El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío inmediato de un equipo de peritos federales a Río de Janeiro para reforzar las investigaciones sobre la mega operación policial que dejó 121 muertos, el martes pasado, en los complejos de favelas de Alemão y Penha. La medida, confirmada por el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski, deja sin efecto a la exclusividad a las autoridades locales al sumar la intervención directa del Gobierno federal.
Lewandowski confirmó, en las últimas horas, que serían enviados más de 20 expertos en necropsias, balística y análisis de ADN. La decisión partió de la reunión extraordinaria de emergencia del Gabinete brasileño que convocó el propio equipo de Lula el jueves 30, mientras el mandatario volvía de una gira diplomática en Asia.
"Acabo de hablar con el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro. El grupo se presentará de inmediato en Río de Janeiro", declaró Lewandowski, quien agregó que podrían ser enviados otros 10 o 20 especialistas más de la Fuerza Nacional, dependiendo de las necesidades locales que sean reveladas.
El envío del contingente pretende acelerar la identificación de las víctimas y el análisis de la escena del crimen, después de los enfrentamientos ocurridos esta semana durante la operación policial en el complejo de favelas de Alemão y Penha, en la zona norte de Río, contra las bandas criminales del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del país carioca.
Cómo fueron los enfrentamientos entre la policía y las bandas criminales
El operativo, considerado el más letal en la historia de Brasil, duró varias horas y fue parte de una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra el Comando Vermelho. La cifra de víctimas generó conmoción nacional e internacional, que alcanzó a ganarse el repudio hasta de Naciones Unidas. Provocó una ola de reclamos por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos que denunciaron ejecuciones extrajudiciales y abusos policiales.
"Estamos horrorizados por la actual operación policial en las favelas de Río de Janeiro", subrayaron desde el organismo internacional. "Esta operación mortal refuerza la tendencia de consecuencias letales extremas de las operaciones policiales en las comunidades marginadas de Brasil". Pidieron también que se hicieran investigaciones "rápidas y efectivas".
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También otras organizaciones civiles, como Human Rights Watch, exigieron una investigación independiente, argumentando que el saldo de muertos resulta "incompatible con una acción policial proporcional". Desde el Congreso, legisladores de la oposición reclamaron la comparecencia del gobernador Castro y del secretario de Seguridad de Río, Víctor Santos, para explicar los procedimientos empleados.
Lula, por su parte, pidió prudencia hasta conocer los resultados de los peritajes federales, pero dejó en claro que el Estado "no puede combatir el crimen reproduciendo la lógica de la violencia".
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