaciones de los derechos humanos o delitos de corrupción en el mundo. De Moraes, sin embargo, no tiene procesos judiciales ni condenas en Brasil y Brasilia defiende el juicio a Bolsonaro como una decisión soberana dentro de su estado de derecho.
"Moraes abusó de su autoridad al participar de un esfuerzo dirigido y políticamente motivado para silenciar a detractores políticos a través de la emisión de órdenes secretas para exigir a las plataformas online, incluídas empresas estadounidenses de redes sociales, que prohiban a individuos el posteo de discursos protegidos. Moraes también abusó su posición al autorizar injustas detenciones preventivas y socavar la libertad de expresión", argumentó la cartera dirigida por Marco Rubio en su comunicado. "Estados Unidos usará de manera apropiada y efectiva todos los medios diplomáticos, políticos y legales para proteger la expresión de los estadounidenses de actos malignos extranjeros que buscan socavarla", agregó.
En paralelo, el Departamento del Tesoro, responsable de ejecutar las sanciones económicas, acusó a De Moraes de haberse "tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas."
Estas sanciones significan que todos los bienes y participaciones comerciales de Moraes que se encuentren bajo jurisdicción legal de Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedarán bloqueados. Esta medida económica se suma a una política que ya había tomado Washington hace dos semanas cuando el Departamento de Estado le revocó la visa al magistrado y sus familiares cercanos.
Lula aún no reaccionó ante esta nueva sanción estadounidense, pero en una entrevista con el diario The New York Times difundida este miércoles sí afirmó que, "en Brasil, la ley es para todos". "Los tres Poderes son independientes. Nuestro país es soberano y se rige por la Constitución", sentenció, como respuesta a la carta de Trump de hace casi un mes, cuando le comunicó a su par brasileño que imponía un arancel comercial extra del 50% al país por estar juzgando al ex presidente Bolsonaro. "Cuando vi la carta de Trump en la que ponía como condición sine qua non frenar el juicio contra Bolsonaro...quizás él no sabía que aquí en Brasil la Justicia es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Aquçi son tres Poderes completamente autónomos", aseguró en diálogo con el diario norteamericano.
Pero Lula no se había quedado sólo en la denuncia verbal. Hace casi dos semanas, en un Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes en el estado de Goiás, anunció que va a cobrar impuestos a las empresas tecnológicas norteamericanas. "Quería decirles que juzgaremos y gravaremos a las empresas digitales estadounidenses. No aceptamos que, en nombre de la libertad de expresión, utilicen (las redes sociales) para agredir, mentir y causar daño", declaró. Un momento bisagra del gobierno de Lula fue su cruzada contra la red social X, de la que es dueño Elon Musk, porque no cumplía con una orden le había impuesto la justicia brasileña.
Poco antes había dicho a la CNN: "Ningún gringo me va a dar órdenes a mi. No. Yo tengo que respetar a mí país, yo soy el que manda en este país". Y, en ese mismo tono, después, defendió el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas estadounidenses. "En Brasil ninguno está encima de la ley. Es preciso proteger a las familias de individuos y organizaciones que usan las redes para promover golpes y fraude, cometer crímenes de racismo, incentivar violencia contras mujeres y atacar la democracia". Y remató: "La defensa de la soberanía también se aplica a las plataformas digitales extranjeras en Brasil. Para operar en nuestro país, todas las empresas nacionales y extranjeras son obligadas a cumplir las reglas".
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