El juez relator Alexandre de Moraes, en su alegato frente al Supremo Tribunal de Justicia (TSF) de Brasil, concluyó que el ex presidente Jair Bolsonaro es culpable del delito de atentado contra el régimen democrático, en el marco de la causa que juzga el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La resolución se da después de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara la condena del ex mandatario por liderar una organización criminal destinada a desconocer el resultado electoral y mantenerse en el poder.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, enfrenta múltiples procesos judiciales vinculados a su accionar antes, durante y después de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Fiscalía sostiene que el ex presidente buscó articular, junto con militares y colaboradores cercanos, un plan para desconocer la victoria de Lula y forzar una ruptura institucional. Por su parte la defensa del ex mandatario negó rotundamente las acusaciones e insistió en que nunca existió un plan golpista ni un ataque directo a las instituciones democráticas.
La decisión del juez relator no es definitiva ya que todavía falta que los demás magistrados del STF emitan su voto en el juicio colegiado. No obstante, su alegato marca un precedente judicial y político de enorme peso.
Las acusaciones de la Fiscalía contra Jair Bolsonaro
En su dictamen, la PGR acusó a Bolsonaro de haber conspirado para mantener el poder mediante mecanismos ajenos a la Constitución, en una trama que incluyó reuniones con militares, presiones a las instituciones electorales y la circulación de un documento conocido como las "actas del golpe". Este borrador, que apareció en poder de un exministro de Justicia, planteaba la intervención del Tribunal Superior Electoral y la continuidad del entonces presidente en el cargo.
Durante su interrogatorio ante el Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro negó haber discutido un golpe de Estado con comandantes militares y aseguró que nunca alentó medidas ilegales. También descartó cualquier responsabilidad en la elaboración del documento, afirmando que solo fue presentado de forma superficial en una reunión y que la propuesta habría sido "descartada rápidamente". La Fiscalía, sin embargo, resaltó las contradicciones entre su versión y la de Mauro Cid, ex ayudante de campo y denunciante clave en el proceso, quien aseguró que Bolsonaro sí sugirió modificaciones al texto.
"Alternativas electorales": la defensa del ex presidente
Bolsonaro defendió su actuación alegando que únicamente alentó para realizar "alternativas constitucionales" tras la derrota electoral, como el voto impreso y otras discusiones legales en el marco de la Justicia Electoral. En su declaración, reiteró que "nunca se habló de golpe, un golpe es algo abominable", y calificó de "locos" a quienes pedían la reedición del Acto Institucional Nº5, una de las leyes más duras que tuvo la dictadura brasileña.
El ex mandatario también pidió disculpas al ministro Alexandre de Moraes por declaraciones pasadas en las que había insinuado corrupción dentro del Tribunal Electoral, reconociendo que no tenía pruebas para sostener esas acusaciones. Pese a su defensa, el dictamen del juez relator lo responsabiliza de atentar contra la democracia.
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