Más de 150 empresas hacen negocios en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada que han sido declarados ilegales por el máximo tribunal de las Naciones Unidas, mostró el viernes un informe de la oficina de derechos humanos de la organización.
Israel, que aduce lazos bíblicos e históricos con Cisjordania, impugna la sentencia de 2024 del tribunal de la ONU, argumentando que el territorio palestino no está ocupado en términos jurídicos porque la tierra está en disputa.
La mayor parte de la comunidad internacional comparte el punto de vista de la ONU, y la oficina de derechos humanos dijo que las 158 empresas que operan allí -68 nuevas desde la última actualización de la base de datos en junio de 2023- deben asegurarse de que no están contribuyendo a abusos de derechos.
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"Cuando las empresas identifiquen que han causado o contribuido a causar impactos adversos a los derechos humanos, deben proporcionar o cooperar en la remediación a través de procesos apropiados", dijo el informe.
Siete empresas incluidas anteriormente en la lista fueron retiradas.
La mayoría de las empresas incluidas en la base de datos están domiciliadas en Israel, pero también incluye compañías de Estados Unidos, Canadá, China, Francia y Alemania.
El escrutinio de las operaciones de las empresas en los asentamientos israelíes ha aumentado desde la campaña militar de Israel en Gaza y el incremento simultáneo de las redadas en Cisjordania que, según el Estado judío, están dirigidas contra militantes, pero que también han perjudicado a civiles.
La lista, que se centra principalmente en actividades empresariales relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario, la minería y la explotación de canteras, no es exhaustiva, ya que la Oficina aún debe examinar más de 300 empresas presentadas para su evaluación.
"Este informe subraya la responsabilidad de diligencia debida de las empresas que trabajan en contextos de conflicto para garantizar que sus actividades no contribuyen a la vulneración de los derechos humanos", dijo Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El informe también señala que los Estados deben actuar para garantizar que las empresas no contribuyen a los abusos.
Con información de Reuters
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