La abogada salvadoreña Ruth Eleonora López fue detenida el lunes 19 por pedido de la fiscalía de ese país. La noticia de su arresto fue confirmada por la organización no gubernamental vinculada a la iglesia anglicana en la que participa, Cristosal, que denunció durante dos días no tener noticias sobre el paradero de la activista opositora al gobierno de Nayib Bukele. Ya son trece las organizaciones de derechos humanos que se sumaron a los pedidos por su liberación, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).
A López la acusan de malversación de fondos públicos durante su gestión como asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que fue detenido por supuesto enriquecimiento ilícito en febrero de este año. "Exigimos a las autoridades salvadoreñas la liberación inmediata de Ruth López e instamos al gobierno salvadoreño a garantizar su integridad física y su derecho al debido proceso", señalaron las ongs en un comunicado conjunto.
Por qué fue detenida López, la abogada opositora a la administración Bukele
Ruth Eleonora López es una abogada salvadoreña, quién venía trabajando como asesora en el Tribunal Supremo Electoral. Desde allí se convirtió en una de las personalidades de mayor confianza del expresidente del organismo Eugenio Chicas, detenido en febrero de 2025 por enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la causa, López habría colaborado "en la sustracción de fondos de las arcas del Estado", tal como indicó la fiscalía general en su cuenta de X (ex Twitter).
Tras la detención de Chicas, la letrada empezó a trabajar como titular de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una ONG crítica del gobierno de Bukele, que en reiteradas ocasiones lo acusó de "autoritarismo" y lo tildó de "antidemocrático". Además, López estaba trabajando como defensora de los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.
En el comunicado pidiendo por la liberación de López, Cristosal denunció "el aumento del autoritarismo en El Salvador", a medida que el presidente Nayib Bukele "ha socavado las instituciones y el Estado de derecho". Al comunicado suscribió también el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por la Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras oenegés.
Denuncian que durante dos días no se supo el lugar de detención de Ruth López
"Ni su familia ni su equipo legal han logrado confirmar su paradero ni el centro de detención en el que se encuentra recluida", dijo la organización en el comunicado apenas se confirmó su detención. En ese momento, advirtieron que estaban viviendo momentos de "profunda preocupación" sobre "el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos" en el país, en un contexto de "debilitamiento institucional y represión", agregó Cristosal.
Finalmente, transcurridos dos días de su detención, medios salvadoreños afirmaron que estaba alojada en la División de Tránsito Terrestre y que su madre ya había podido visitarla en su lugar de detención.
La oenegé de la que participa López asiste a familias de detenidos en el marco de la "guerra" contra las pandillas lanzada por Bukele en 2022. También elabora una base de datos de los migrantes venezolanos presos desde hace dos meses en una mega cárcel de máxima seguridad salvadoreña, con la ayuda de sus familias.
El Salvador y el contexto de detenciones crecientes en el país
La justicia salvadoreña encarceló desde la semana pasada al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al pastor evangélico José Pérez, después de que se revelara su participación en una protesta de familias campesinas. En febrero, también fue detenido el activista de derechos humanos Fidel Zavala, a quien la fiscalía acusó de integrar pandillas.
La semana pasada nueve organizaciones -entre ellas Amnistía, WOLA Y CEJIL- criticaron un proyecto de ley de "agentes extranjeros" de Bukele, que contempla un impuesto del 30% a las donaciones que reciban las oenegés. Se especula con que esta legislación tenga "fines políticos" contra las organizaciones opositoras al Gobierno.
Cristosal denunció en abril que agentes de la policía ingresaron a su sede durante una conferencia de prensa y "procedieron a grabar y fotografiar las instalaciones", así como "vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes". De acuerdo a lo que explicaron, esta irrupción policial "se inscribe en el actual contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos", afirmaron.