A través de un decreto el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recortó seis ministerios y echó a más de 5.000 funcionarios del Estado de diferentes secretarías y delegaciones del Ejecutivo ecuatoriano y del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS). Así lo confirmó la portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, en una conferencia de prensa este jueves. Las medidas se están haciendo en el marco de las metas planteadas por Noboa, que buscan cumplir con los requisitos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le impuso a su país para cumplir con el préstamo que le dieron el año pasado, el cual asciende a 5.000 millones de dólares, por lo que el mandatario busca con el recorte "reducir el déficit estatal", tal como lo definió la vocera.
Según detalló Jaramillo, la medida tiene como objetivo avanzar hacia un Estado "más eficiente", que permita dar mejores servicios públicos a los ciudadanos. "Las desvinculaciones tienen objetivos que están basados en criterios de eficiencia. El Gobierno nacional se ha planteado como meta tener un Estado eficiente, que realmente brinde servicios públicos para los ciudadanos. Y que sean de calidad", explicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que estas decisiones no responden a motivaciones políticas.
La vocera precisó además que la reestructuración implica una reducción del 41% en el número de carteras de Estado, como resultado de la fusión de varios ministerios. "Este proceso ha sido analizado cuidadosamente por cada institución pública", subrayó Jaramillo, quien insistió en que el recorte no afectará a sectores sensibles como salud, educación y seguridad. "De esta manera, quedan exentos de las desvinculaciones los médicos, profesores, policías, militares y miembros de grupos vulnerables", afirmó.
Noboa y el Fondo Monetario: el sostén de su programa de gobierno
Este ajuste del gasto público se enmarca en las metas económicas a las que el presidente Noboa enfatizó que apuntaría desde el inicio de su mandato, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Uno de los principales compromisos del Ejecutivo ecuatoriano es cumplir con el programa crediticio que firmó en 2024 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 5.000 millones de dólares, que incluye condicionamientos vinculados al ordenamiento de las cuentas estatales.
Los recortes también responden a la necesidad de reorganizar y racionalizar el funcionamiento de la administración pública. Noboa pretende cuidar el equilibrio fiscal, por lo que esta decisión representa una señal de disciplina fiscal ante los organismos internacionales y los mercados financieros, entre ellos el Fondo.
La medida generó distintas reacciones en el ámbito político y sindical del país. Mientras desde el oficialismo respaldan la decisión como una forma de modernizar el Estado y hacerlo más funcional, desde la oposición y las organizaciones sindicales advierten sobre el impacto social que puede tener la pérdida de miles de puestos de trabajo.
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