Francia vivió una jornada de huelgas y manifestaciones masivas convocadas por la Intersindical conformada por los ocho principales sindicatos del país en rechazo al plan de ajuste fiscal y recortes presupuestarios anunciados por el anterior gobierno de Emmanuel Macron. Según los organizadores más de un millón de manifestantes (500.000 según el Ministerio del interior) se registraron en todo el territorio francés en 230 ciudades del país incluyendo las principales: París, Lyon, Marsella, Toulouse, Rennes, Burdeos y Nantes, entre otras. Un vasto operativo policial de 80.000 policías y gendarmes fue desplegado en todo el país. La protesta ocurre en un momento de crisis política y social, con el gobierno de Macron sin mayoría parlamentaria estable y tras la caída del primer ministro François Bayrou el 8 de septiembre y después de la jornada del 10 de septiembre llamando a bloquear Francia.
Los sindicatos exigen la retirada del plan de ajuste fiscal, más impuestos a los ricos, mayor gasto en servicios públicos y la anulación de la reforma de pensiones implementada por decreto. La movilización es la más grande desde las protestas contra la reforma de pensiones de hace dos años y refleja el descontento con la política económica y social del gobierno. La huelga afectó especialmente al transporte público (SNCF, RATP), escuelas, colegios y universidades (con cierre de centros de estudio y alta adhesión de docentes), aeropuertos (cancelación de vuelos), y servicios de salud. Si bien las manifestaciones se desarrollaron en un clima festivo y combativo, algunos enfrentamientos esporádicos se produjeron entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades, con detenidos y heridos leves. En Lyon, por ejemplo, dos policías y un periodista resultaron heridos durante los disturbios. Hasta el final de la tarde se contabilizaban 181 detenidos y 10 manifestantes heridos.
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Varios carteles denunciaban la política de ajuste, otros pedían la renuncia de Macron y más dinero para salarios y pensiones en lugar de financiar la producción de armamentos. No faltaron los cánticos contra el genocidio en Gaza y el apoyo a un Estado palestino.
Durante los últimos días, las entrevistas del flamante primer ministro Sébastien Lecornu, ex ministro de Defensa y leal al presidente desde la primera hora, con los partidos de oposición no arrojaron resultados concretos ni acuerdos inmediatos. Lecornu mantuvo reuniones con el Partido Socialista (PS), que le expuso sus condiciones: suspensión de la reforma de pensiones, creación de la "tasa Zucman" (impuesto a los ultra-ricos) y reducción de los recortes presupuestarios. Sin embargo, el primer ministro se mostró "muy vago" sobre sus intenciones y no ofreció respuestas claras, dejando a los líderes opositores sin conclusiones firmes tras los encuentros.
Por otro lado, el partido Los Republicanos (LR) advirtió que no participaría en un gobierno que hiciera concesiones a la izquierda, especialmente en temas como el gasto público y la inmigración. La extrema derecha (Agrupación Nacional) y la izquierda radical (La Francia Insumisa) ya habían manifestado su rechazo frontal a Lecornu, considerándolo un continuador de las políticas de Macron. Hasta ahora no se ha logrado un acuerdo de gobierno ni un apoyo parlamentario estable, y la situación sigue en negociación, con el riesgo de que, si Lecornu no consigue un compromiso, se podría llegar a la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a nuevas elecciones legislativas.
La Francia Insumisa (LFI), liderada por Jean-Luc Mélenchon, decidió no asistir a las reuniones con el nuevo primer ministro. Desde el momento de su nombramiento, LFI calificó la designación como una "triste comedia" y una continuidad de las políticas de Emmanuel Macron, criticando que Lecornu es un fiel aliado del presidente y no representa un cambio real para el país. Además, Mélenchon y su partido han insistido en que el Primer Ministro no tiene legitimidad para gobernar sin un apoyo parlamentario claro, advirtiendo que si Lecornu intenta aprobar un presupuesto de ajuste, presentará mociones de censura en el Parlamento. En realidad Mélenchon propugna la destitución del presidente Macron y el llamado a nuevas elecciones presidenciales anticipadas para lograr una verdadera resolución a la crisis, argumentando que el caos fue generado por él y su política desde 2017.
¿En qué consiste la “tasa Zucman”?
Ideada por el economista Gabriel Zucman, el impuesto consiste en gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros (unos 118 millones de dólares). Esta medida afectaría solo al 0,01% de los contribuyentes franceses, es decir, a aproximadamente 1.800 hogares, y busca aumentar la recaudación fiscal y reducir la desigualdad económica en el país.
El impuesto ha generado un intenso debate político y social: cuenta con un amplio apoyo popular (según las ultimas encuestas, 86% de los franceses lo respaldan), pero enfrenta la oposición de la patronal y de sectores políticos que lo consideran perjudicial para la inversión y la competitividad de Francia. El conjunto de la izquierda acuerda con esta propuesta y con la anulación de las ayudas a las grandes empresas sin contrapartida. En su libro Le Grand Détournement (El gran desvío), Matthieu Aron y Caroline Michel-Aguirre, investigadores del semanario francés Le Nouvel Obs, revelan que cada año se distribuyen 270.000 millones de euros en ayudas a las empresas y ventajas fiscales a los más ricos sin controlar su eficacia. Una política «pro-empresarial» de Emmanuel Macron que ha desestabilizado el modelo social francés.
Las próximas etapas
La intersindical tiene interés en mantener la dinámica generada este 18 de septiembre, tanto en la relación de fuerzas que ella misma busca construir, como en relación con los vínculos que pueda haber con el movimiento "Bloqueemos todo" del 10 de septiembre. Las personas que se movilizaron en esa fecha siguen presentes y probablemente no hayan renunciado a movilizarse en el futuro ya que hay una agitación social manifiesta en este mes de septiembre, a la que se suman los agricultores que se movilizarán el día 26. El premier francés debe preguntarse cómo va a poder gestionar esta situación ya que si respondiera a todas las reivindicaciones, significaría una ruptura con las decisiones que Macron y sus diferentes gobiernos impulsaron desde 2017.
Lo que complica aún más la situación actual, comenta el historiador Stéphane Sirot, es que el movimiento social actual no se ha construido en torno a una única reivindicación, sino prácticamente en torno a una cuestión de modelo de sociedad. En el fondo, ese es el primer éxito, ya que toda una serie de temas (las cuestiones de las desigualdades fiscales, sociales, etc.) se han impuesto en el debate público. La dificultad para el actual poder político fantasma, ya que aún no hay gobierno, es saber cómo abordar un movimiento social de este tipo. Por el momento, lo que impera es el silencio. Hay una especie de actitud expectante, a la espera de ver cómo evolucionan las cosas.
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